El piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa en el epicentro de la polémica. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este lunes que va a seguir adelante con el procedimiento iniciado tras la inspección la semana pasada a las obras sin permiso que realizó la pareja de la presidenta en 2022 y 2023. Una inspectora del distrito de Chamberí, que visitó la vivienda el lunes pasado, confirmó la irregularidad de la reforma y sus compañeros técnicos continuaron con el proceso, según documentos a los que tuvo acceso Más Madrid y que han sido vistos por EL PAÍS. Almeida ha asegurado esta mañana, a preguntas de periodistas, que la visita es una prueba de que el Ayuntamiento trata a todos los madrileños por igual. Pocos minutos antes, la presidenta madrileña había concluido una entrevista en Telecinco en la que, de nuevo, se ha presentado como víctima de una persecución política. Sin embargo, no ha sido preguntada sobre la inspección ni tampoco ella ha hecho comentarios al respecto.
Tres horas después de la intervención del alcalde, a las 13.15, el coordinador del distrito de Chamberí ha firmado una “orden de legalización” por la que da dos meses a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, para obtener la licencia. Ese documento, sin firma alguna, había sido subido el viernes a la plataforma que usan los técnicos de urbanismo, pero desapareció horas después, según Más Madrid, que vio en este incidente un indicio de manipulación.
Almeida ha dicho en su comparecencia con preguntas que “alargar una polémica de forma artificial revela la falta de argumentos de la oposición”. El alcalde ha criticado la polémica abierta por Más Madrid y ha asegurado que los procedimientos van a continuar. “Nosotros no tratamos a los ciudadanos de manera diferente”, ha añadido. “Lo único que digo es que el procedimiento va a seguir adelante. Se va a concluir. Sin dar datos, obviamente”, ha concluido el alcalde.
La visita de la inspectora se produjo el lunes pasado, entre las 12.00 y las 13.00. La supervisora municipal confirmó que las obras que comunicó la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, habían concluido a pesar de dos órdenes de cese del Ayuntamiento. Verificó que la reforma había consistido en un acondicionamiento parcial (que afecta a un único inmueble y que consiste en la redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones de eléctricas) y obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos.
Tras levantar acta, sus compañeros emitieron un informe técnico en el que proponían la intervención del departamento de Disciplina Urbanística. Esta sección municipal, encargada de las sanciones, elaboró un escrito en el que se daba dos meses a González Amador para obtener la licencia que nunca tuvo o, de lo contrario, se le impondrían hasta tres multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, “reiteradas por cuantos períodos sean suficientes para cumplir lo ordenado que en ningún caso será inferior a 15 días”. Todo ello según la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.
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Además, el documento añadía que esto no impedía la imposición de una sanción de las previstas en la Ley autonómica de Suelo. En este caso, la realización de obras sin título habilitante encajaría en el 204.4 de esa norma como infracción leve castigada con multas de entre 600 y 30.000 euros. Sin embargo, este último documento sancionador desapareció de la plataforma.
“Esto confirma que las obras se hicieron sin ningún título habilitante. Estas obras son ilegales”, ha asegurado esta mañana la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. “Esto demuestra también que los ciudadanos siguen confiando en Más Madrid. Nos ha llegado esta información y la compartimos”.
“Todo lo relacionado con el piso donde vive Ayuso está envuelto en una serie de ‘casualidades’ en torno al comportamiento del Ayuntamiento”, ha dicho la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, en una comparecencia ante los medios. “En esta ciudad se tiene que cumplir para todos los ciudadanos, se llamen como se llamen y convivan con quien convivan”.
González Amador compró la casa, de 183 metros cuadrados, en junio de 2022, un año después de cometer un presunto delito de fraude fiscal de 350.951 euros. Según el catastro, la vivienda tiene un valor de referencia catastral estimado en 809.222 euros. El inmueble cuenta con un vestíbulo, un distribuidor para el comedor, un despacho, una cocina, un aseo y un dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio.
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