Antonio Sánchez, de 52 años, lleva dos campañas consecutivas de recolección de la aceituna sin haber podido completar los jornales que se exigen para poder cobrar el subsidio agrario, una prestación de 480 euros mensuales (durante medio año) para los trabajadores eventuales agrarios. La sequía ha llevado al mínimo a las cosechas agrícolas y ha dejado a miles de jornaleros sin su principal tabla de salvación a lo largo del año. “El subsidio es miseria, pero es lo que nos permite seguir viviendo en nuestros pueblos”, explica Sánchez desde su domicilio en Jódar (Jaén),
Esta semana ha entrado en vigor la reducción de peonadas exigibles para el cobro del subsidio (de 35 se ha pasado a 10) aprobada por el Gobierno de la nación para aliviar la escasez de empleo en el campo. Pero sindicatos y organizaciones agrarias creen que la medida llega tarde. Solo en la provincia de Jaén más de un millar de eventuales agrarios se han quedado sin poder acceder a esa prestación, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En 1984 el Gobierno de Felipe González aprobó este subsidio para los afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) de Andalucía y Extremadura, comunidades con una alta dependencia de la actividad agraria y elevadas tasas de paro en las zonas rurales. De hecho, de los 800.000 jornaleros del país, unos 600.000 procedían de esas dos regiones. Cuatro décadas después de su creación esta prestación languidece con el paso del tiempo y cada año son menos los perceptores que entran en el sistema. A principios de este año, eran 149.087 los beneficiarios, 79.131 en el subsidio agrario y 69.956 en la renta agraria.
Esta ayuda que se aprobó en 2003 para atender a los braceros que fueron excluidos del subsidio por los duros requisitos impuestos en el polémico decretazo de mayo de 2002, impulsado por José María Aznar. La cifra de perceptores se reduce progresivamente cada año y está lejos de los 550.000 eventuales agrarios que hay censados actualmente en Andalucía y Extremadura. Sevilla, con 33.289 perceptores (el 22% del total), Córdoba con 23.402 y Jaén, con 19.943, son las tres provincias que registran habitualmente, mayor número de beneficiarios en ambas prestaciones.
Antonio Marcos, de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, cree que la rebaja de las peonadas exigibles es una medida “coja y tardía”. A su juicio, el hecho de que no tenga carácter retroactivo desde enero, que es cuando se extinguió el anterior decreto, “ha dejado sin cobertura a miles de jornaleros”, la mayoría de los cuales habrán de esperar a la próxima campaña de la aceituna, en el otoño, para acumular las peonadas. Marcos coincide en la “irrisoria” cantidad que supone el subsidio (los perceptores deben abonar además mensualmente 125 euros del conocido como ‘sello agrario’ para mantenerse en situación de alta), pero ve “más luces que sombras” en un sistema que, asegura, “ha sido el pegamento en muchas zonas rurales, de no existir tendríamos mucha más despoblación”.
El estigma del fraude
El subsidio actual poco o nada se parece al instaurado hace 40 años. Ahora, el 71% de los que lo perciben son mujeres. “Somos con diferencia las más discriminadas en la contratación de las campañas agrícolas, los empresarios siguen prefiriendo a los hombres con la escusa de que manejan mejor la maquinaria; la excepción es la campaña de los frutos rojos, donde prefieren la mano de obra femenina”, expone María Inés Casado, que lleva toda su vida enrolada en la agricultura y que en los años ochenta se convirtió en la primera mujer en presidir la cooperativa del espárrago de su pueblo, Villanueva de la Reina (Jaén).
La desigualdad de la mujer en el campo se refleja en los datos de la Política Agraria Común (PAC). A pesar de que las féminas concentran más de un tercio de las ayudas directas, perciben un 36% menos de fondos que los hombres. “Aunque cada vez hay mujeres titulares de fincas, la realidad es que son pocas las mujeres que ejercen de jefas en su explotación agraria”, refrenda Casado, que es también vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Andalucía, donde hace dos años recibió el premio Clara Campoamor por lucha hacia la igualdad en el campo.
Los principales partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas han venido reclamando en los dos últimos años la eliminación de las peonadas para acceder al subsidio para aliviar los estragos de la sequía en la agricultura. Incluso el PP, que durante muchos años fue muy crítico con el sistema, abanderó desde el gobierno de la Junta de Andalucía las peonadas cero. Algo de lo que discrepa abiertamente la secretaria general de CC OO en esta comunidad, Nuria López: “Si se desvincula el subsidio de las peonadas lo que se está diciendo es que se quiere suprimir este subsidio, y eso perjudica a los trabajadores”.
El subsidio agrario nació envuelto en la polémica y aún no ha logrado desterrar todos los estigmas que se le siguen asociando, entre ellos el del supuesto fraude. “El requisito contributivo de acreditar un número de peonadas ha significado un efecto perverso, el de reforzar el poder de las empresas a la hora de contratar, pero el propio hecho de la declaración de las jornadas realizadas determina las personas beneficiarias que pueden acceder a la prestación en los periodos de inactividad y quiénes no son beneficiarios de tales prestaciones. Por ello, en muchas ocasiones, son las propias personas jornaleras las que se ven obligadas a recurrir a la ‘compra de peonadas’ y a situaciones humillantes”, se exponía en la proposición de ley que, en enero de este año, presentó el Grupo Mixto en el Congreso, firmada por Ione Belarra, para la mejora de las condiciones del subsidio agrario y la renta agraria.
La Proposición no salió adelante y ha sido ahora cuando el Gobierno ha aprobado una reforma que amplía la protección de los eventuales agrarios y elimina parte de las restricciones anteriores, por cotizaciones insuficientes, para el cobro del subsidio.
El coste anual del subsidio y la renta agraria apenas supera los 700 millones de euros, una cantidad que no llega al 4% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 17.700 millones anuales. Durante años, el subsidio se ha venido confundiendo, en ocasiones de manera deliberada por intereses partidistas, con el Plan de Empleo Rural (PER), también creado en 1984 y que vino a sustituir al antiguo empleo comunitario. Tanto el PER, más tarde llamado Acuerdo para el Empleo y Protección Social (AEPSA) y ahora PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario) son los instrumentos que la administración pone en marcha para generar jornales que computen a su vez para el cobro del subsidio y la renta agraria. El empleo al que se agarra Antonio Sánchez, y su familia en Jódar (Jaén), para “ir tirando año tras año”.
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