El PSOE sigue bajo el acoso ultra pese a que ya ha transcurrido un año y medio de la tercera investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y cuando solo falta un mes para que se cumpla el primer aniversario de la ley de amnistía. Las amenazas y vejaciones son menos numerosas, pero las siguen padeciendo cargos de todo el escalafón socialista, desde Santos Cerdán, secretario de Organización de la formación, que ha vuelto a llevar escolta como en los tiempos en que era objetivo de ETA, a Cristina Díaz, concejala en Jorquera, un pueblecito de 350 habitantes, que a finales de febrero denunció en la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete que la casa familiar fue rociada con gasolina.
Mientras, las banderas preconstitucionales de España y de la Falange continúan siendo la estampa cotidiana que pintan a diario el centenar de neonazis y nostálgicos del franquismo que se citan en la calle Ferraz, a las puertas de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, a unos metros de la sede socialista —escena aderezada habitualmente con un repertorio de proclamas antisanchistas estridentes y vulgares—. El partido ha tenido que ajustarse al horario de las concentraciones y ha tenido que adelantar la salida de sus trabajadores. “Seguimos con el protocolo de seguridad como si estuviéramos en otoño de 2023. Si siguiésemos con un horario normal nos arriesgaríamos a situaciones muy tensas. Así evitamos, aunque sea en parte, los insultos e intimidaciones. Que si ‘me he quedado con tu cara’, que si ‘sabemos donde vives’…”, explica un empleado de la central del PSOE.
Juan Antonio Sagredo, de 48 años, senador y alcalde de Paterna (75.000 habitantes, Valencia) desde 2015, que en noviembre se fundió en un abrazo emocionado con otro senador, Gerardo Camps, del PP, tras animar “a cambiar la confrontación por la unión” ante la tragedia de la dana, tampoco se ha librado de la crispación que pretendió atajar. El conocido como Paredón de España de Paterna, el lugar donde fueron fusiladas 2.238 personas durante la represión franquista, entre el 3 de abril de 1939, dos días después del fin de la Guerra Civil, y la última ejecución en 1956, amaneció el 21 de febrero profanado con la pintada “Sagredo eres maricón y tarado”.
“Es un mensaje de odio y un ataque, no contra mí, sino contra el Gobierno municipal de Paterna, por ser un referente que ha apostado por recuperar y dignificar la memoria de las personas que fueron fusiladas. El Paredón de España es Lugar de la Memoria y Bien de Relevancia local, ambas distinciones obtenidas en 2022, y lo atacaron por su simbolismo, por lo que representa. Después del muro del cementerio de Madrid es donde más gente fusilaron durante la posguerra”, describe Sagredo. El gobierno municipal del PP en Paterna de 2007 a 2015 abrió una única fosa y por decisión judicial. Con Sagredo se abrieron 40 fosas hasta 2024 y se han recuperado 1.397 cuerpos. El año pasado comenzaron los trabajos de apertura de otras 40 fosas mucho más pequeñas donde se prevén encontrar cerca de 180 víctimas de la dictadura. El 12 de marzo, casi un mes después, se empezó a limpiar la pintada, que requería el permiso de la Consellería de Cultura de la Generalitat valenciana. “Pedimos que fuera tan rápido como cuando pintaron “Mazón dimisión” por primera vez en el Palau de la Generalitat, que está protegido también. Al día siguiente ya estaba limpio”, remarca el regidor.
