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España atraviesa un momento de profunda incertidumbre institucional. A lo largo de su democracia reciente, uno de los pilares fundamentales que han sostenido la estabilidad del país ha sido el Estado de derecho, entendido como el sometimiento de todos —ciudadanos, administraciones y gobernantes— a las mismas normas objetivas, previsibles y generales. Sin embargo, en el presente momento político, una serie de reformas legislativas amenazan con erosionar gravemente ese principio esencial. Analizamos aquí cuatro frentes particularmente inquietantes: la reforma de la Función Pública, la cesión del control de los funcionarios locales a comunidades autónomas, el posible concierto fiscal para Cataluña, y la llamada ‘Ley Bolaños’ sobre acceso a la función pública.
1. La Reforma de la Función Pública: hacia el clientelismo administrativo
Una de las amenazas más graves al principio de mérito y capacidad —consagrado en el artículo 103 de la Constitución Española— es la propuesta de reforma de la Función Pública que plantea sustituir o relegar el sistema de oposiciones como vía principal de acceso a la Administración.
Cuestionamiento de las oposiciones tradicionales: la ley discute la posibilidad de modificar el sistema de oposiciones como medio principal para ingresar a la función pública. Se plantea un sistema de entrada único que podría eliminar los cuerpos especiales existentes, lo que implica una administración más homogénea pero también más vulnerable a prácticas clientelistas.
“Debilitar los sistemas de control, fragmentar la unidad administrativa, permitir privilegios fiscales asimétricos y romper con la cultura de mérito, objetividad, transparencia y capacidad es caminar hacia una regresión institucional de consecuencias imprevisibles”
Eliminación de cuerpos especiales: la supresión o unificación de cuerpos especiales , con abogados del Estado, inspectores de Hacienda, diplomáticos, inspectores de Trabajo, interventores generales del Estado, técnicos comerciales y economistas del Estado… puede debilitar la especialización y profesionalización de ciertos sectores de la administración pública, afectando la calidad y eficiencia del servicio.
Sistema de formación y selección opaco: la propuesta incluye la creación de una escuela para la formación de funcionarios donde no se garantiza la objetividad, transparencia ni la meritocracia que caracterizan a las oposiciones. Esto abre la puerta a la discrecionalidad y a la influencia política en la selección de personal.
Riesgo de clientelismo: al centralizar y suavizar los procesos de acceso, se teme que la función pública se convierta en un espacio más permeable a intereses políticos y menos a criterios de mérito, objetividad, transparencia y capacidad.
El riesgo es claro: un sistema clientelar que minaría la profesionalidad y la neutralidad de la administración pública. El ciudadano tendrá a su servicio una Administración mediocre y politizada. Sorprende que, después de más de 100 años, se cuestionen muchos Cuerpos Superiores de la Administración del Estado, demostrada su valía sobre todo en estos últimos 50 años.
2. La cesión de los cuerpos de la Administración Local: ruptura de la unidad
La segunda amenaza es el proyecto de transferencia a la Generalitat de Cataluña del control sobre los cuerpos de habilitación nacional, concretamente los interventores, secretarios e interventores-tesoreros de la administración local. Estos funcionarios son clave para garantizar la legalidad de la actuación económica y administrativa en ayuntamientos y diputaciones de toda España, y han sido tradicionalmente seleccionados por un sistema nacional común, con destino en cualquier parte del territorio.
La posibilidad de ceder esta competencia a Cataluña, abriendo así la puerta a que País Vasco, Navarra o incluso otras comunidades reclamen lo mismo, supone una quiebra del principio de unidad de la Administración del Estado. En la práctica, se perdería la garantía de imparcialidad e independencia que ofrecen estos cuerpos comunes, y se abriría la vía a una “balkanización administrativa” incompatible con la igualdad entre españoles y con la cohesión del país.
Quiebra de la unidad administrativa: desde hace más de 200 años, la gestión de estos cuerpos ha sido competencia del Estado, garantizando la unidad y coherencia en la administración local en todo el territorio nacional. La cesión a Cataluña rompe esta unidad y abre la puerta a que otras regiones, como el País Vasco, reclamen competencias similares.
Riesgo de politización y pérdida de imparcialidad: la gestión autonómica de estos funcionarios puede estar sujeta a influencias políticas territoriales, debilitando la independencia y objetividad que deben caracterizar a estos cargos, especialmente en funciones de control económico y jurídico.
Protestas y rechazo social: esta cesión ha generado protestas públicas en varias ciudades y ha sido calificada por sindicatos y asociaciones profesionales como un desmantelamiento del Estado y una cesión inconstitucional de competencias.
Estos cuerpos hayan sido frecuentemente incómodos para quienes desean utilizar las instituciones locales con fines partidistas o clientelares. Su debilitamiento supondría una pérdida irreparable para los controles democráticos de legalidad y eficiencia en el ámbito más cercano al ciudadano: el municipal.
3. El concierto catalán: una bomba fiscal y política
La tercera gran amenaza es la posible concesión de un concierto fiscal a Cataluña, similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Esta propuesta, impulsada por sectores del independentismo y aceptada tácitamente por el Gobierno central en sus pactos de investidura del Gobierno catalán, tendría consecuencias demoledoras para la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica y para el propio concepto de solidaridad interterritorial.
