El PSOE sopesa llamar a Almeida a la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso
Fuentes socialistas han afirmado este miércoles que el partido está estudiando que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comparezca en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los miles de contratos de emergencia que suscribieron “todas las administraciones” durante la dramática etapa de pandemia que sufrió España en el primer semestre de 2020. El PP se opuso ayer a la creación de esta comisión.
“Estamos volviendo a ver cómo el PP hace suya, de nuevo, la ley del embudo. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, pedir sin pudor la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso: ¿Lo suyo fue una estafa? Parece haber olvidado el alcalde que la Justicia ha sentado en el banquillo a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, para los que se piden hasta 15 años, por cometer una presunta estafa contra el Ayuntamiento. Fue el primo de Almeida quien propuso sus nombres al Ayuntamiento, tal y como reconoció en sede judicial”, explican fuentes del PSOE.
El 20 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid recibió una oferta de distinto material de protección por parte de Luis Medina y Alberto Luceño, intermediarios sin experiencia en ese sector. Medina ofreció el material al Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde, José Luis Martínez Almeida, según la Fiscalía Anticorrupción, y acabó vendiéndolo por casi 16 millones de dólares que el Ayuntamiento tuvo que adelantar. “Luceño y Medina inflaron los precios de las mascarillas hasta un 60%. Hicieron lo mismo con los guantes (un 81%) o los test (71%)”, se quejan fuentes socialistas, que argumentan que el Gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol —el PP lleva días exigiendo su dimisión— pagó en 2020 3,7 millones por las mascarillas, que además no tenían calidad suficiente para profesionales sanitarios, pero sí para los ciudadanos.
“Creemos que la experiencia de Almeida puede arrojar luz sobre el modus operandi de muchos comisionistas que actuaron durante la pandemia, aprovechándose del sufrimiento de todo el país, y como cualquier administración puede ser víctima sin necesidad de incurrir en connivencia ni delito alguno”, dicen las fuentes socialistas.
El Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de lo que hizo con otra estafa de mascarillas perpetrada por una consultora de Nueva York a la que denunció en los juzgados, no puso en marcha ningún expediente de reclamación contra Luceño y Medina tras recibir mercancía de inferior calidad a la comprometida. Quien destapa la estafa al Ayuntamiento de Madrid es el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España a través de un informe que llega a la Fiscalía Anticorrupción el 23 de julio de 2020 “poniendo de manifiesto hechos que podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito de malversación de caudales públicos y un delito de blanqueo de capitales”.
En el caso de Baleares, el Ejecutivo autonómico que presidió Armengol compró en 2020 mascarillas a la empresa salpicada en la trama del caso Koldo —la supuesta red de corrupción urdida para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales—, investigó su calidad y comprobó que era inferior a la comprometida, pero no pidió hasta tres años después la devolución de 2,6 millones de euros, que amenaza con caducar con el nuevo Gobierno del PP.
