A la encrucijada ferroviaria de Valladolid le quedan días para resolverse, o eso parece. El Ayuntamiento (PP y Vox) exige soterrar las vías, proyecto de décadas pero nunca ejecutado, mientras el Ministerio de Transportes aboga por integrar la infraestructura en la ciudad, plan en desarrollo desde que se acordó en 2017 entre el consistorio (PSOE) y Castilla y León y el Gobierno (PP). La nueva pantalla del conflicto ha llegado con el requerimiento enviado por Transportes al Consistorio para que pague los 11 millones de euros comprometidos para 2024 y deje de obstaculizar la integración. El ministerio marcó un plazo de un mes que expira ahora y aseguró que si el gobierno local no abona esos fondos, ante el incumplimiento del pacto, se apartarán: habrá obras que quedarán a medias y el Ayuntamiento deberá cubrir los 589 millones en adeudo por préstamos truncados en otras épocas y asumidos por Adif, cuya cobertura está prevista con la venta de suelos en el plan de integración. Los responsables municipales critican “la amenaza”, hablan de “vicisitudes” y replican que el “incumplimiento” es ministerial.
El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), y el titular de Transportes, su predecesor, Óscar Puente (PSOE), ofrecen versiones y números opuestos. Para Carnero, mediante un informe de una empresa afín al PP, soterrar costaría unos 600 millones y seis años; el triple según Adif por su “complejidad”, lo cual lo hace “inviable”. El Gobierno insiste en que en 2017, con Puente en el Ayuntamiento y el PP en la Junta y en el Ejecutivo, se acordó la integración y se firmó un convenio con deberes para cada parte. Entre ellos, pagos municipales anuales. En 2024 tocaban 11 millones. Carnero propuso posponerlo pero la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), compuesta por Ayuntamiento, Junta, Adif y Transportes, rechazó esa petición gracias al voto de calidad del secretario de Estado. La aportación local no llega y el ministerio alega que ese impago, así como “obstaculizaciones” en licencias y permisos para nuevos pasos de la integración, suponen el incumplimiento del acuerdo. La Junta tampoco había pagado sus 8,2 millones correspondientes, pero ha anunciado que pronto lo hará. Fuentes del PP lo interpretan como un “toque” para que Carnero ceje en su empeño y cumpla lo firmado.
Transportes mandó un requerimiento el 10 de octubre con un mes de margen para que Valladolid subsane esos fondos y permita nuevos avances. De no cumplirse, daría por disuelto el convenio y pararía la integración. Puente se mostró pesimista: “El soterramiento no se va a producir porque las razones técnicas y económicas lo hacen inviable. La única solución es la integración con todo lo que hay pendiente. Incluso estábamos dispuestos a mejorarlo, pero la realidad es que no va a haber nada: ni soterramiento ni integración”.
Este aviso, que el consistorio interpreta como una “amenaza”, supone que este deba asumir una deuda de 589 millones contraída en otros tiempos, con el PP en el poder, cuando se pidieron créditos a entidades bancarias pero se constató la incapacidad para soterrar. La alianza de 2017 implicaba que Adif y Renfe se arrogaban esa deuda y se convertían en acreedores del Ayuntamiento, que saldaría el debe con la venta de terrenos relacionados con la integración. Esto significa que sin integración no hay venta de suelo y la ciudad deberá buscar la forma de equilibrar ese costo, equivalente prácticamente a su presupuesto anual (426 millones en 2024).
Carnero ha respondido al embate pidiendo que se analice “con tranquilidad y seguridad” el requerimiento ministerial, pues cree que están haciendo “las cosas correctamente” y solo fallan por algunas “vicisitudes”. La respuesta formal a Adif ha llegado este viernes, último día hábil para hacerlo, esgrimiendo que “no hay incumplimiento ni causa que dé lugar a la resolución del convenio ferroviario de 2017″. Además, añade que ha remitido a Adif que el consistorio no ha incumplido “los compromisos económicos” e interpreta que el “silencio” ministerial ante la petición de aplazar los 11 millones propicia que sigan sin desembolsarse, pese a que la Junta, del PP, sí ha saldado su deuda. La SVAV declinó en febrero su solicitud de posponer la aportación, prevista para marzo, y Puente envió el requerimiento tras varios meses sin cumplir con el pago. Carnero no cree que el silencio a sus posteriores demandas implique una negativa, pese a obtenerla en febrero: “El silencio es positivo, quien debe responder no ha respondido si se aplaza o no se aplaza”. Mientras, 18 colectivos políticos y sociales de Valladolid han instado a integrar y detener este pulso: “No marees la perdiz, integra Valladolid”.
El alcalde suele esgrimir que en otras ciudades sí ha habido soterramientos pero Transportes alega que no de la envergadura y dificultad del vallisoletano. Hace unas semanas el Ayuntamiento de Granada (PP) acordó con el ministerio un modelo de integración ferroviaria para acoplar las vías del tren al desarrollo urbanístico. Entretanto, más ruido. La oposición pide responsabilidades a Carnero porque la cuenta en X, antes Twitter, del PP de Valladolid difundió hace unos días la imagen de un indigente ubicado en uno de los túneles, sucios y pintarrajeados, que atraviesan las vías. Escribieron el siguiente mensaje: “Esta es la condena a la que Óscar Puente quiere someter a Valladolid, multiplicada por varios túneles del miedo. Debería darle vergüenza, ministro ¿Así quiere a su ciudad…?”. El convenio de integración, actualmente en el aire, recoge la “ampliación y mejora” de ese paso.
