Españoles, estamos en una situación de «urgencia nacional». Así lo ha declarado Núñez Feijóo con motivo del pacto entre PSOE y ERC para otorgar a Cataluña un concierto económico propio como pago por la investidura de Salvador Illa. Por tanto, ante esta situación de premura, el jefe de la oposición ha anunciado que responderá reuniendo a los presidentes autonómicos… en septiembre. Además de lo irrisorio que resulta hablar de urgencia mientras se posterga la respuesta a dicha situación a la vuelta de las vacaciones —¿cuál es la emergencia entonces?—, en realidad el problema radica en que parece que esta es la enésima vez en los últimos seis años que se proclama este estado de excepción frente a la penúltima tropelía de Sánchez. El riesgo de esta estrategia es, por tanto, que llegue un momento en el que la ciudadanía simplemente no lo tome en serio.
Cierto es que no estamos ante un caso de Pedro y el lobo, pues las advertencias que se lanzaban desde el momento en el que el actual presidente del Gobierno llegó al poder mediante una moción de censura apoyada por todos los partidos nacionalistas e independentistas han ido cumpliéndose una a una. Tal vez, por el contrario, lo que ocurre es que desde entonces las cesiones y las polémicas se acumulan de tal manera que el umbral del dolor o del escándalo se va difuminando, de forma que cada nueva barbaridad tapa a la anterior y ya nada parece extraordinario.
Al relator internacional se respondió con la famosa manifestación de Colón, a los indultos se contestó con una nueva movilización en la misma plaza, ante la reforma del Código Penal a la medida de Oriol Junqueras se organizaron nuevas concentraciones, esta vez en Cibeles, mientras Vox presentaba su segunda moción de censura. Finalmente, con la Amnistía estalló todo: manifestaciones cada noche a las puertas de Ferraz y concentraciones multitudinarias convocadas por el principal partido de la oposición que llegaron a reunir a cientos de miles o millones de personas en toda España en numerosas ocasiones. ¿Y de qué ha servido todo esto? ¿Ha caído el Gobierno? ¿Se ha desestabilizado? En absoluto. Si acaso, ha servido para mermar su apoyo en las urnas, como se vio en las elecciones europeas, pero sin lograr que este resultado provocase el deseado adelanto de unos comicios generales.
Precisamente es esta futilidad la que critica Vox, que considera cómplice al PP de lo que ocurre por omisión. Ellos, mientras tanto, se han mostrado muy exitosos en su estrategia de derribar al Gobierno a base de gritar más fuerte y engordar las proclamas. Sí, sí, es cierto, en Vox han hecho cosas tan útiles para acabar con el Ejecutivo sanchista como presentar dos mociones de censura fallidas (una de ellas al objeto de promocionar a su candidato a las elecciones catalanas de 2021). También se han querellado contra Sánchez y sus ministros con notorios resultados. En fin, que por más aspavientos que hagan el efecto ha sido el mismo: ninguno.
Por tanto, ¿qué se puede hacer? Ante la urgencia nacional proclamada es normal que, usados sin éxito todos los recursos anteriormente mencionados, haya quienes pidan dar el siguiente paso. Más concentraciones masivas, sugieren algunos. Una moción de censura, proponen otros. La cuestión de nuevo es que ninguna de estas acciones servirían para echar a Sánchez ni resultan novedosas. Tampoco convocar a los presidentes autonómicos o intentar retratar a las federaciones socialistas en los parlamentos regionales, como ha anunciado el PP que hará, servirá de nada. La realidad, la dura realidad, es que la única cosa que haría caer a este Gobierno sería una moción de censura apoyada a la vez por Junts, el partido de Puigdemont, y Vox. No hay que descartar esta posibilidad, pero hay que asumir que es harto improbable.
«Ni siquiera Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo despiertan la misma pasión e ilusión con sus intervenciones que antes»
El riesgo que se corre entonces es que, ante la noción de que estamos en una urgencia nacional permanente, la gente acabe por acostumbrarse a ello, si no lo han hecho ya. La posición es desde luego difícil, porque mientras una parte de la población pide a la oposición que haga más, otra seguramente esté cansada de ver y escuchar acciones y discursos que, por muy dignos o duros que sean, también son igual de inefectivos. Ni siquiera Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo, grandes puntales del Partido Popular contra el Gobierno, despiertan la misma pasión e ilusión con sus intervenciones que antes. La gente está cansada.
Sin embargo, que no se pueda hacer nada por echar a Sánchez no significa que no se pueda hacer nada por hacerle menos poderoso. La oposición cuenta con el Gobierno de 12 de 17 Comunidades Autónomas con capacidad para legislar en materia de educación, sanidad, cultura, infraestructuras, agricultura, etc., desde las que puede y debe articular una alternativa efectiva a las políticas del ejecutivo nacional. Lo mejor es que ya se ha demostrado que esto es posible, como se ha visto con la propuesta de una EvAU nacional.
Da la sensación de que el Partido Popular no está sacando el máximo partido a su mayor cuota de poder territorial en la historia, teniendo en cuenta que gobiernan para el 66% de los españoles. Bien podría Feijóo constituir —al estilo británico o incluso de la misma forma que hizo Salvador Illa en Cataluña en 2021— un «gobierno en la sombra» o «gobierno alternativo» con sus propios ministrables encargados de coordinar una acción ejecutiva y legislativa constante desde las CCAA e incluso desde las Cortes Generales, donde se ha visto que se pueden aprobar iniciativas legislativas impulsadas desde la oposición. También le sería útil esto a Feijóo para demostrar que hay cantera más allá de la dirección del partido, un equipo preparado para gobernar y reformar España si mañana mismo cae Sánchez, que es algo que legítimamente pueden dudar muchas personas.
En conclusión, ante el agotamiento que sufre la ciudadanía por la imposibilidad de derrocar al sanchismo es el deber de la oposición construir una alternativa mediante el inmenso poder que acumula. Es el momento de construir, de gobernar España por la vía de los hechos, mientras Sánchez está más ocupado en formar mayorías imposibles y salir al paso de la corrupción que le rodea. Abandonados los gobiernos autonómicos por Vox, ahora esta responsabilidad recae únicamente en el PP. De ellos depende, por tanto, evitar la frustración del electorado opositor y, si no ilusionar, al menos sí dar esperanza a millones de españoles.
