La Policía Nacional detuvo hace un mes al hacker José Luis H., de 21 años, alias ‘Alcasec’, presuntamente autor de ciberataques contra el Punto Neutro Judicial y la Agencia Tributaria, esta vez por conducción temeraria por las calles de la capital, ha informado hoy a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:45 horas del pasado 21 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Nacional observó un vehículo de alta gama, realizando maniobras extrañas y circulando a más velocidad de la permitida en el cruce de la calle Alcalá con Manuel Becerra.
El joven conductor, que viajaba junto a su novia, lejos de detenerse, realizó maniobras evasivas peligrosas, lo que desencadenó una breve persecución. Finalmente, el tráfico denso a la altura del número 144 de la misma calle le obligó a detener su vehículo.
Al apearse del coche, el joven mostraba claros signos de estar bajo los efectos del alcohol. Agentes de la Policía Municipal realizaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, por lo que acabó detenido en el lugar por conducción bajo los efectos del alcohol y desobediencia a la autoridad.
Procesado por el robo de datos
El pasado mes de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del juez José Luis Calama de juzgar a tres personas, entre los que se encuentra ‘Alcasec’, por el ciberataque cometido en octubre de 2022 al Punto Negro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el del instructor, el magistrado tipificaba los hechos bajo el presunto delito continuado de revelación de secretos por el acceso a datos –mediante la utilización de las claves de dos funcionarios de Justicia obtenidas de forma ilícita– de más de medio millón de contribuyentes que fueron exfiltrados y posteriormente vendidos.
A dos de ellos, a ‘Alcasec’ y ‘Kermit’ el juez les atribuye además un delito de acceso ilegal a sistemas informáticos, mientras que al tercero se le atribuye la compra del material exfiltrado.
