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Ricardo es uno de los propietarios de uno de los bajos de la calle Monsalves, en Sevilla y, en 2022 el inmueble fue okupado por Francisco Javier L.G.. Este iba a ser desahuciado el 13 de diciembre de 2022 por lo que, al ver que los hijos que habían heredado el piso de los antiguos dueños no vivían en dicho bajo, en noviembre cambió la cerradura de la puerta de la entrada y entró a vivir de forma ilegal.
Así, Ricardo quiso entrar pero vio que la llave no servía, por lo que pensó que su hermana había dejado la suya por dentro y llamó a un cerrajero, según indica ‘Diario de Sevilla‘.
Al abrir la puerta, el okupa salió diciendo que era el inquilino legal y que tenía un contrato de alquiler, el cual era inexistente. Ricardo llamó a la Policía pero esta no hizo nada al dar por hecho que el contrato era válido y creer que el okupa vivía allí de manera legítima.
Una detención equivocada
Pasado un día, el propietario volvió y se encontró al okupa Francisco Javier saliendo de la casa con bolsas, por lo que creyó que se iba de manera voluntaria. Sin embargo, el okupa volvió más tarde y llamó a la Policía para enseñar el supuesto contrato de arrendamiento, además de decirles que vivía con un menor de edad, cosa que no era cierta. En el momento esto no se sabía y los agentes se llevaron a Ricardo, el propietario real, detenido.
Este error fue remediado al día siguiente, pues el sistema judicial lo puso en libertad al comprobar que el contrato que presentaba el okupa estaba lleno de «anomalías», como re coge el citado medio. Este documento no tenía una fecha clara y presentaba una manipulación notable sobre la letra ‘B’, además de que como arrendatarios figuraban dos personas «inexistentes».
Alquilaba la vivienda previamente okupada
Una vez identificados Ricardo y Laura, su hermana, como propietarios legales del bajo, el caso de la okupación pasó a manos de la justicia, no solo porque Francisco Javier vivía de manera ilícita en la vivienda, si no porque alegaron que el demandado hacía uso de la vivienda con fines turísticos, alquilándolo a otras personas a través de la plataforma Airbnb.
Con estos hecho sobre la mesa, la Fiscalía pedía ocho meses de cárcel para Francisco Javier debido a un delito de falsedad de documento privado y una multa de 720 euros por un delito de Usurpación. Finalmente, con la negociación de ambas partes por medio, las defensas finalmente aceptaron lo decidido, pero pactaron que no tenga que cumplir la privación de libertad si cumple con las siguientes condiciones: no cometer ningún delito en tres años, entregar las llaves, pagar la una indemnización de 2.400 euros a los propietarios en 24 mensualidades y hacer 60 días de trabajos a beneficio de la comunidad. En caso de inclumplir alguna sí entraría en la cárcel.
Reparar los daños por la detención errónea
Una vez determinada la condena del demandado, Ricardo, el propietario al que detuvieron por error cuando el okupa alegó el contrato falso, busca que la justicia repare también los daños sufridos por una equivocación de tal calibre, ya que denunció a los policías responsables pero el caso se archivó. Tal como recoge ‘Diario de Sevilla’, estas eran las palabras de Ricardo tras el juicio:
«Soy la víctima del delito, pero aun así me despojaron de la posesión de mi vivienda para entregársela al delincuente. Y encima me privaron de libertad […] Estoy tranquilo, pero hay una cosa que no puede quedar impune. Si él ha reconocido los hechos, ¿quién le entregó la posesión de la vivienda? La Policía. En vez de evitar la comisión del delito, lo mantuvo», se explicaba el afectado.
Aunque reconoce que por lo civil le dieron la razón y ahora han restaurado el daño que hizo entonces la Policía, insiste en recalcar el calvario que ha vivido por esta situación: «Si la Policía no le da las llaves, ni hoy estamos aquí ni vivimos estos dos años en los que he estado en una situación de vulnerabilidad, sin trabajo y con una pensión de 480 euros», contaba según el medio citado.
