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Junts y PNV confirmaron su apoyo para un nuevo tributo extraordinario a la banca que tendrá una duración de tres años. Un acuerdo que se resolvió in extremis y que podría servir para que la gran banca también vuelva a Cataluña siete años después de la estampida del 1-O generada por el desafío independentista. Según indican fuentes conocedoras consultadas por THE OBJECTIVE, una de las ideas que motivaron la aprobación de este gravamen por parte de los independentistas es la posibilidad de que la Generalitat pueda gestionarlo en el futuro.
El PNV pactó con el PSOE una salvaguarda foral que establece que los nuevos tributos -incluyendo el del tipo mínimo del 15% a grandes multinacionales- se apliquen «a través de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en País Vasco y Navarra». Esto supone, en la práctica, que estas comunidades tendrán libertad para aplicar deducciones, si es que lo estiman conveniente, lo que generará incentivos para que las empresas se sitúen en estos territorios. Algo que podría favorecer a BBVA, el gran banco con sede en Bilbao y que ha lanzado una opa al Banco Sabadell.
Una fórmula que Junts también quiere replicar. En el partido de Puigdemont -que busca un giro más hacia el centro y proempresa para diferenciarse de ERC- creen que esta fórmula sería una gran ayuda para sus intenciones de atraer a empresas que se marcharon tras la fallida declaración de independencia del año 2017. La obsesión de los partidos independentistas tras la aprobación de la ley de amnistía es que las grandes corporaciones que se marcharon hace siete años vuelvan a Cataluña.
Decreto de Rajoy
En este contexto, creen que una bonificación regional a esta normativa podría favorecer la vuelta a Cataluña de gigantes del Ibex afectados por la instauración de este nuevo impuesto extraordinario como Caixabank o el Banco Sabadell (a la espera de que se resuelva la opa de BBVA), verdaderos símbolos históricos del tejido empresarial catalán. Creen además que -una eventual vuelta de estas compañías- sería el espaldarazo definitivo para la normalización económica de Cataluña, y para sus intereses políticos, tras los sucesos del 1-O.
Después del referéndum y la suspendida declaración de independencia del propio Puigdemont, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que permitía el traslado de domicilio social de las empresas con sede en Cataluña de forma exprés. Hasta esta fecha este movimiento debía pasar por Junta de Accionistas, pero tras el cambio normativo se podía hacer solo con la aprobación del consejo de administración.
El decreto fue impulsado por las propias empresas que buscaron una salida rápida ante el caos económico y fiscal que podría haberse generado con la declaración de la independencia. De esta manera, salieron de las oficinas de los bancos 29.500 millones en depósitos y comenzó una fuga de hasta 5.000 empresas entre las que destacaron Naturgy, Cellnex, Caixabank, Sabadell, Abertis, Agbar, Catalana Occidente, Cementos Molins, Hotusa, Planeta, Codorníu, Axa, Bimbo, Allianz y Zurich.
Junts y el Ibex
Uno de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y Junts fue fomentar que las empresas que se marcharon volvieran a Cataluña. Uno de los compromisos concretos fue la derogación de este decreto de Mariano Rajoy, al mismo tiempo que la formación independentista pedía sanciones para quienes no volviesen. Finalmente, no se acordó ninguna medida específica para forzar la vuelta ya que el Gobierno templó los ánimos apostando por incentivos reales.
Y precisamente y en la línea de estos incentivos reales, Junts quiere usar el impuesto a la banca para que vuelvan las grandes corporaciones del Ibex. Los independentistas fueron los artífices del rechazo al impuesto a las energéticas-por el anuncio de Repsol de congelar su inversión de 1.100 millones de euros en hidrógeno verde en Tarragona-, pero darán su apoyo al de las instituciones financieras.
Es verdad que la cesión de este impuesto extraordinario es una fórmula que puede aplicarse actualmente solo en País Vasco y en Navarra, gracias a sus respectivos conciertos fiscales, y que no podría llevarse a cabo por el momento en ninguna otra autonomía, ni siquiera en Cataluña. No obstante, en Junts confían en conseguir esta cesión que podría encajarse en la futura entrega de todos los impuestos estatales que negocian con el Estado central, aunque para ello haría falta una adecuación normativa.
Impuestos de Cataluña
La delegación catalana de la Agencia Tributaria ingresó 53.543 millones en 2023 y Junts y ERC piden recaudar íntegramente estos tributos, lo que supondría sumar otros 20.000 millones a los 4.289 millones ya cedidos (sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos y tasas del juego); otros 389 millones de tributos propios; y 23.255 millones de euros que recibieron de entregas a cuenta del fondo común de compensación.
En sus últimas declaraciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que la cesión por el momento solamente está pensada para el IRPF, aunque podría ser extensible al resto de impuestos con el paso del tiempo. Con todo, el debate sigue en el aire y hay quién no descarta que esta negociación pueda acelerarse tras desbloquearse el impuesto a la banca y asegurar el apoyo de los independentistas catalanes a nuevos tributos que permitirán al Ejecutivo cuadrar las cuentas públicas.
