La ideología woke, como la mentira, conduce a laberintos sin salida. Una de sus tesis más extendidas es que los hombres son violadores en potencia; una especie de interpretación misándrica de Aristóteles según la cual todo varón es susceptible de terminar agrediendo sexualmente a una mujer. Estaría en su naturaleza, aunque no todos terminen llevando al acto esa pulsión, del mismo modo que una semilla puede derivar en un árbol… O no.
Frente a quienes -como un servidor- consideran que la violación es una corrupción (o una «desviación», en términos aristotélicos) de la naturaleza humana, abunda hoy una visión que la considera una potencialidad (masculina). Una posibilidad más entre tantas otras igual de factibles. Eso mismo han reivindicado estos últimos días Júlia Salander, Irene Montero, Ana Bernal Triviño y otras ilustres discípulas del estagirita, ante lo que ha supuesto un gran revuelo mediático.
Un revuelo sin mucho sentido. En primer lugar, porque esa idea ha sido uno de los ejes vectoriales del feminismo hegemónico desde el Me Too, e inspiró la performance ‘Un violador en tu camino’, que llenó las calles de muchos países en 2019. Poca novedad. Y en segundo lugar porque ninguno de los indignados ha sabido replicar con astucia: el único que lo ha hecho ha sido Juan Soto Ivars, y no desde la indignación, aunque él ha detectado la última aporía woke sin profundizar en ella. Hagámoslo.
Desde marzo de 2023, ser mujer en España es sólo una preferencia administrativa, gracias a quienes preconizan que el sexo viene determinado por el sentimiento. Sostener desde esas coordenadas ideológicas que «todos los hombres son violadores en potencia» es, sencillamente, un bumerán que se vuelve en contra de quienes no creen en la biología como fundamento para discernir entre hembra y varón.
El pasado mes de julio publicamos en THE OBJECTIVE cómo las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres se han disparado en los últimos años, habiéndose producido 174 en 2023, siete veces más que en 2019, cuando sólo hubo 25. Una de esas cosas que «no se podía saber» que sucederían con la implantación de las leyes trans, en referencia tanto a las autonómicas como a la nacional.
Antes de que estas entrasen en vigor, una mujer solo podía ser condenada por agresión sexual con penetración si había introducido la mano o un objeto dentro de las partes íntimas de la víctima, o si había colaborado mientras otra persona lo hacía. Por ejemplo, inmovilizándola. Pero una tercera opción se abrió en el momento en el que se plasmó en la ley la idea de que hay mujeres que tienen pene.
Aunque no se sabe con exactitud cuántas mujeres trans hay en España, una de las últimas estimaciones sugiere que serían en torno a 10.000. Ergo, el 1,74% de estas habrían cometido una violación el año pasado. Una cifra que se reduce en el caso de los varones al 0,01%. Este es, paradójicamente, el porcentaje de personas que, según la ministra Ana Redondo, estarían usando la ley trans de manera «fraudulenta».
Por lo tanto, si se considera que las mujeres trans son mujeres y si no hay hombres usando la ley trans con fines espurios, como considera el feminismo hegemónico, entonces este habrá de concluir también que las mujeres trans son violadoras en potencia. Y que lo son con una potencialidad mucho mayor a la de los hombres. Por coherencia.
