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En República Dominicana, muchos ciudadanos enfrentan un dilema a la hora de denunciar un delito. Predomina la creencia de que el trámite judicial es complejo y poco eficaz, lo que provoca que prefieran buscar soluciones por su cuenta o, incluso, desistir.
Así lo expresaron tres jóvenes víctimas de robos de motocicletas, quienes aseguraron recurrir a alternativas al margen del sistema a pesar de tener un reporte formal ante la falta de apoyo al seguimiento y las dificultades que viven en los destacamentos.
«Tuve que moverme por fuera, pagar 17 mil pesos y, gracias a contactos, logré recuperar mi motor. La Policía nunca hizo nada«, señaló Miguel Lemo, víctima de robo mientras entregaba un pedido.
A Enmanuel Benavidez lo despojaron de su motocicleta hace 15 días cuando fue a recoger a dos jóvenes que se hicieron pasar por clientes. Para este joven, lo más frustrante no fue el robo, sino su recorrido interminable entre destacamentos y trabas legales que terminaron por apagar su esperanza de justicia.
«Fui como a diez destacamentos. Cuando fui al más cercano a poner la querella, me dicen que no puedo ponerla, porque el motor no estaba a nombre mío, sino de mi primo, y cuando les digo que fue a mí, que me atracaron con él, no me hacían caso. Entre tantos destacamentos, terminé en Felicidad, y nada», manifestó.
Debido proceso
La fiscal Yuderky Utate, del departamento de Litigación Final del Distrito Nacional, explicó que esta percepción surge, en parte, al no poder recuperar un bien robado de forma inmediata y tener que esperar justicia durante semanas.
«Puedo asegurar que, para muchos ciudadanos, el proceso judicial representa un dilema porque no comprenden que dicho proceso requiere tiempo«, indicó.
Aseguró que en su experiencia la mayoría de las denuncias por delitos concluyen con sentencias condenatorias.
«Cuando una persona no denuncia un robo o cualquier otro tipo de delito, le ata las manos al Ministerio Público para que no pueda perseguir a esa persona que está cometiendo ese delito«, expresó.
Tardanza
Ante las demoras, dijo que estas responden a múltiples factores que van desde obligaciones personales de los afectados hasta situaciones propias del sistema.
Entre ellas, las vistas pospuestas por presentación de excusas médicas, errores en las citaciones o incluso condiciones climáticas adversas.
Cada una de estas circunstancias obliga a reprogramar las audiencias, lo que inevitablemente retrasa el avance del proceso.
Asistencia gratuita
Muchas víctimas evitaban denunciar delitos por no poder costear un abogado. Para enfrentar esta realidad, el Ministerio Público creó el programa Relevic (Representación Legal a Víctimas), que busca ofrecer el mismo acceso que tienen los imputados a través de los defensores públicos, pero enfocado en proteger los derechos de las víctimas, ya sean de violencia de género, robos u otros delitos.
