El sector agrario lleva años profundizando en su particular crisis. «Pérdidas» es la palabra más repetida entre los agricultores. El sector acumula diez trimestres seguidos de caídas en el empleo y otros tantos con retrocesos en la facturación. Las estadísticas de inscripción empresarial más recientes en la seguridad social indican que 2024 cerró con un total de 284.711 empresas en el sector agrario (que recoge datos de agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca), empleando a 732.258 asalariados.
Las cifras, analizadas por este diario sobre la base de un informe de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a raíz de los datos oficiales del portal IPYME del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, suponen una reducción del 4,8% (14.300 empresas menos), y las de empleos sostenidos por el sector en un 4,2% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, con una especial incidencia en las explotaciones sin asalariados y las microexplotaciones.
Un retroceso que, a juicio de esta asociación, se debe principalmente a dos causas muy conectadas entre sí: la baja rentabilidad del campo y la falta de relevo generacional. «Cuando vinieron de la Comisión Europea para analizar el tema estratégico del sector decían que los jóvenes querían incorporarse a empresas sostenibles medioambientalmente, pero no: los jóvenes quieren incorporarse a empresas que primero sean rentables», asegura Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones en conversación con THE OBJECTIVE.
Falta de relevo
«Lo primero para que no se pierdan empresas en el sector como se están perdiendo es que haya relevo generacional. El sector tiene que ser rentable a nivel económico. Si no, por muchos esfuerzos que queramos hacer, nadie va a meterse en un negocio ruinoso». La falta de rentabilidad que el sector está experimentando desde hace tiempo se debe a «vender continuamente a pérdidas». Además de las empresas que ya se han perdido, el sector alerta de la elevada edad de los trabajadores, una gran parte de la generación del baby boom que están próximos a la jubilación. «Hay 100.000 explotaciones en peligro de desaparecer si no se toman cartas en el asunto», añade Cortés.
Según la asociación, que ganó protagonismo tras las protestas agrarias del año pasado, el número de empresas no agrarias se habría mantenido prácticamente estable desde diciembre de 2021, en torno a algo más de 2,6 millones; pero aumentó el número de empleos sustentados en un 10,6%, hasta llegar a los 17,4 millones. Por el contrario, en el mismo período, se habrían perdido 14.296 empresas agrarias (un -4,8%), con un descenso del empleo del 4,2%, es decir, 35.000 menos.
De estas empresas, la inmensa mayoría, en torno al 61,3%, son autónomos que no cuentan con ningún asalariado, y otro 34,8% son microempresas, con menos de 10 trabajadores. Este tipo de empresas tienen un papel preponderante en el empleo del sector, con un peso del 60%, contando el autoempleo autónomo; mientras que en el resto de sectores, los autónomos y microempresas suman el 26,6% del empleo.
Reducción de jornada
En estos más de tres años de crisis el sector ha tenido que hacer frente a sequías, riadas, altos costes de producción y «competencia desleal de otros países», lo que pone en jaque su viabilidad. A todo esto hay que añadir los crecientes costes laborales con los incrementos continuos del salario mínimo. Los agricultores lamentan ahora que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, puede ser su estocada final si sale adelante en el Parlamento. «Se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país», lamentan desde ASAJA.
Pedro Barato, el presidente de esta organización, ha manifestado que esta decisión «dejará al sector en una situación muy complicada; actualmente ya sufrimos una grave falta de mano de obra en nuestras explotaciones y campañas agrícolas». La reducción de la jornada obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supone un incremento de costes inasumible para muchos productores, consideran.
Los agricultores subrayan que la reducción de jornada no responde a la realidad del campo; los trabajos agrícolas dependen de factores como la climatología y los ciclos de producción. «Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector», señala ASAJA.
