Un año después de lograr una investidura de infarto, que estuvo a punto de caer hasta el último minuto, la mayoría sigue dependiendo de un equilibrio cada vez más precario, como dejó en evidencia la dramática sesión de la Comisión de Hacienda de este lunes, que estuvo varias veces a punto de terminar con un batacazo casi irrecuperable para el Gobierno, y aún tiene la amenaza del pleno del jueves, de resultado incierto. Hasta ahora la coalición presumía de que las votaciones relevantes, las que incluyen miles de millones y sobre todo están asociadas a fondos europeos, el verdadero corazón de esta legislatura y la anterior, siempre se sacaban adelante. Pero este martes el Ejecutivo ha sufrido más que nunca precisamente con una votación de esas transcendentales, de las que tienen miles de millones de euros detrás, de las que podían hacer perder hasta 7.200 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos.
En el trasfondo estaban los impuestos, la política fiscal, un asunto en el que hay enormes diferencias dentro de la mayoría, pero también, según interpretan varios miembros del Gobierno y dirigentes de los grupos de la mayoría consultados, estaba uno de los ejes de la legislatura que ya complicó mucho la investidura hace un año: la batalla política entre ERC y Junts, cada vez más distanciados, y que fueron los dos partidos decisivos en la negociación final, con posiciones absolutamente antagónicas. El Gobierno tuvo que hacer equilibrios imposibles y pactó a la vez con ERC, Bildu y BNG que hará un decreto para prorrogar el impuesto a las grandes energéticas, un acuerdo que se conoció antes de votar, y con Junts negoció un comunicado de Hacienda, que se publicó justo después del voto, en el que casi dice lo contrario, esto es que el Gobierno “aclara que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”, esto es prácticamente todas.
Hace un mes, el Gobierno tomó una decisión muy criticada por los grupos de izquierdas: inició la negociación del paquete fiscal con Junts y PNV, y con ellos pactó que no se prorrogaría el impuesto extraordinario a las grandes energéticas, pero sí el de la banca, aunque suavizado. Lo hizo, explican en el Ejecutivo, porque primero quería asegurarse los votos más difíciles, los que tienen más lejanía con la política fiscal progresista que defiende la coalición, y ver hasta dónde se podía llegar. Pero eso, desde el punto de vista político, permitió que Junts, una vez más, exhiba su capacidad de presión y reivindique que gracias a ellos se ha evitado un impuesto que hacía mucho daño, aseguran, a la capacidad de inversión de empresas energéticas en Cataluña, especialmente en Tarragona.
Pero sobre todo quedó en evidencia que Junts y el PNV pueden girar hacia posiciones más liberales en cuestiones fiscales la mayoría que apoya al Gobierno, que Pedro Sánchez insiste en definir como progresista. Y eso es un golpe político muy difícil de digerir para ERC, un partido que ha apostado desde 2018 por apoyar a Sánchez -aunque le quitó su respaldo en cuestiones decisivas como la reforma laboral- y no parece haber cambiado esa apuesta estratégica pero quiere demostrar su capacidad de influencia para tirar del Gobierno hacia la izquierda o hacia cuestiones especialmente sensibles en Cataluña como la reforma de la financiación, que pactó con el PSC a cambio de hacer presidente a Salvador Illa. Y ha sido precisamente ERC la que más ha aguantado hasta el final, hasta comenzada ya incluso la Comisión de Hacienda, la posición de rechazo tajante al acuerdo con Junts de eliminar el impuesto extraordinario a las energéticas. El PSOE negoció con todos hasta el último minuto pero fuentes del Gobierno insisten en que fue ERC quien más difícil lo puso. Al ver que los republicanos iban a tumbar el dictamen y con ellos arrastraban otros votos, Hacienda decidió finalmente girar y prometió este decreto pactado que sin embargo desautorizado el comunicado acordado con Junts.
Una de las claves pues para entender la enorme dificultad que está viviendo el Gobierno dentro de su mayoría un año después de la legislatura es esta guerra abierta entre Junts y ERC, que después de haber gobernado y haber promovido el procés juntos, han roto de forma especialmente cruenta y cada vez se alejan más, ahora que el procés queda atrás y por primera vez en muchos años no hay una mayoría independentista en el Parlament.