“Fuerte olor a gasoil”
A 130 kilómetros de Paterna, Cristina Díaz vuelve a enfrentarse, entre indignada e incrédula, a un ejemplo de intimidación que suena más propio de autocracias y países aspirantes a democracias de otras latitudes. “Lo que me pasó no es un hecho aislado. Yo sabía que la cosa podía ser tensa, pero hasta ahí… No. Y ya no es solo que me implica a mí, es que implica a mi familia. Sigo que no me lo creo”, regresa la edil a la noche del 20 al 21 de febrero. “Pasó en la casa familiar. Ese día estaba mi hermano. A las tres de la mañana oyó un golpe que le despertó y le llegó como una ráfaga muy fuerte de olor a gasoil. Se levantó, no vio nada y se acostó. A los 20 minutos escuchó el chasquido de un mechero y, cuando ya estaba fuera, vio a unos 20 metros a un hombre vestido de negro que se iba en una bicicleta. No le dio tiempo a reconocerlo. Mi hermano se metió en el coche a ver si volvía y llamó a la Guardia Civil, que sobre las cinco o seis de la mañana llegó e hizo el atestado. Ese mismo día fuimos a Albacete y pusimos la denuncia”, relata la concejala, de 49 años.
No se plantea renunciar: “Me hice militante pocos meses antes de las elecciones de mayo de 2023, me presenté sin ningún propósito de ganar, porque aquí es imposible, siempre ha estado el PP, que sacó cinco concejales por los dos del PSOE. Lo hice para que hubiese un poquito de oposición. Si renuncio entraría mi pareja, que iba tercero en la lista, y no quiero dejar a la otra concejala que salió sola”. El atestado de la denuncia recoge que la edil “quiere dejar constancia que no es la primera vez que le pasa algo similar”. “En otras ocasiones ha recibido amenazas hacia ella y su hijo, las cuales fueron notificadas de forma verbal a la Guardia Civil de Jorquera. En diciembre de 2023 sufrió un intento de agresión, que fue denunciado […] Todo esto ocurre desde que ella es concejala”, figura en el escrito. El marido de la concejala colaboró con el PSOE y llegó a ir en la lista en las elecciones de 2019. “Y ya también hubo presiones”, subraya la concejala. “Nos arañaron el coche, nos pintaron una rueda, pero al dejarlo los problemas se acabaron”, concluye.
En Ciudad Real, María Montes, concejala de 29 años y secretaria provincial de las Juventudes Socialistas, también interpuso una denuncia contra un varón conectado con Movimiento Resistencia Ferraz, los grupos organizados de extrema derecha que mantienen la presión contra la sede estatal del PSOE. “Todo comenzó hace más de un año con las concentraciones de Noviembre Nacional. Es una persona que no respeta nada, que se hace el encontradizo y que te increpa, le da igual si vas con la familia o estás en la compra. Todo bajo encuentros casuales. En enero tuve un problema serio, salía de la sede y le dio lo mismo que fuera con mi hijo menor de edad. Un mes después me empezó a increpar en un supermercado y llamé a la policía y le detuvieron porque ya había una orden de alejamiento. Pero se creía tan impune que, cuando salí a llamarles, él vino detrás y siguió con su retahíla a mi lado hasta que llegaron”, narra.
Además del vía crucis que sufren algunos cuadros socialistas, los ataques a las sedes persisten: 157 de las casas del pueblo del PSOE habían sido vandalizadas a principios de marzo, según datos del partido. Aunque la mayoría de esas acciones violentas se produjeron en los días previos y posteriores a la sesión de investidura de noviembre de 2023, ha habido repuntes posteriores: el pasado 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, y en los primeros días de febrero, con cinco actos vandálicos en diez días. Desde que se inició la oleada de ataques, se han producido casi 12 al mes de media, según el recuento realizado por Ferraz. En varias agrupaciones, además, la violencia es reincidente.