En primer lugar, el coste fiscal de un concierto con Cataluña sería insostenible: su economía representa alrededor del 20% del PIB nacional. Si Cataluña recaudase y gestionase todos sus impuestos, contribuyendo sólo con un “cupo” negociado al Estado, se produciría un grave desequilibrio en la financiación de los servicios públicos en el resto de Comunidades Autónomas. Además, desde hace años el “cupo basco y navarro” es negativo (en su conjunto, cupo, IVA y Seguridad Social). Por lo que las posibilidades de que el “cupo catalán” además de insolidario fuera negativo es muy alta. En el año 2022, la financiación pública por habitante fue de media en España, excluidos el País Vasco y Navarra, fue de 3.399 euros por habitante. Esa misma financiación en los territorios forales fue de 6.613 euros en el País vasco y de 5.879 euros en Navarra.
En segundo lugar, esta singularidad sería vista como un privilegio inaceptable por parte de otras comunidades, lo que generaría una cascada de reclamaciones similares. El sistema común, ya tensionado, colapsaría.
Y, en tercer lugar, la concesión de este trato singular consagraría la idea de que determinadas regiones pueden negociar su pertenencia al Estado como si fueran estados soberanos. Se estaría socavando, en definitiva, el principio de igualdad y la idea misma de una nación común.
4. La ‘Ley Bolaños’: acceso opaco a la administración y más “clientelismo” y eliminación de casos de corrupción
Finalmente, otro frente que genera honda preocupación es el conjunto de iniciativas legislativas conocidas como la ‘Ley Bolaños’, en referencia al ministro de Presidencia, que buscan suavizar los requisitos para acceder a la Magistratura.
La propuesta contempla el acceso a puestos de responsabilidad en la administración judicial sin necesidad de ser funcionario de carrera, lo que permitiría una mayor presencia de “cargos de confianza” o “comisarios políticos” en áreas técnicas que hasta ahora requerían neutralidad profesional. Aunque se justifica en nombre de la eficiencia o de atraer talento externo, en la práctica supone un debilitamiento claro del principio de neutralidad institucional.
El famoso “cuarto turno” ha sido en muchas ocasiones gran fracaso.
La ley introduce un nuevo “cuarto turno” de acceso que permite la entrada a jueces y fiscales sin pasar por el sistema tradicional de oposición, basándose en méritos profesionales y experiencia, más laxos que el ya existente “cuarto turno” lo que puede debilitar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Su “flexibilización” adicional es una auténtica barbaridad.
Reconocimiento automático de antigüedad: se contempla reconocer automáticamente cinco años de servicios prestados a quienes ingresen por este nuevo turno, lo que ha sido criticado como una “antigüedad ficticia”.
Además, se favorece la consolidación de interinos y contratados sin oposición, y se abre la puerta a procesos selectivos más opacos, con una menor fiscalización judicial y técnica. Todo ello configura un panorama preocupante, en el que la administración se aleja de la ciudadanía y se aproxima peligrosamente al control partidista.
Rechazo de asociaciones judiciales: la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su rechazo, advirtiendo que esta reforma genera inseguridad jurídica y abre la puerta a incorporaciones arbitrarias y discrecionales.
Movilizaciones y huelgas: la oposición a esta ley ha llevado a convocatorias de huelgas y protestas en el ámbito judicial, reflejando la gravedad de las preocupaciones sobre la independencia y calidad del sistema judicial.
Esta reforma puede afectar la confianza en la justicia y la garantía de un acceso justo y transparente a la carrera judicial.
Finalmente el traspaso de las investigaciones penales de Jueces a Fiscales, asunto que sucede en muchos países de nuestro entorno, en el caso español es un claro y lamentable intento de “silenciar” muchos dem los casos que este momento acosan es este Gobierno. Al carecer hoy por hoy la Fiscalía General del Estado de una auténtica independencia.
Conclusión: el riesgo de una regresión institucional
Estos cuatro vectores de cambio legislativo son fenómenos claros de un acoso y derribo del Estado tal y como lo conocemos hoy, fruto del consenso de la Constitución del 78. Todos responden, en mayor o menor medida, a una concepción de la administración como instrumento del poder político, lejos de ser garantía de legalidad, equidad y servicio público.
España ha construido en las últimas décadas un Estado Social Democrático de Derecho basado en normas objetivas, cuerpos técnicos independientes y una administración profesional. Es esa arquitectura la que ha permitido la estabilidad política y el progreso económico, incluso en tiempos difíciles. Tocar sus fundamentos sin consenso, sin reflexión y sin garantía de neutralidad es una auténtica regresión: es una demolición.
La defensa del Estado de derecho es una consigna urgente y necesaria. Es la única garantía de que todos —catalanes y andaluces, votantes de un color u otro— estemos protegidos por un sistema justo, común y previsible. Debemos evitar que se erosione en nombre de la coyuntura, la conveniencia o el cálculo partidista. La historia enseña que las democracias rara vez caen de un golpe, sino que se desgastan lentamente. Y siempre comienza con la politización de las instituciones.
Finalmemente estas nuevas propuestas normativas están siendo tramitadas muchas de ellas a espaldas del Parlamento o con un muy insuficiente debate público y sin los controles adecuados (informes del Consejo de Estado, Comisiones Parlamentarias, debate públicos…).
Debilitar los sistemas de control, fragmentar la unidad administrativa, permitir privilegios fiscales asimétricos y romper con la cultura de mérito, objetividad, transparencia y capacidad es caminar hacia una regresión institucional de consecuencias imprevisibles. Es abrir la puerta al clientelismo y la pérdida de meritocracia. Con unos servicios públicos mediocres y partidistas.