Otras fuentes señalan además que hay otro elemento clave para entender lo que está pasando en estas horas, y que muestra la enorme complejidad que tendrán los Presupuestos, si es que hay alguna posibilidad de que salgan. En la legislatura anterior, cuando ERC negociaba casi todas las cuestiones económicas con el Gobierno sin mayores problemas, salvo la reforma laboral, tenía la Generalitat. Podía gestionar lo que pactaba, podía hacer intercambio de cuestiones políticas entre gobiernos. Pero ahora en la Generalitat está Salvador Illa (PSC). Por eso, el voto de ERC, que además está inmersa en una compleja batalla congresual que se resuelve en dos semanas, ahora es más ideológico y menos de negociación. Y por eso miran mucho más lo que hace Junts, que ha exhibido de forma reiterada su victoria de haber tumbado el impuesto a las grandes energéticas.
Otros grupos como Bildu, que han hecho más de puente en las últimas horas, habían propuesto precisamente la solución que se adoptó a última hora, cuando parecía que la ley se caía: un compromiso de que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros un real decreto ley para prorrogar el impuesto a las eléctricas, aún a sabiendas de que Junts podría tumbar su convalidación en el Congreso, pero por lo menos como gesto político de que tiene esa voluntad. Bildu y otros lo propusieron en los últimos días pero el Ejecutivo no quiso arriesgarse a esa salida porque podría ser entendida por Junts como una ruptura del acuerdo para tumbar el impuesto de las eléctricas y complicar todas las negociaciones futuras con los independentistas. Eso fue lo que pasó durante el último retraso de la comisión, ya de madrugada, mientras Junts amenazaba con tumbar el dictamen en el pleno del jueves si no tenía un pronunciamiento oficial del Gobierno -de ahí el comunicado de Hacienda- de que se mantenía el pacto de tumbar el impuesto.
Los grupos de la izquierda se quejaban precisamente de eso, de la imagen de que Junts es quien controla la mayoría, cuando tiene 7 votos decisivos pero ellos juntos tienen más y sobre todo tienen el respaldo de Sumar, que también había hecho un acuerdo con el fiscal del que solo salió aprobado en comisión una parte, la subida de dos puntos a los impuestos al capital de las rentas superiores a 300.000 euros, precisamente porque Junts le votó a favor, otra prueba de su fuerza.
El problema de fondo es pues que los grupos de izquierda están viendo un giro a la derecha forzado por Junts, y se rebelan para devolver a la mayoría a su eje progresista. Y además compiten entre ellos, con Podemos siempre como un electrón libre que insiste en que no se considera parte de la mayoría, como Junts, y negociará ley a ley. En el Gobierno no entienden que los grupos de izquierda, para rechazar la posición de Junts sobre las eléctricas, permitieran que se cayera en la comisión el impuesto a la banca, por ejemplo, que recauda unos 1.600 millones de euros anuales. El acuerdo de última hora del Gobierno con ERC, Bildu y BNG incluye recuperarlo en el pleno del jueves, donde aún hay una nueva oportunidad, “aumentando el tramo más alto del impuesto”.
La situación es absolutamente endiablada, y varios sectores critican la negociación que ha dirigido María Jesús Montero, con esa decisión estratégica clave de empezar con Junts y sobre todo de no separar el paquete fiscal de la transposición de la directiva sobre el mínimo impositivo del 15% a las grandes empresas. Y también de dejar para el último minuto esta solución del decreto que ya habían puesto algunos encima de la mesa en los últimos días y el Ejecutivo había descartado. Pero una vez más el Gobierno no da la batalla por perdida y sobre todo nadie parece apostar claramente por tumbar la legislatura, aunque las decisiones que van tomando los grupos enfrentados entre sí como Junts y ERC, y también en menor medida el PNV y Bildu, o Sumar y Podemos, apuntan hacia una enorme dificultad para aprobar los Presupuestos y por tanto para darle cuerpo político a un tercer mandato de Sánchez cada día más agónico.
