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Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC. Otra cosa será el frente judicial que con toda probabilidad abrirán los propietarios de las 9.600 licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur.
El alcalde Jaume Collboni ha señalado, en una sala de prensa llena, con una treintena de altos cargos y asesores de su Gobierno, que se trata de dos actuaciones “de carácter estructural que afrontan el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda” y sobre todo para los más jóvenes. Collboni ha advertido de que las políticas de vivienda “nunca tienen resultados de forma inmediata”, pero ha tachado las medidas de “punto de inflexión”, convencido de que “abrirán un debate político y social en la ciudad”. Hasta ahora, el alcalde había hablado de reducir “significativamente” la cifra de pisos turísticos, y hacerlo en los barrios más tensionados: el anuncio de este viernes es un salto a la totalidad de la oferta.
El decreto de la Generalitat, paraguas para eliminar los pisos turísticos
El anuncio sobre los pisos turísticos responde al decreto de la Generalitat que emplaza a los Ayuntamientos catalanes a redactar, en el plazo de cinco años (desde diciembre de 2023), un plan urbanístico que fije cuántos pisos turísticos acepta tener. En Barcelona no se admiten más licencias desde 2014, cuando la oferta se congeló en 9.600, aunque hay algunos centenares solicitados posteriormente, en momentos de vacío legal, que están pendientes de procesos judiciales que deben determinar si obtienen licencia. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado que la ciudad ganará “el equivalente a fabricar 10.000 pisos” de uso residencial. Y sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de pisos turísticos que perderán su licencia, ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo hasta la extinción de los permisos de actividad actúen como indemnización. Ni Bonet ni Collboni han citado que el decreto también prevé que un los propietarios de licencias han invertido en mejorar los pisos recientemente puedan pedir una prórroga de cinco años más, a partir de 2028, lo que pospondría algunos cierres a diez años vista.
Sobre los calendarios, la teniente de alcalde ha explicado el escenario que se abre ahora. El horizonte de extinción de las licencias es el mes de noviembre de 2028. En medio, se actualizará el Plan de Alojamientos Urbanísticos (PEUAT) y “en la revisión se eliminará la categoría de pisos turísticos”. Es decir, la fórmula en Barcelona no pasa por establecer cuántos permite la ciudad, sino extinguir las licencias. Todas: las de apartamentos turísticos que conviven en fincas de vecinos, pero también las de pisos turísticos que están concentrados en edificios que solo tienen este uso.
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La patronal Apartur ha reaccionado airada al anuncio del gobierno socialista. En un comunicado ha asegurado que los pisos turísticos representan solo el 0,77 del total de la vivienda de la ciudad y que su eliminación “no resolverá el problema de la vivienda, y además provocará un efecto llamada a la proliferación de oferta ilegal”. El presidente de la asociación, Enrique Alcántara asegura que los pisos turísticos representan el 40% del alojamiento de la ciudad: “Con su desaparición se perderá la totalidad del turismo familiar, principal cliente de estos alojamientos. ¿Cuántas tiendas, restaurantes, museos tendrán que cerrar?”, ha dicho y ha precisado que las casi 10.000 licencias dan empleo a 5.000 personas.
Respuesta al sector inmobiliario por sus quejas sobre el 30%
En en el caso de la obligación de destinar un 30% de sus promociones a vivienda protegida, el Consistorio busca que “funcione”, porque hasta ahora ha provocado duras críticas del sector inmobiliario y ha generado pocos pisos. “Es una medida que avalamos en su momento, pero no ha conseguido su objetivo”, ha justificado el alcalde. La actual norma urbanística obliga a los promotores que hacen obra nueva o grandes rehabilitaciones en edificios con más de 600 metros cuadrados a que destinen un 30% de las viviendas a alquiler social. Lo que busca esta receta es trufar de vivienda social todos los barrios de la ciudad, y no concentrarla en los nuevos barrios de la periferia. La modificación presentada por Collboni pasa por permitir agrupar las reservas pisos protegidos en un solo edificio (en el mismo barrio) y no imponer que en una misma escalera convivan viviendas de precio de mercado y asequible. También indulta del 30% a las rehabilitaciones (solo deberán cumplir la reserva si solo se preserva la fachada de un edificio y el resto se hace nuevo). Y abre la posibilidad de que un “operador sin ánimo de lucro” sea quien construya los pisos sociales.
Los cambios materializan el documento de recomendaciones que los expertos capitaneados por Carme Trilla presentaron a finales del año pasado al consistorio y responde en buena parte a las demandas del sector inmobiliario. Técnicamente, los cambios en el 30% pasan por aprobar una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), el abecé del urbanismo en la ciudad. La idea es iniciar su tramitación este mismo año.
Críticas de la oposición
Las críticas de la oposición no han tardado en llegar. Quien fue la responsable de urbanismo en los dos mandatos de los comunes, Janet Sanz, ha tachado de “cortina de humo el anuncio, para tapar crisis como la de la F1 [la exhibición de monoplazas de esta semana en el paseo de Gràcia] o Louis Vuitton [patrocinador de la Copa del América, que pidió cerrar el Park Güell para rodar un anuncio]”. Sanz ha celebrado la extinción de licencias, pero ha advertido de que “no es ningún anuncio, el alcalde está obligado a hacerlo, porque Barcelona ya es un área tensionada”, como prevé la norma de la Generalitat. El decreto, con todo, permite una ratio de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, lo que en el caso de Barcelona permitiría crecer hasta 170.000 apartamentos para turistas (porque la cifra de población es de 1,7 millones). Sanz también ha considerado que cinco años es mucho tiempo vista la crisis habitacional en la ciudad. Sobre el 30%, los comunes entienden que “este alcalde siempre baila al ritmo que marcan los grupos de presión”.
Desde Junts per Catalunya, el concejal Damià Calvet, ha aplaudido la flexibilización del 30% pero ha advertido de que su partido presentará alegaciones en el sentido de incrementar las facilidades para los promotores: “En cuestiones como las superficies mínimas, estudiar bien las zonas donde se pueden agrupar las reservas o la posibilidad de monetizar la reserva [que los promotores paguen al Ayuntamiento para que sea la administración quien construye]”. “Nosotros defendemos medidas útiles y no ideológicas”, ha dicho recordando que el PSC apoyó el 30% y el Peuat cuando gobernaba en coalición con Colau. Respecto a los pisos turísticos, Calvet ha asegurado que la mitad de los casi 10.000 que tienen licencia “no operan”, por lo que la cifra que se recuperaría de viviendas de uso residencial sería, a su juicio, menor. Y ha recordado que los propietarios de las licencias pueden pedir cinco años más de prórroga de su actividad a partir de 2028.
El grupo municipal de ERC, que si su militancia no se hubiese rebelado la semana pasada probablemente este viernes estaría gobernando con Collboni, ha respondido a su anuncio con un mensaje de Elisenda Alamany en las redes sociales. “Barcelona necesita ambición y respuestas urgentes en materia de vivienda, lo entendió el Govern de ERC y el decreto de pisos turísticos que permite medidas como las que hoy anuncia el Ayuntamiento”.
El Sindicato de Inquilinas también ha reaccionado al anuncio. “Aparentemente responde a las demandas vecinales de poner freno al turismo, pero no tendrá ningún efecto práctico hasta dentro de cuatro años y medio”, ha alertado la organización en un comunicado, advirtiendo de que hasta entonces podría haber cambios legislativos o en la alcaldía. El Sindicato ha recordado también que el PSC votó en contra del decreto con el que el Govern pretendía regular los alquileres de temporada, que en parte actúan como pisos turísticos.
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