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La empresa pública de gestión ferroviaria, ADIF, sale al rescate del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras elaborar un informe que desmiente todos los contratos señalados por presunta corrupción por el cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama y que afectan al ente público. Un organismo que en menos de dos años ha tapado hasta tres casos de corrupción de su empresa negando irregularidades en los contratos pese a que había pruebas —como mensajes y grabaciones— e incluso informes periciales externos.
El informe de ADIF, que se enviará al Tribunal Supremo, ha sido un encargo del Ministerio de Transportes. El dossier, de 29 páginas, analiza los expedientes de contratación de obras y servicios de ADIF y ADIF Alta Velocidad entre los meses de junio de 2018 y julio de 2021. El titular de esta cartera, Óscar Puente, aseguró hace unos días, tras un análisis exprés de dichos contratos por parte de su ministerio, que «iban a ser malas noticias para Aldama porque lo que había dicho no tenía ni pies ni cabeza».
Primer caso de corrupción tapado
El primer caso de corrupción que tapó la compañía pública tuvo lugar tras una información que publicó THE OBJECTIVE en marzo de 2023. Así, se hizo eco de que ADIF había abierto una investigación a raíz de una denuncia interna por irregularidades para favorecer en licitaciones públicas a la empresa OPR (Obras Públicas y Regadíos SA) durante 2019 y 2021. Dos días después de la publicación de la noticia, el ente público dio carpetazo a la investigación y negó los hechos denunciados. La empresa en cuestión duplicó sus ingresos durante la etapa del exministro José Luis Ábalos.
Pese al carpetazo, informes confidenciales firmados por dos ingenieros de la empresa pública Ineco, a los que se les encargó hacer una segunda valoración de las ofertas técnicas incluidas en los expedientes investigados, apuntaron a anomalías y sobrevaloraciones técnicas en las tres licitaciones que fueron objeto de la investigación interna. Según remarcaron en los documentos a los que tuvo acceso este periódico, OPR no debió obtener la mejor puntuación técnica en ninguna de las tres licitaciones y al menos en una de ellas se habría producido «un cambio significativo» en el orden clasificatorio para ganar la licitación. Las evaluaciones fueron suscritas en 2020 y 2021 por Juan Pablo Villanueva, director general de Construcción de ADIF.
Segundo caso de corrupción tapado
El segundo caso de corrupción que tapó la compañía tuvo lugar en un contrato de 20,4 millones de euros en 2022 y que consistía en la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Los Rosales (Sevilla) y Zafra (Badajoz). El contrato fue adjudicado a una empresa conjunta de Siemens y FCC pese a que la empresa francesa Thales fue la que obtuvo inicialmente la puntuación técnica más elevada en la evaluación de las distintas ofertas. No obstante, los cargos intermedios de ADIF exigieron a los técnicos ajustar las calificaciones para acercar las puntuaciones. De hecho, tal y como publicó este medio, el jefe de coordinación de inversiones, José Vicente Porras, envió un mensaje instando a los técnicos a manipular las calificaciones de la licitación porque «venía de arriba».
No obstante, el Comité de Ética de la empresa «no encontró indicios de incumplimiento o irregularidad» y archivó el caso. Además, el ya expresidente de ADIF, Ángel Contreras (que firmó como director general el informe de valoración técnica del contrato), aseguró en la comisión de investigación por el ‘caso Koldo’ en el Senado que Porras «era un gran profesional» y «tenía la potestad y capacidad para firmar los informes».
Tercer caso de corrupción tapado
El tercer caso de corrupción que tapó ADIF fue un contrato de 28 millones de euros por obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas (un trayecto de 161,5 kilómetros que discurre desde la provincia de Badajoz hasta la de Ciudad Real). Los mismos cargos intermedios que ya presionaron para amañar el contrato del tramo ferroviario de Los Rosales-Zafra volvieron a exigir a los técnicos, con la misma contundencia pero con mayor prudencia, la modificación de las puntuaciones.
La empresa Enyse obtuvo una de las peores puntuaciones de entre las cinco compañías licitadoras, como así le consta a este medio en documentación que tiene en su posesión. Sin embargo, su calificación fue variando tras una modificación subjetiva desde ADIF, que situó a esa filial del grupo Vinci en la primera posición. Sin embargo, no logró ganar finalmente porque en la valoración económica (que no se puede manipular porque es «a sobre cerrado») ofreció, según determinó la mesa de contratación, una oferta baja temeraria que le hizo perder el contrato, y se lo arrebató la empresa conjunta de FCC-Siemens.
Sobre esta segunda licitación amañada, el expresidente Contreras —que avaló también aquel contrato— aseguró durante la comisión de investigación del Senado que «la noticia se desacreditaba» porque no acabó ganando la empresa que se buscaba que ganase, según la información publicada.
