El Ministerio de Transportes duplicó en tan solo 38 minutos la compra de mascarillas en una orden fechada del 20 de marzo de 2020. Así consta en la auditoría publicada este viernes por el Ministerio de Transportes a raíz del caso Koldo. Según el informe, el departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos cambió una orden para la compra de cuatro millones de mascarillas por otra que la elevaba a ocho millones en ese periodo de tiempo. En total, según el documento, se pagaron 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación de la supuesta trama de corrupción liderada por Koldo García, exasesor de Ábalos. El documento publicado por Transportes señala que la justificación que se dio para ampliar el pedido fue que “la empresa ofrecía ocho millones o nada”.
Como ha explicado este viernes el ministro actual de Transportes, Óscar Puente —que ha cesado dos altos cargos de su departamento—, la auditoría halla varias “irregularidades”. La más grave se expone de forma muy gráfica en el informe: “Con fecha 20 de marzo de 2020, a las 19:55h, desde el buzón del Gabinete del Ministro se remite al Subsecretario una Orden firmada por el Ministro, por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. El informe prosigue: “Sin embargo, el mismo día 20 de marzo, a las 20.33h, desde el mismo buzón se le remite una nueva Orden firmada por el Ministro que anula la anterior, y en la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas por parte del Ministerio”.
La auditoría, además, ve una “falta de control inicial” de mascarillas en el Ministerio en ese contrato, que se firmó en el peor momento de la pandemia de covid-19. Y destaca “especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor del ministro [tacha el nombre], dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas”. El documento especifica que esas instrucciones deberían haber estado reservadas, en todo caso, al órgano de contratación. “De hecho, llevó mascarillas (25.000) al ministerio, que custodió y posteriormente retiró, sin que quedara constancia alguna más allá del conocimiento oficioso por parte de la Oficialía Mayor y del entonces Director General de Organización e Inspección”.
El ente Puertos del Estado fue habilitado para hacerse con ocho millones de mascarillas en los primeros días del estado de alarma motivado por la pandemia, activado el 14 de marzo de ese 2020. El lote de esos ocho millones de mascarillas se compró a través de la orden ministerial firmada por Ábalos el 20 de marzo, y al amparo del levantamiento de buena parte de los filtros que rigen la contratación pública por una cuestión de emergencia. “La oferta de la empresa adjudicataria es aceptada por el órgano de contratación sin que parezca que exista mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)”, indica el informe.
Detrás de la empresa Soluciones de Gestión se encontraban presuntamente los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, y fue utilizada, creen los investigadores. Los empresarios habrían pagado comisiones al exasesor del entonces ministro Ábalos, que “facilitaba” la información sobre las concesiones. La auditoría indica que existió “influencia ejercida por personas ajenas a procedimientos reglados”. En su comparecencia, Puente ha detallado que entre esas “personas ajenas” está Aldama pero no García, ya que el exasesor de Ábalos “formaba parte de la plantilla”, al estar contratado por el Ministerio.
La auditoría —cuyo contenido ha anticipado el ministro Puente en el Senado y se ha dado a conocer más tarde en su totalidad por el Ministerio que dirige—, fue encargada por el propio ministro a finales de febrero para conocer los detalles que rodearon a las contrataciones con fondos públicos tras hacerse pública la investigación del caso Koldo. A raíz del escándalo, el PSOE pidió a Ábalos que renunciara a su acta de diputado por su culpa in vigilando respecto de su exasesor. Pero el exministro se aferró al acta y pasó al Grupo Mixto. Tras su negativa, el Partido Socialista inició un expediente disciplinario para expulsarlo del partido y suspenderle de militancia. “Yo no he destruido pruebas, no he destruido ordenadores con ningún martillo, yo no he dado ninguna instrucción para que nadie oculte ni esconda nada”, ha dicho Puente sobre las revelaciones del informe y en referencia velada al Partido Popular.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
