Reclaman que se «compense» a os municipios por los que transcurre la autopista con el pago íntegro del IBI, que supondría inyectar 2,3 millones a las arcas públicas
La Mesa del Congreso de los Diputados ha vuelto a aplazar la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Es la 35º prórroga de esta legislatura, y la 50º desde que el actual presidente, Pedro Sánchez, llegó a La Moncloa, un hecho que para los populares gallegos supone un claro «bloqueo» de esta cuestión fundamental para la Comunidad. Mientras, los gallegos siguen pagando «peajes abusivos» al desplazarse por una vía que debería «gestionarse desde Galicia».
«Llegados a las bodas de oro, toca pedir el divorcio de Sánchez y quedarse con la custodia de la autopista», ironizaron desde el PPdeG para denunciar las constantes «faltas de respeto» del Gobierno central. La secretaria xeral del partido, Paula Prado, se desplazó este miércoles a Oroso (La Coruña) con los presidentes provinciales de La Coruña y Pontevedra y la conselleira de Vivenda e Infraestruras para reclamar el desbloqueo del debate en Madrid. «Cuando no hay dudas técnicas, ni falta de presupuestos, ni oposición a la transferencia de la AP-9, lo que hay es un bloqueo«, lamentó Prado, que recordó que esta petición responde a la «demanda unánime» de la ciudadanía y el Parlamento gallego. «Lo que hay es una falta de respeto a Galicia», denunció, y mientras, los gallegos tienen que «seguir pagando peajes abusivos por circular por una autopista que, por justicia y por eficacia, debe gestionarse» desde la propia Comunidad.
Al hilo, la responsable de la cartera gallega de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reclamó una respuesta al estudio económico hecho desde la Xunta, que cifra en 526 millones de euros el coste de la transferencia de la AP-9 a Galicia y el rescate oscila entre 1.612 y 2.355 millones. Teniendo en cuenta que «el coste de las bonificaciones actuales es similar al del rescate», aseveró, debería valorarse esta posibilidad, porque Galicia no quiere ser «más que nadie», pero «tampoco menos». Cabe mencionar que estas bonificaciones, si bien pueden llegar a cubrir el 75% del coste de un viaje, requieren una serie de criterios como el uso de telepeajes, un mínimo de viajes al mes o hacer el mismo recorrido a la ida y al vuelta.
Por su parte, el presidente del PP en La Coruña, Diego Calvo, reclamó una «compensación» para los concellos por los que transcurre la vía por problemas como la pérdida de valor de las propiedades, el impacto en el turismo o la contaminación acústica y visual.
Esta compensación, explicó, debería materializarse a través del pago íntegro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que estuvo bonificado durante años y que en estos momentos supondría una inyección de 2,3 millones de euros en las arcas de estos municipios. Al respecto, recordó que, si bien muchos ayuntamientos se unieron con «valentía» a esta reivindicación, en su momento el PSOE gallego pidió «a muchos concellos que no formasen parte de esta asociación y que, por lo tanto, no reclamasen para sus vecinos lo que es útil».
En cambio, su homólogo pontevedrés, Luis López, optó por poner el foco la situación de otras infraestructuras, denunciando que el «desgobierno» de Sánchez está «congelando» las existentes y «paralizando» las futuras. Entre ellas, citó la falta de conexión ferroviaria en el Eje Atlántico, la retirada de las conexiones con Madrid, el mal estado de las carreteras nacionales o la eliminación de paradas de autobús estatal.
Además, continuó, «nada se sabe» de la gratuidad de los tramos de la AP-9 entre Pontevedra y Curro, ni tampoco del que transcurre por Porriño, que «sería una alternativa útil y rápida» a la salida sur de Vigo, también «paralizada». Al respecto, y para finalizar, condenó la «obediencia ciega» del PSOE y del BNG, a los que pidió que se «dejen de paripés y centre sus energías en luchar por los intereses de los gallegos».
