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Los okupas en Cantabria podrán ser desalojados por agentes de la Policía Local y no podrán optar a ninguna ayuda o programa público de vivienda durante cinco años, aunque sí a medidas de asistencia social, según plantea el anteproyecto de la ley autonómica de vivienda elaborado por el Gobierno regional (PP).
Además, el anteproyecto de la norma -que se publicará este viernes 30 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) con posibilidad de presentar alegaciones hasta el 30 de junio- prevé la puesta en marcha «de forma inmediata» de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Okupación e Inquiokupación, así como la creación de un canal de comunicación para el asesoramiento a afectados por este tipo de situaciones.
La norma también establece en su anteproyecto que las entidades locales deberán tener censos actualizados de viviendas en riesgo de okupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con el Gobierno regional. Así lo ha dado a conocer este jueves, en rueda de prensa, el consejero de Vivienda, Roberto Media, que ha subrayado que el anteproyecto incluye «novedades importantes» encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda y la activación del parque existente.
Diferencias con la ley estatal
Ha afirmado que la ley que se plantea «sobre todo, va a defender a los propietarios por encima de los okupas, algo que no ocurre con la ley nacional que no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene el mercado». También ha contrapuesto el texto elaborado por el Gobierno del PP con el que estaba redactado el bipartito PRC-PSOE, que, según Media, «preveía asesoramiento jurídico para los okupas». «Nosotros sabemos quiénes son las víctimas y serán los propietarios los que cuenten con nuestro apoyo y asesoramiento», ha aseverado.
Esta norma, una de las más «esenciales» de esta legislatura según Media, busca abordar de forma «integral» la problemática de la vivienda en la comunidad autónoma. En ese sentido, para facilitar el acceso, se incorpora a la nueva legislación, la fórmula público-privada para la construcción de nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible y se recupera la promoción de viviendas a precios tasados.
Pisos turísticos
Esto último abre la posibilidad de optar a una vivienda protegida a sectores de población que ahora mismo no pueden hacerlo por sobrepasar los niveles de renta establecidos pero que «sin embargo, tienen serias dificultades» para hacerse con una en el mercado libre. Por otro lado, se fijan multas de hasta 90.000 euros para quien destine una vivienda protegida a alquiler turístico.
También se constituirá un registro autonómico unificado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a vivienda protegida. Asimismo, se crea la figura de Vivienda Rural Protegida y un Plan de Vivienda Rural para dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento a través de incentivos económicos, cesión de suelos y fiscalidad favorable.
También se habilitará como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a profesionales de servicios básicos (médicos, guardas forestales, profesores, farmacéuticos, veterinarios…) que podrán ser partícipes de los programas de vivienda rural protegida.
En otro orden de cosas, la ley prevé programas de incentivos para aquellos propietarios de vivienda vacía que la saquen al mercado de alquiler. Así, podrán acceder a ayudas para el pago de las cuotas de la comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, la ley establecerá que «la renta a pagar al propietario se fijará de acuerdo a los precios de mercado y no al Índice de Referencia dictado por el Ministerio de Vivienda» porque, a juicio del Gobierno, está «completamente desfasado».
Tramitación
Media ha invitado a toda la sociedad a que participe «activamente» en el trámite de información pública de esta ley. Una vez concluido, el Gobierno estudiará todas las sugerencias y observaciones y se incorporarán aquellas que se consideren «más positivas». Posteriormente, el texto se someterá a informes del resto de consejerías del Ejecutivo y, posteriormente, se hará lo propio con la Dirección General del Servicios Jurídicos y del Consejo Económico y Social.
Finalizado este proceso, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley que se remitirá al Parlamento de Cantabria para su tramitación, previsiblemente ya en el nuevo periodo de sesiones que se iniciará en septiembre, tras el verano. Allí los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al proyecto de ley del Ejecutivo popular, que no tiene mayoría absoluta en la Cámara.
Media ha confiado en que, «entre todos», pueda aprobarse en el Parlamento, «con el mayor acuerdo posible», un texto que sea «útil» y «bueno para los ciudadanos». «Creo que ese acuerdo será posible y así lo espero», ha afirmado.
