Una semana después de que comenzara a llover en lo que hoy es una tierra devastada por las riadas, extendidas este lunes a Cataluña, el Gobierno se resiste a declarar la emergencia nacional o el estado de alarma, instrumentos que lo habilitan para volcarse sin mediación regional en las tareas de rescate, limpieza y reconstrucción de las infraestructuras e inmuebles barridos por la DANA. Cargar contra Carlos Mazón, como hizo Margarita Robles –«que se dedique a coordinar adecuadamente», dijo–, o agitar el espantajo de la ‘fachosfera’ para desdibujar la indignación de los valencianos ante la pasividad del Ejecutivo quizá forme parte de una buena estrategia política de distracción, pero cargada de irresponsabilidad pública. El barro sin limpiar se amontona ante la puerta de un Gobierno al que no solo le han faltado reflejos, defecto que se puede solventar con una oportuna reacción, sino voluntad para asumir el papel que por ley tiene encomendado para hacer frente a catástrofes de esta magnitud.
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