Hay estrategias de marketing que salen caras, y luego está esta, que la han destapado de la forma más irónica posible. Según El Periódico, dieciséis restaurantes de Barcelona (varios de ellos buffets atiborrados de gente) contrataron a influencers para que les hicieran promoción. Los influencers fueron, comieron, grabaron, etiquetaron y dieron las gracias. Lo que nadie calculó es que ese vídeo de un salón lleno de gente podía acabar delante de un algoritmo con una pregunta poco gastronómica: ¿y esto cuánta luz gasta? Pues, al parecer, mucha más de la que pagaban.
No mires el contador, mira el vídeo. El razonamiento es casi de sentido común. Los locales eran enormes, las redes los mostraban llenos y los datos de consumo eléctrico no cuadraban. Para salir de dudas, varios técnicos de Endesa pasaron el asunto por su propia IA, que cruzó consumo y dimensiones y dictaminó lo evidente: por tamaño y actividad esperable, esos restaurantes deberían estar pagando bastante más.
De hecho, ya detectan enganches ilegales para el cultivo de marihuana mediante su propia herramienta. Poco después, se inspeccionó y a las semanas se documentó el fraude: los locales andaban presuntamente pinchados al alumbrado público. Según fuentes de la Unidad contra el Fraude de Endesa, “Las redes son hoy lo que fue en el pasado la Guía del Ocio de Barcelona”.
Muchas luces, pocas luces. El principio, que resume Foro3d, es de una lógica aplastante. Si un sitio grande aparece abarrotado en redes y si el contador marca poco, salta la alerta. Dicho de otro modo: pagaron para que los vieran, y los vieron. Es lo que tiene la publicidad, que la mayoría de las veces funciona. Eso sí, quien inspecciona y factura el fraude no es la comercializadora que emite facturación, sino e-distribución, la filial de redes de Endesa.
El dueño del restaurante que enciende la cocina industrial, la campana, las cámaras frigoríficas y el aire acondicionado de un local grande igual cree que la luz la paga otro, pero la pagamos todos. Según estimaciones de la CNMC que recoge El Español, estas prácticas encarecen la factura eléctrica en unos 150 millones de euros.
Los números del fraude. Según la nota de prensa de Endesa de mayo de 2026, su filial detectó 72.700 fraudes en 2025, la cifra más alta del último lustro y 1.700 más que el año anterior. Son unos 200 al día, más de ocho cada hora. Entre 2021 y 2025 se cerraron más de 320.000 expedientes y se recuperaron más de 3.750 GWh.
Y no pensemos en un pícaro doméstico: el 52% de la energía defraudada corresponde a industrias, negocios, grandes consumidores y plantaciones de marihuana, y solo el 5% a pequeños suministros de menos de 3 kW. Cerca del 60% de los fraudes son enganches directos sin contrato.
En Barcelona, TotBarcelona recoge que la capital registró 5.487 casos en 2025, 891 más que en 2024. Cataluña sumó 24.347, un 7 % más. No es la primera vez que pasa: en diciembre de 2025, la operación ‘Nihari‘ halló a 24 de 26 supermercados inspeccionados enganchados ilegalmente a la red, con 33 técnicos de Endesa en el despliegue.
En cuanto al uso de la IA, eEXcellence contó que e-distribución ya usaba machine learning y deep learning para detectar anomalías y que, gracias a ello, encontró robos de energía en una de cada dos inspecciones, el doble que en 2017. Lo novedoso es que ahora el algoritmo mira también Instagram.
Lo que dice la ley. Enganchar un negocio al alumbrado público es un “delito penal”, con comillas. Pinchar la luz es delito de defraudación de fluido eléctrico. El artículo 255 del Código Penal castiga con multa de tres a doce meses a quien defraude energía ajena valiéndose de mecanismos instalados para ello, alterando los contadores o con otros medios clandestinos. Si lo defraudado no pasa de 400 euros, la multa baja a uno o tres meses.
Endesa subraya que la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2025, criticó que el delito solo lleve multa, a diferencia de Alemania, Francia e Italia. La reforma de la Ley Orgánica 1/2026 añade un subtipo agravado, con prisión de 6 a 18 meses o multa de 12 a 24, pero solo para los casos ligados a plantaciones de marihuana. No aplica, por tanto, a un restaurante.
Suspensión cautelar. La parte administrativa y civil es otra. El artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 permite a la distribuidora suspender el suministro de forma inmediata ante enganches fuera de contrato. Además, si no hay criterio objetivo, factura la potencia contratada, o la que tendrían que haber contratado, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles.
Hagamos la cuenta con un ejemplo ilustrativo: seis horas por 365 días son 2.190 kWh por cada kilovatio de potencia. Un local de 30 kW arrojaría 65.700 kWh. Con un precio de juguete de 15 céntimos por kWh, serían unos 9.855 euros, antes de la vía penal y de cualquier otro recargo. La Defensoría del Pueblo ha señalado que las distribuidoras recurren a este artículo como sustituto imperfecto del derecho sancionador, que también prevé la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
¿Y qué pasa con las imágenes? Hablemos del derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución). Ni el consumo eléctrico de un restaurante ni la imagen pública de su local son bienes que se ocupen o expropien. Los derechos relevantes son otros. Por un lado, el de las personas identificables que aparezcan (comensales, empleados, el dueño si es autónomo). Les protegen la propia imagen y la intimidad (art. 18.1 CE y la LO 1/1982, que exige consentimiento expreso salvo excepciones tasadas) y el RGPD, que solo se aplica a datos personales y exige una base jurídica (como el interés legítimo del art. 6.1.f).
Por otro lado, la norma europea: el art. 5.1.e) del Reglamento de IA prohíbe estos sistemas creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de cámaras de vigilancia, según las directrices de la Comisión. Estimar ocupación o tamaño de un local quedaría fuera, a priori, pero identificar rostros sí entraría. No existe una prohibición europea general de captar imágenes. Además, la CNMC recoge que detectar el fraude es obligación de las distribuidoras.
Las normas de las redes. Aquí hablamos de contrato, no de ley. Los términos de Instagram no permiten acceder a información ni recopilarla de forma no autorizada. Las condiciones de Meta, vigentes desde el 7 de octubre de 2024, exigen permiso expreso y por escrito para scrapers, bots o rastreadores. Su incumplimiento acarrea sanciones de cuenta o reclamaciones civiles, no responsabilidad penal.
En EE. UU., un juez federal concluyó en el caso Meta contra Bright Data que esos términos solo prohíben el scraping con sesión iniciada. Es un criterio sin valor vinculante en la UE. Si lo que se hizo fue revisar a mano vídeos públicos, usar herramientas oficiales o recibir el material de los propios influencers o locales, no habría infracción de esos términos. TikTok y otras plataformas tienen cláusulas parecidas.
Moraleja. Cualquiera diría que esta fábula termina con: si estafas, no lo enseñes a cámara, ni a influencers, ni a críticos gastronómicos, ni a un primo con móvil. La realidad es que Endesa ya posee las herramientas técnicas y cada vez requiere menos información visual para obtener los datos reales de consumo. En cualquier caso, hasta que lo decidan las autoridades y los tribunales, los delitos siguen siendo presuntos. Y el método abre un debate sobre el uso de datos visuales de redes sociales para investigar, cuanto menos cuestionables. Los foodinfluencers van a tener que buscarse otra metodología.
