La Generalitat Valenciana ha rechazado negociar con el Gobierno central para modificar la llamada Ley de Concordia, que sustituyó a la norma autonómica de memoria, y el Ejecutivo la recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya ha hecho con otros textos similares. “Es una buena ley”, ha insistido este martes la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, “y el Gobierno de España lo que hace es atacar la autonomía de las comunidades autónomas”. “Vamos a seguir desarrollando una ley en la que creemos y que consideramos que es positiva”, ha añadido.
La Ley de Concordia fue aprobada en las Cortes Valencianas en julio del año pasado con los votos del PP y de Vox, después de que el partido de extrema derecha decidiera romper los gobiernos regionales de coalición, incluido el que ambos partidos compartían en la Generalitat. La norma derogaba la anterior ley de memoria, vigente desde 2017, y evita hablar del golpe de Estado que desencadenó el 18 de julio de 1936 la Guerra Civil española, que según el texto, fue fruto de “las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”; considera la antigua normativa como un foco de enfrentamiento —pese a que no consta ninguno desde que entró en vigor— para “alimentar” una visión “sesgada de la historia” y la “división partidista de la sociedad”, así como una “intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles”. Además de remontarse a 1931, también incluye a las víctimas de ETA, que ya cuentan con su propia legislación, como se ve obligado a aclarar el propio texto. El informe elaborado por tres relatores de Naciones Unidas tras analizar esta y otras iniciativas similares en las comunidades donde gobernaban PP y Vox concluyó que la ley de Concordia valenciana “desvirtúa” el objetivo de las leyes de memoria de “atender las necesidades y derechos de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”, esto es, las que no habían sido reparadas. Por esto, instó al Gobierno de España a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recurrió entonces al precepto de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y que permite a distintas administraciones negociar un texto legal antes de recurrirlo ante el tribunal de garantías. Pero expirado el plazo para alcanzar un acuerdo, la Generalitat se niega a modificar un ápice de la ley de Concordia, por lo que el Gobierno presentará el recurso en el Constitucional. De hecho, el Tribunal ya ha dejado en suspenso la derogación de la ley de memoria de Aragón, pactada también entre el PP y Vox. Recientemente, también suspendió las modificaciones legales introducidas por el PP de Isabel Díaz Ayuso en la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid para tratar de impedir la colocación de una placa en la Real Casa de Correos que recuerde que el edificio acogió en la dictadura la Dirección General de Seguridad, donde se practicaron torturas por motivos políticos.
