El Departamento de Educación está trabajando en una nueva normativa para regular la Formación Profesional privada a distancia, con la mirada puesta en poner coto a la proliferación descontrolada de esta oferta en los últimos años. La idea de la Generalitat es recuperar la orden aprobada en 2021 con esta intención, pero que el año pasado fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) por un defecto de forma. “La nueva normativa irá en la línea de la anterior y también de la Ley Orgánica de la FP, y regulará aspectos como la ratio de alumnos por profesor”, explican desde Educación.
La modalidad a distancia de la FP nace en 2006 con la creación del Institut Obert de Catalunya (IOC). Pero esta era una oferta pública. La privada no ve la luz hasta la aprobación de la orden ENS/71/2012, de 8 de marzo, de la mano de Irene Rigau. Se trata de una breve normativa, de cuatro artículos, que establece que los centros privados solo pueden impartir en modo a distancia aquellos estudios que tienen autorizados ya en modo presencial. Asimismo, fija la ratio en 90 alumnos por profesor y que los exámenes finales deben hacerse presencialmente en el centro o en un espacio autorizado.
Desde entonces, el crecimiento de la FP privada a distancia ha sido estratosférico: de cero alumnos hace una década ha llegado a los 66.270 del curso 2022-23, según datos del Departamento de Educación. Y triplica las cifras de la privada presencial, con 22.825 alumnos. El sector online ya supone el 30% de todos los alumnos de FP (218.000 ese mismo curso). Cataluña es la comunidad líder indiscutible en la FP privada a distancia. A nivel estatal, este sector registró 117.912 alumnos, según datos del Ministerio de Educación. De estos, el 56% se concentran en Cataluña (con esos 66.270 alumnos), muy por delante de las otras comunidades con más alumnos, como Madrid (29.175) o Andalucía (11.419).
“Esta modalidad ha proliferado tanto en Cataluña porque empezó antes y porque la privada tiene la capacidad de reacción más rápida para crear oferta; un instituto público puede tardar en crearse de cuatro a cinco años”, apunta Jesús Martín, miembro de la UGT en el Consejo Catalán de la FP. “También porque hay un mayor reconocimiento de la FP, el impuso de la educación online con la pandemia o una mayor orientación a los alumnos”, añade Mireia Nilo, directora académica de IFP, el centro de Planeta Formación y Universidades, que tampoco niega el trasvase de alumnos de la pública por la falta de plazas en esta red y por el caos en el calendario de matriculación.
Pero el crecimiento de la privada es visto con reticencias desde muchos sectores, que ponen en duda la supervisión y controles que se realizan. Una de las voces más críticas es Joan Lluís Espinós, creador del IOC e inspector de FP durante la etapa del Gobierno de Artur Mas. “Rigau abrió la puerta a la FP privada online, pero sin regularla. Y empezó el festín. Yo entonces era inspector, visitaba los centros y veía que la cosa no funcionaba. Hacían barbaridades”. En detalle, Espinós abunda que algunos centros con alumnos de otras comunidades o extranjeros “abrían en una ciudad un centro sin autorización y le daban el título al alumno sin ningún tipo de control ni supervisión. Y los exámenes se hacían en hoteles. No había garantías de que se hicieran bien”. Con todo, Espinós destaca que hay centros privados” con vocación de servicio público que intentan hacer bien las cosas”, pero hay otros “que ven la FP como un negocio”.
En esta línea también se expresan sindicatos o centros públicos. “El principal objetivo de algunos centros es lucrarse económicamente, no quieren mejorar el sistema educativo, por eso solo ofrecen los títulos más demandados por los alumnos, sin pensar si después tienen salida en el mercado. Y por eso aparecen los fondos de inversión”, apunta Martín.
Espinós, cuando es nombrado director general de FP en 2018 de la mano de Josep Bargalló, impulsó una normativa para regular este negocio: la orden EDU/193/2021, de 13 de octubre. En la exposición de motivos, la orden deja claro “la necesidad de actualizar” la organización de la FP privada a distancia “con tal de garantizar la calidad”, debido al “notable desarrollo de esta oferta” y “las implicaciones derivadas del número de alumnos” de los últimos años.
Una de las principales aportaciones de la normativa es la limitación de los grupos virtuales en algunas titulaciones. Donde el coto era mayor era en las ramas de Salud, Imagen persona, Guía en medio natural, Actividades deportivas y en Transportes y mantenimiento de vehículos, donde por cada grupo presencial autorizado el centro solo podía abrir un máximo de tres a distancia. En el resto el límite llega hasta siete online por cada presencial e incluso en algunas titulaciones -las más administrativas- no se pone ningún coto.
Asimismo, establece que los módulos que por su naturaleza son presenciales, como las prácticas así como los exámenes finales deben hacerse en centros ubicados en Cataluña, y que para realizarlos en otras comunidades se necesita una autorización previa del Departamento de Educación. Además, exige que el centro cuente con un plan docente que incluya la planificación de las prácticas presenciales.
La orden también fija las ratios en 30 alumnos por profesor en la presencial y 90 en la virtual. Y sobre el profesorado, establece que el centro debe contar con suficientes docentes, “con una vinculación lícita” a nivel laboral y que cuenten con la titulación adecuada para impartir las enseñanzas. De esta forma se quería evitar malas prácticas a la hora de contratar los profesores o que estos tuvieran una sobrecarga de horas lectivas.
Pero la normativa tuvo poco recorrido, ya que fue anulada en octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, la sala de lo contencioso-administrativo estimó el recurso de Ilerna de dejar sin efecto la orden porque no se habían cumplido ciertos pasos preceptivos en su tramitación, como no realizar una consulta pública previa.
No obstante, el nuevo Govern quiere volver a ponerse las pilas y retomar la regulación, que en esta ocasión tendrá forma de decreto, lo que permitirá darle más seguridad jurídica, aunque la normativa no será inmediata y el departamento espera tenerla lista durante esta legislatura. Educación explica que el redactado del decreto será muy parecido al de la norma suspendida, pero la voluntad, la misma: “Corregir y mejorar la FP privada online”. Para lograrlo, el departamento también busca otras opciones, como potenciar la FP semipresencial, actualmente muy minoritaria (500 alumnos el curso pasado).
