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En un país donde se estima que hay una banca de lotería o de apuestas deportivas por cada 328 habitantes y con la proliferación de más de 15 modalidades de juegos de azar, el proyecto de ley sometido el pasado martes por el Poder Ejecutivo para regular aún más este sector ha sido recibido con apoyo, pero también con cuestionamientos.
Los representantes de los principales gremios vinculados a esta actividad han señalado algunas debilidades de la iniciativa, mientras que varios legisladores que son empresarios del sector la respaldan.
El vicepresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Cristian Guzmán Núñez, aseguró el pasado miércoles que la propuesta «está violentando» principios fundamentales para la rentabilidad del sector, en lo referente a la distancia mínima de operación entre bancas.
Explicó que la iniciativa vulnera el margen de 200 metros que debe existir entre una banca y otra, lo cual considera indispensable para la sostenibilidad de estos negocios.
«La distancia de 200 metros es un derecho fundamental para un banquero que esté legal, porque es lo que le garantiza la rentabilidad del negocio, los 200 metros», expresó Guzmán, quien recordó que ese principio está respaldado por los decretos 730-02 y 1167-01.
El proyecto del Ejecutivo establece en su artículo 60 que las casas de lotería no pueden establecerse a «menos de 200 metros lineales» de centros educativos, estancias infantiles, centros médicos y de Atención a la Discapacidad (CAID), iglesias y sedes principales de los poderes del Estado y de los órganos extrapoder. No menciona otras bancas.
Por su parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos (ADCJ), David Moniz, informó a Diario Libre que han activado su Comité de Emergencia para analizar el impacto del proyecto en el gremio.
Ambos representantes valoraron la necesidad de que el conocimiento de la iniciativa en la Cámara Alta incluya vistas o consultas públicas con los principales dirigentes del sector.
Una banca por cada 328 habitantes
Según las estadísticas oficiales, entre 2022 y 2023 había a nivel nacional 32,865 bancas, entre establecimientos de apuestas deportivas y de lotería. Esta proporción, extraída de la base de datos de la Lotería Nacional, promedia una banca por cada 328 habitantes.
De ese total, el 94.11 % correspondía a loterías (2023) y el 5.89 % a apuestas deportivas (2022), lo que representa una tasa de 30.5 bancas por cada 10,000 habitantes.
Las provincias con mayor concentración de bancas en ese entonces eran:
- Hermanas Mirabal: (50.29)
- Montecristi: (47.93)
- Santiago Rodríguez: (46.11)
- Espaillat: (43.97)
- Puerto Plata: (43.50)
En el otro extremo, Bahoruco, Pedernales, Elías Piña y El Seibo presentan las tasas más bajas, todas por debajo de 18. Pedernales, en particular, cuenta con apenas 56 bancas para más de 34,000 habitantes, lo que equivale a una por cada 614 personas.
En 2024, la ADCJ informó que los casinos generan alrededor del 40 % de las recaudaciones del sector de juegos de azar. Según cifras de la organización, las aportaciones a la economía de esta industria ascienden, en sentido general, a aproximadamente 3,211 millones de pesos al año.
El proyecto
El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica, sometió el pasado martes un proyecto de ley para regular y supervisar los juegos de azar, con el propósito de enfrentar el lavado de activos.
La legislación contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como encargada de otorgar las licencias operativas a los establecimientos.
El alcance de la iniciativa incluye: casinos, salas de juegos de máquinas tragamonedas, casas de apuestas deportivas, casas de lotería, agencias hípicas, sorteos de la Lotería Nacional, loterías electrónicas, puntos de venta de apuestas de lotería, máquinas tragamonedas, juegos de azar y apuestas por internet, bingos tradicionales, bingos electrónicos y rifas benéficas y no benéficas.
Reacción de los legisladores
Los legisladores dueños de bancas de lotería apoyaron la aprobación del proyecto para organizar «el desastre» en el sector al que pertenecen, pero pidieron una mejor revisión de la carga tributaria propuesta.
El proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo establece que las bancas deberán pagar un 1 % de sus ventas brutas mensuales, además de un incremento del gravamen anual de 50,149 a 60,149 pesos.
En ese sentido, el diputado Juan Carlos Echavarría, propietario del Consorcio de Bancas Joselito, consideró que la iniciativa llega en un momento oportuno, cuando el sector enfrenta altos niveles de ilegalidad.
Por su parte, Melvin Lara, propietario de las Bancas Alex y con trayectoria en el negocio desde 1998, también respaldó que se establezcan reglas claras y recordó que en gobiernos anteriores sí se respetaban disposiciones como las distancias mínimas entre bancas y centros sensibles.
El diputado Carlos Gil, propietario del Consorcio de Bancas La Dinámica, calificó la propuesta del Poder Ejecutivo como necesaria y expresó que el problema no ha sido la falta de leyes, sino la falta de aplicación para regular el sector al que pertenece.
El senador Edward Espiritusanto, propietario de Bancas Edward, dijo que la regulación del sector es necesaria desde hace tiempo y consideró que lo prioritario debe ser eficientizar el sistema.
Propuso que una forma de hacerlo es obligar a los operadores informales a tributar, en lugar de cargar más al sector formal, pero señaló que ese análisis debe ser encabezado por la Comisión de Hacienda, que es la que analizará el proyecto de ley de Abinader.
