Las administraciones públicas españolas tienen un problema de acumulación de deuda. Exactamente, a cierre de 2024 el Estado debía 1,48 billones de euros, un 3,7% más que en 2023, y las comunidades autónomas, 336.000 millones (+3,3). Sin embargo, en este … escenario de gestión manirrota hay un mirlo blanco, los ayuntamientos.
El debe de las corporaciones locales (incluye consejos insulares o diputaciones, aunque fundamentalmente son consistorios) es de apenas 23.000 millones, un 2% menos que en 2023, y bajando. De hecho, en los últimos años los alcaldes han rebajado la deuda a niveles de 2004; y no necesariamente porque sean mejores gestores. Actualmente el dinero que tienen en caja multiplica por dos el que deben. Según el Banco de España, a cierre de 2024 el efectivo y los depósitos de las corporaciones municipales ascendían a 45.387 millones de euros, casi el doble que en 2017.
La razón de este ahorro -ocioso, opinan algunos- está en una serie de estrictas medidas de control del gasto que el Gobierno no quiere levantar porque, claro está, todo cuenta en el balance fiscal que debe presentar ante Bruselas. No hay que olvidar que el compromiso a siete años suscrito con la UE es que la ratio de deuda pública sobre PIB caiga al 90%, y actualmente está en el 101,8%.
El caso es que, de un tiempo a esta parte, cada vez son más los que piden al Ejecutivo que pinche esta burbuja de ahorros que no para de crecer. Uno de los últimos en hacerlo fue la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), que por boca de su presidente pidió que se «replantee» el uso de esa remanente municipal para utilizarlo para promover suelo para hacer vivienda de protección oficial. «¿Qué hacen esos 45.000 millones parados?», se preguntaba Xavier Vilajoana, antes de sugerir que podrían ayudar a aliviar el acuciante problema de la vivienda que padece España.
Por supuesto, los otros grandes interesados en que se liberen esos fondos son los municipios. Para contextualizar el problema -ya quisiera el sistema de pensiones cargar con esa losa- hay que retrotraerse a 2011, cuando, en un contexto de déficit rampante, Bruselas exigía a los países medidas de contención, y las hubo. Lo primero fue una reforma de la Constitución en 2011 que dio rango constitucional al concepto de la estabilidad presupuestaria, y al año siguiente, una Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) que básicamente prohibió a las corporaciones locales incurrir en déficit.
Además, y como al resto de administraciones públicas, les obligó a cumplir con la llamada regla de gasto, un límite que se fija a los aumentos de los dispendios públicos. La diferencia entre los ayuntamientos y el resto de administraciones, sin embargo, es que ellos sí cumplen con esa regla. De hecho, los ahorros municipales siguieron incrementándose incluso entre 2020 y 2024, período en que el cepo fiscal estuvo suspendido para paliar los efectos de la pandemia primero y la guerra en Ucrania después (ver gráfico).
Efectivo y depósitos
de las corporaciones locales
Total España / En millones de euros
Efectivo y depósitos de las corporaciones locales
Total España / En millones de euros
La lista de normas fiscales que limitan las opciones de gasto de los ayuntamientos sigue. En 2014 el Gobierno Rajoy alumbró las llamadas ‘inversiones financieramente sostenibles’, que en teoría debían servir a los ayuntamientos para desembalsar sus ahorros hacia proyectos adecuados pero que se han acabado convirtiendo en un corsé que impide gastar a los ayuntamientos incluso los recursos que sí tienen.
Por inversión ‘financieramente sostenible’, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se entienden cosas como la instalación de alumbrado led o la climatización de un edificio público; un abanico estrecho del que los ayuntamientos no pueden salirse.
Inversiones sostenibles
Para entender cómo opera el mecanismo hay que referirse a los remanentes de tesorería, que no son más que el agregado del superávit que tiene un consistorio; es decir, el resultado de restar las obligaciones pendientes de pago a los fondos en cuentas y las obligaciones pendientes de cobro. A 31 de diciembre de 2023 la cifra global de remanente para las corporaciones locales era de 21.794 millones de euros, según datos de Hacienda. Es decir, una vez pagadas las deudas, eso es lo que se puede usar para hacer inversiones, con la peculiaridad de que el Ejecutivo debe autorizar el uso de esos fondos.
Pues bien, abril ha terminado y Hacienda aún no ha aprobado esa norma, cosa que a falta de Presupuestos puede hacerse mediante Decreto-Ley. En conversación con ABC, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advierte de que cuanto más tarde se apruebe la norma de menos tiempo dispondrán para ejecutar proyectos. Según denuncia el secretario de FEMP, Luis Martínez-Sicluna -que, por cierto, culpa de la situación a la incertidumbre en torno a los Presupuestos-, han dirigido cartas de apremio tanto a Hacienda como al presidente Sánchez, y ninguna ha recibido respuesta.
Los ayuntamientos sienten que el Ejecutivo está castigando a los más cumplidores. Además, desde la FEMP piden una flexibilización de la Ley de Estabilidad para los que cumplen las reglas fiscales, que por otro lado consideran excesivas. También, una adaptación de la Ley de Haciendas Locales.
Hay mil trabas para el gasto, y una más es el Sistema Europeo de Cuentas. Incluso si un ayuntamiento está saneado y ha cumplido la regla de gasto, explica a ABC el portavoz de FEMP Emilio Fernández, si decide gastar los remanentes vía presupuesto posiblemente se le descuadrarán las cuentas y tendrá que presentar un plan económico financiero. «Esto genera disputas porque muchos alcaldes no entienden por qué no pueden gastar a pesar de tener ahorros», explica el experto.
