Red Eléctrica (Redeia) reforzará su plan para evitar apagones. Hace un mes, el gestor del sistema eléctrico lanzó una consulta pública para duplicar el número de subastas (que pasará de ser anual a semestral) dentro del marco del servicio de respuesta activa de la demanda, un instrumento que obliga a algunas fábricas a parar su actividad en España cuando existe un riesgo de suministro a cambio de una compensación económica. El movimiento lo lleva a cabo el gestor en pleno debate por el futuro de la energía nuclear, que el pasado año generó el 19,57% de la electricidad neta del país.
La propuesta para revisar la normativa que prepara Red Eléctrica con respecto al servicio de respuesta activa de la demanda se espera que se apruebe en el segundo semestre de este año. El gestor busca acabar con el modelo que consiste en crear una subasta a finales de cada año (por varias decenas de millones de euros que se cargan a la factura de la luz) para que el servicio cubra todo el siguiente año. Fuentes conocedoras apuntan a que el nuevo sistema de subasta estará en funcionamiento en 2026, pero que necesitará antes el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La primera vez que se usó este servicio -que fue instaurado por la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera– fue el 4 de septiembre de 2023 tras una parada no programada en la central nuclear de Ascó (en Tarragona). La activación llegó año después de su aprobación, en septiembre de 2022, tras el Real Decreto-ley 17/2022, aunque el servicio se puso realmente en funcionamiento unos meses después, en noviembre de ese año. No obstante, en 2024 el panorama ha cambiado de forma drástica. Así, el servicio se ha utilizado hasta en cuatro ocasiones: 22 de mayo, 10 de julio, 11 de diciembre y 12 de diciembre.
Un escenario que convierte este mecanismo en un instrumento clave para la estrategia de transición energética que ha esbozado el Ministerio de Transición Ecológica, que sigue apostando por el fin de la energía nuclear en España, aunque ahora hace tímidos gestos hacia una posible prórroga de la vida útil de las centrales. Sin embargo, la titular de esta cartera, Sara Aagesen, descartó de forma reciente riesgos en el suministro o aumento de precios con el fin de la nuclear. Sobre esto último, en febrero un informe de PwC aseguró que aumentaría el recibo de la luz para los hogares un 23% y para la industria un 35%.
La industria es la principal interesada en este mecanismo. Para ello, este mecanismo avisa a las fábricas para que interrumpan su actividad cuando existe riesgo de suministro, dándole un margen de 15 minutos. Todo ello a cambio de una retribución. Por otro lado, fuentes del sector entienden que con este movimiento Red Eléctrica está apostando por el servicio «porque se entiende que es necesario» y le permitirá ver sus necesidades de forma más efectiva, ajustando su subasta a si es necesaria mayor o menor potencia de megavatios dependiendo de las circunstancias.
Por otro lado, la industria ha recibido con cierto pesimismo la nueva convocatoria de ayudas del estatuto de consumidor electrointensivo porque el presupuesto ha pasado de 30 millones de euros a 11 millones. «En la práctica, para los que son muy electrointensivos, las ayudas son cero», aseguran desde AEGE (la asociación de empresas con gran consumo de energía).
El mecanismo de capacidad
Fuentes del sector aseguran que el Ministerio de Transición Ecológica espera aprobar el mecanismo de capacidad para el segundo semestre de este año. El pasado diciembre, el Ministerio presentó un proyecto de orden para su creación y lo sometió a consulta pública. Se trata de otro instrumento -con un objetivo similar al servicio de respuesta activa de la demanda- que lleva años anunciándose, pero que no acababa de concretarse. A diferencia de este último, el mecanismo de capacidad trata de resolver problemas de suministro ex ante y va dirigido en lugar de a la demanda (industria) a la oferta (las generadoras de energía).
Para ello, se prevén una serie de subastas donde podrán participar aquellas centrales o tecnologías generadoras de electricidad que recibirán una compensación económica por estar disponibles para producir energía en momentos de estrés del sistema. De forma que será más previsora que el servicio de respuesta activa de la demanda porque el Estado, a través de Red Eléctrica, se reserva un porcentaje previo de megavatios para evitar los apagones.
Presión de la nuclear
En la pasada Semana Santa, las centrales nucleares han tratado de presionar al Gobierno apagando tres reactores nucleares (Almaraz I, Almaraz II y Cofrentes). Las razones de esta decisión se debieron, según informaron, a tres causas: «Escenario de precios bajos sostenidos como consecuencia del descenso de la demanda, la alta penetración renovable (solar, eólica e hidráulica) y la desproporcionada carga tributaria que lastra sus costes».
Desde Foro Nuclear (que representa a Iberdrola, Endesa y Naturgy, entre otras) se aseguró que «una situación de precios muy bajos de forma sostenida en el mercado hace que las centrales nucleares no puedan ni siquiera cubrir los impuestos y tasas a las que están sometidas». Por último, subrayaron que «la energía nuclear sigue siendo imprescindible para la firmeza y estabilidad del sistema, a pesar de estos escenarios de mercado puntuales».
