El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace más de un año, ha solicitado ahora al Tribunal Supremo imputar al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio tras interrogarle como testigo en abril en la causa impulsada contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez ha enviado una exposición razonada al alto tribunal, ya que el representante del Ejecutivo se encuentra aforado. Peinado, responsable de un juzgado de instrucción ordinario de Madrid, no tiene competencias para imputarlo (solo puede hacerlo el Supremo).
En el documento remitido a la máxima instancia judicial, Peinado marca dos frentes contra Bolaños, responsable de las carteras de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Por un lado, el magistrado instructor afirma que “podría”, “en conexión con otras personas no aforadas”, haber incurrido en un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. El juez lo señala por este fichaje pese a que, durante su declaración como testigo, Bolaños reiteró que no conocía a Álvarez de nada y que no la propuso para el cargo de libre designación.
El segundo delito que le atribuye es el de “falso testimonio”, en base a su propia declaración ante el juez. “[Bolaños] no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio prestado bajo juramento como testigo en su declaración del día 16 de abril del presente año”, le reprocha Peinado.
Este último movimiento de Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, se produce apenas tres meses después de haber abierto esta línea de investigación. El pasado 10 de marzo, el magistrado decidió impulsar una pieza separada dentro del sumario tras tomar declaración a Cristina Álvarez (a la que interrogó como testigo antes de imputarla); y a Alfredo González, quien fuera vicesecretario general de La Moncloa. El instructor quería indagar si se contrató a la asesora de la esposa de Sánchez para ayudarla con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Efectuó múltiples trabajos para [Gómez] sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas”, dice la exposición razonada, apoyándose en dos emails enviados por Álvarez.
La propia Álvarez negó esa tesis y, en una de sus comparecencias ante el instructor, aseguró que su trabajo consiste en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo. Y añadió que solo le hizo algún favor en sus proyectos por su relación de amistad.
Sin embargo, las sospechas de Peinado escalan hasta uno de los miembros del Gobierno. “Todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas participes en dicho delito”, argumenta el juez para arremeter contra Bolaños, que era secretario general de la Presidencia cuando se nombró a Álvarez en 2018 —puesto que ocupó hasta 2021, cuando adquirió la condición de ministro—.
“[Bolaños] ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los presupuestos generales del Estado”, continúa el documento firmado por Peinado este lunes. Y sigue así con sus recriminaciones: “[El ministro] ha omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramente”. Peinado cree que le dan “evasivas” ante la pregunta de quién la contrató y quién la propuso.
El juez instructor remacha que “existen indicios razonables, sólidos y cualificados para considerar la participación a título de autor del aforado Félix Bolaños de un posible delito de falso testimonio, y a título de coautor de un delito de malversación de caudales públicos”. En la exposición razonada, de 32 páginas y a la que tuvo acceso EL PAÍS, Peinado amenaza con que, ante las “evasivas” del ministro, solo queda ya en este momento de la instrucción ordenar un registro en La Moncloa, “donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento de Cristina Álvarez”. Aunque, de seguido, él mismo se frena y asegura que, “por ahora”, sería una iniciativa desproporcionada.
Respuesta del Gobierno
El movimiento de Peinado ha generado una gran estupefacción en el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo subrayan que no “hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos”: “Es paradójico que el escrito [del magistrado] lo califique de ‘público y notorio’ cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación”.
Es más, el Gobierno acusa a Peinado de tergiversar las palabras de Bolaños para atribuirle un falso testimonio. “Estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó. Y un tribunal superior (la Audiencia de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo”, afirman fuentes de Presidencia. “El escrito acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo. Sin embargo, la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones”, alegan estas mismas fuentes.
