Madrid vive con zozobra las últimas informaciones sobre el acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para el reparto entre comunidades de los menores inmigrantes llegados a las costas del archipiélago. Reconocen que no tienen «ninguna información oficial sobre el reparto que pretende … imponer el Gobierno de Sánchez», y que según algunas informaciones podría dejar fuera de la distribución de estos menores a País Vasco y Cataluña, en atención a los esfuerzos hechos ya previamente en esta material. Madrid cifra en 2.400 los menores inmigrantes no acompañados que recibió y atendió a lo largo del año 2024.
En la Consejería de Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, temen que «los ministros improvisan, sin atajar el problema en origen y en frontera». Y critican que la política migratoria del Gobierno central «consiste en seguir alimentando a las mafias, hacer un llamamiento para que estas personas vengan a España jugándose la vida en el mar y, de paso, contentar a sus socios del bloque progre independentista». Temen que con ello, «el Gobierno se reafirma en su papel de ser el último transportista de las mafias».
Sobre este mismo asunto, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Ejecutivo central, durante una visita a Cenicientos, que «no utilice como moneda de cambio» a los menores migrantes para «pagar peajes» a los independentistas.
También reconoce que «conocimiento» sobre ese futuro reparto de los menores inmigrantes «no tenemos. La verdad que todo esto es el ejemplo de que en realidad no tenemos Gobierno en España, lo que tenemos es simplemente una máquina pagadora de los partidos independentistas».
Espera el consejero que la posibilidad de que Cataluña y País Vasco se pudieran quedar fuera del acuerdo «no sea verdad» porque considera que eso sería «una vez más, volver a estar en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución española».