Es el caso de la agrupación de Nájera, localidad de La Rioja con 8.000 habitantes, que ha sufrido cuatro acciones vandálicas. “Llevamos unos meses sin sufrir otro y cruzamos los dedos. La peor, por decirlo así, fue la primera, por lo inesperado, pero la más grave fue otra ocasión en la que nos rompieron la cristalera de la sede por completo con una piedra de tamaño importante”, cuenta Saúl Manzanares, concejal, que compagina su labor pública con la empresa familiar. En febrero, él y otro compañero de bancada tuvieron que salir escoltados por la Guardia Civil protegiéndoles con los escudos en alto del pleno municipal en el que se votaban los presupuestos. Por redes sociales circuló un mensaje en el que se les identificaba con el siguiente mensaje: “¡A por estos dos socialistas, vamos a ir a por ellos y sus familias! Van a morir esta semana”. “Hubo un grupo de WhatsApp donde se nos decía que no podríamos ni entrar al Pleno, lo está investigando la Guardia Civil… Aquí nos conocemos todos y te duele especialmente. Porque si vives en una ciudad de un millón de personas… Pero aquí te pones cara, entras al bar de uno, vas al estanco de otro, sabes las ideas de la gente, más o menos te tienes localizado, y no puede ser que se pierda un respeto que es algo básico en democracia”, expone.
Un calvario parecido padecen en la agrupación de El Ejido, también con cuatro casos. “En el último ataque, a finales del año pasado, nos rompieron la cerradura. Hemos instalado cámaras y lo denunciamos a la Policía Nacional”, relata su secretario general, José Miguel Alarcón, de 65 años y edil en la localidad almeriense de 90.000 habitantes. “Estamos hartos de quitar las barbaridades que nos pintan. Han llegado a poner mensajes racistas como Moros fuera y, tras la dana, Valencia vuestra tumba”.
El hostigamiento se reproduce en otras casas del pueblo, como la de Burgos, donde no han cesado las protestas diarias. El centenar de personas que se llegaban a congregar delante se ha reducido a una docena, pero la tensión no ha amainado. El último episodio grave, explica la secretaria provincial y portavoz de la dirección federal, Esther Peña, se produjo hace un mes, con un joven que se cubrió el rostro con la capucha de su sudadera: “Se han dado casos de personas que entraban a la sede a increparnos. Todo esto ha obligado a las trabajadoras a cerrar con llave por dentro en horario laboral cuando están solas, y también a guardar cierta cautela antes de abrir a personas desconocidas que llaman al timbre o que se detienen ante la puerta”. Las llamadas telefónicas insultantes o amenazantes, los golpes de viandantes en las ventanas, los abucheos y los escupitajos en los cristales ya forman parte de la rutina.
El caso de la casa del pueblo de Béjar (Salamanca, 12.000 habitantes) merece mención aparte porque es ahora cuando está en el punto de mira de los radicales. “No tuvimos ningún problema cuando la investidura y amnistía. Hubo un par de concentraciones, pero nada. No sufrimos nada. En cambio, nos han vandalizado la sede ahora en enero, nos pintaron los cristales y la persiana, tacharon el letrero y pusieron un cartel para que leyese casa de putas y sus hijos. Lo quitamos. Hicimos una concentración silenciosa… Y volvieron a hacer lo mismo”, cuenta el secretario general, Antonio Cámara, funcionario del Estado de 57 años, portavoz en el Ayuntamiento y diputado en la Diputación de Salamanca. “Somos 50 militantes y nos seguimos reuniendo con normalidad, aunque te intimidan y claro, la gente se puso nerviosa. Pero no ha habido bajas de afiliados, de hecho hemos crecido unos pocos”, añade el exalcalde.
Los cuatro diputados socialistas que fueron increpados y a los que lanzaron huevos en una cafetería cerca del Congreso —entre gritos de “Traidores, os tendrían que matar”— en la última investidura de Sánchez fueron llamados a testificar el 20 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla. Los parlamentarios vascos Daniel Senderos Oraá y María Luisa García Gurrutxaga, el valenciano Vicent Sarrià Morell y el aragonés Herminio Rufino Sancho Íñiguez se encuentran a la espera de la fecha del juicio tras la denuncia que presentaron contra un grupo de varones, cuya actitud agresiva y violenta obligó a la policía a escoltar a los diputados hasta el Parlamento. “No se puede normalizar lo que no lo es. He llegado a recibir anónimos en mi casa, la derecha no puede restarle importancia a unos hechos tan graves”, exige Rufino.
