Mas de 710.000 personas están en situación de privación material severa en Cataluña, según datos de la primavera de la Generalitat. Sólo 70.000 reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 150.000 cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Esa es la prueba palmaria de que el infierno está empedrado de buenos propósitos. A las administraciones les falta ser proactivas a la hora de hacer llegar estas ayudas —más allá de la publicidad— a quienes realmente las necesitan. Y, de momento, solo cubren al 21,6% de esa población que lucha no ya contra el riesgo de pobreza o exclusión social, sino contra situaciones de privación material severa. Esos son infiernos y no los fiscales a los que se refería recientemente el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, lamentando las “cargas” impositivas que a su juicio sufre la patronal. Por cierto, el averno de Sánchez Llibre cuenta con un confortable purgatorio. Gracias a él resonantes apellidos de la burguesía catalana consiguieron hacerse merecedores de la gloria. Y no fue gracias a los primeros viernes de mes, sino a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, que en 2012 permitió a los evasores legalizar 40.000 millones de euros pagando unos intereses del 3%. El total recaudado por esa eufemísticamente llamada “declaración tributaria especial” fue de 1.193 millones. Algunos parecen estar haciendo votos para que les visiten en esta fechas —como al dickensiano Ebenezer Scrooge— los fantasmas del Cuento de Navidad.
En el terreno de la cruda y sobre todo pobre realidad y como el esperpento no parece tener límites en este país, hace unos meses el Departamento de Derechos Sociales reclamó a unas 10.000 personas la devolución de unos 7.500 euros de media, correspondientes a pagos indebidos de ejercicios anteriores en los que por mera chapuza administrativa se solapó la Renta Garantizada de Ciudanía con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital y los subsidios de desocupación.
Esa ineficaz gestión de la Administración va, sin embargo, camino de la reparación. El Gobierno de Salvador Illa, en un acto que le honra, decidió el día 17 condonar la deuda a quienes debían restituir ese dinero. El Ejecutivo catalán no ha esperado a la ley de acompañamiento de los amenzados futuros presupuestos, sino que ha aprobado un decreto para hacerlo efectivo. Ha sustraído de las pugnas entre los güelfos de Esquerra y los gibelinos de Junts una emergencia social. Queda solo algo por hacer: perdonar la devolución a ese 1% que con mucho esfuerzo ya había retornado la suma indebidamente percibida. Así lo ha solicitado la Síndica de Greuges para todos y especialmente para quienes haciendo un sacrificio ya han devuelto el dinero, y que “han sido víctimas de la actuación poco diligente y burocrática de la Administración”.
El Govern de Illa, aburrido y plano, parece estar haciendo con aprovechamiento los deberes de un Ejecutivo de izquierdas. Aunque sea por presión de sus socios parlamentarios, lo importante son los resultados. Y de momento, Illa ha aprobado subir los impuestos —del 10 al 55%— a los macrocasinos (Hard-rock de Salou); ha anunciado que en breve Cataluña dispondrá de un régimen sancionador para los propietarios que incumplan la ley de vivienda; ha explicado que los Mossos tendrán competencias en puertos y aeropuertos desde 2025: y, finalmente, ha aprobado un decreto, sin esperar a los Presupuestos, condonando la deuda por las prestaciones de subsistencia indebidamente percibidas por los más débiles de la sociedad. En el mismo viaje ha subido un 3% la RGC para 2025.
A diferencia de los grandes defraudadores, quienes están en situación de pobreza material severa no necesitan amnistía alguna. Les basta con una administración proactiva y coordinada que, en general, brilla por su ausencia. Mientras, para seguir subsistiendo, se conforman con la condonación de una deuda que no llega ni al 0,2% de lo que afloró la amnistía de Montoro. Esa es su simple y peculiar versión del Cuento de Navidad.
