El Cercle d’Economia ha presentado este jueves una nueva nota de opinión en la que los miembros de la asociación que reúne expertos y líderes empresariales reflexiona sobre la reforma del sistema de financiación de las CC AA que está sobre la mesa. El documento contiene varias ideas de cara a un posible cambio, acelerado por el pacto entre Esquerra Republicana y los socialistas catalanes para la investidura de Salvador Illa, como por ejemplo que se aborde de manera rigurosa el efecto de capitalidad del que disfruta Madrid y la obligación de solidaridad excepcional al sistema que deriva de esa situación. La asociación, con sede en Barcelona, recomienda que sea un grupo de expertos independientes y de gran prestigio el que calcule temas clave como, por ejemplo, la factura de los servicios que presta la Administración central en Cataluña o del mínimo estándar de calidad de los servicios públicos para después establecer el mecanismo de solidaridad interterritorial.
“La reforma del sistema de financiación también tendría que servir para reconocer la responsabilidad de Madrid como capital de España y los beneficios que obtiene por la concentración de actividad económica que genera el modelo institucional actual”, dice la nota. Jaume Guardiola, presidente del Cercle, ha asegurado en una rueda de prensa que ese debate no se debe leer como una confrontación territorial pero que sí es necesario abordar la “estabilización autonómica” de la economía madrileña, derivada del gran porcentaje de funcionarios que viven en esa comunidad, con retribuciones más estables que las del mundo privado y con puestos de trabajos más protegidos en caso de crisis. “Lo que no tiene lógica es que se usen esas ventajas para trasladarlas a una oferta fiscal que lo que hace es un efecto aspiradora”, ha remarcado el exconsejero delegado del Banco Sabadell, recordando el contenido de los informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
El influyente altavoz de la clase empresarial catalana, que lleva años abogando por la actualización del sistema de financiación, considera que una vez más la negociación específica de Cataluña “actúa como motor de cambio para el conjunto de España”. De ahí que Miquel Nadal, director general de la entidad, enfatizara tres ideas. La primera es que el nuevo sistema pactado para Cataluña no es una copia de sistemas forales. “No es el sistema del cupo vasco”, ha insistido, señalando que la diferencia es que la propuesta que se debate ahora “refuerza los mecanismos de solidaridad”. “En el caso del vasco, el cupo [con que se paga al Estado por los servicios prestados] no es claro y la participación en los mecanismos de solidaridad es limitada”, ha apostillado.
La segunda es que el nuevo sistema no implicaría que el Estado desaparezca de Cataluña. El Cercle considera que el Gobierno central, de hecho, mantiene gran parte de la capacidad normativa y tributaria, lo que implica que se tengan que mejorar los mecanismos de colaboración y cooperación entre ambas Administraciones. Guardiola no ha querido entrar en la necesidad o no de crear el Consorcio Tributario fijado en el Estatut -que ERC rechaza incluso como punto intermedio-, pero el director general sí cree que es necesario fortalecer la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para poder tirar adelante el cambio del modelo. Ahí ubica la necesidad de que miembros de la Agencia Tributaria tengan asiento en la ATC, de cada a engrasar la cooperación; que existan mecanismos de liquidación automáticos para evitar discrecionalidad y un protocolo de uso compartido de datos para mejorar la lucha contra el fraude y una mejor gestión tributaria.
Finalmente, la entidad sí cree que el modelo singular que aspira Cataluña “deja la puerta abierta a otras CC AA”, pero también advierte que son pocas las que tienen una Agencia Tributaria en condiciones. De hecho, recuerda, la catalana solo tiene 1.000 trabajadores, que contrastan con los 4.000 que tiene la Agencia Estatal solo en Cataluña. Teresa García, vicepresidenta del Cercle, cree que no hay que hay cierta obsesión en quién recauda cuando el foco debería estar en la claridad y la transparencia sobre las transferencias y el dinero que le corresponde a cada Administración. La también doctora en Economía por la University of Minnesota ve así posibilidades para un sistema mixto, donde algunos territorios opere una agencia tributaria propia y en otros la estatal.
Tras casi cincuenta años de democracia, dice la nota, las instituciones del Estado tienen suficiente madurez para tener más autonomía. Que una CC AA opte por tener su agencia tributaria le “obligaría a planificar adecuadamente su tesorería, con las ventajas y riesgos que esto comporta. Alternativamente, podrían mantenerse en el régimen actual, en el que el Estado les adelanta un anticipo, y al cabo de dos años se liquida de acuerdo con la evolución final de la recaudación”, apunta el texto. Tanto Nadal como García han remarcado también en la necesidad de simplificar los cálculos del nuevo sistema en ciernes. De entrada, abogan claramente por eliminar del sistema los Fondos de Suficiencia y de Convergencia, con los que los fondos del Gobierno central nivelan el sistema de financiación y terminan distorsionando la ordinalidad.
El Cercle, que ha compartido sus propuestas tanto con el Gobierno como con el PP, recomienda que sea un grupo de expertos independientes y de gran prestigio el que calcule temas clave como, por ejemplo, la factura de los servicios que presta la Administración central en Cataluña [lo que determinaría cuánto ha de aportar la Generalitat, vía un porcentaje de recaudación] o del mínimo estándar de calidad de los servicios públicos que permite establecer el mecanismo de solidaridad interterritorial. “Es necesario mejora del mecanismo de solidaridad que ahora existe”, ha abogado Nadal. “El criterio mas fácil y transparente sería el de la población”, ha ahondado García, que también ha dicho que si igual se quiere mantener vectores como el de la producción de coste de los servicios, también se tendría que tener en cuenta el coste de vida para así garantizar la ordinalidad”. La entidad también ve con buenos ojos la quita de deuda de las CC AA, si bien cree que también se habría tenido que tener en cuenta el efecto que en esa deuda tiene la infrafinanciación del actual sistema.
