Los esperados datos oficiales lo confirman: hay más mandadas y lobos que en el anterior censo sexenal y su expansión territorial ha ganado espacio. Así, el último conteo oficial (2021-2024) contabiliza 333 grupos del cánido en toda España, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto al anterio (2012-2014), cuando se anotaron 297 grupos. Unas cifras que para el Ministerio para la Transición Ecológica supone un crecimiento y expansión moderada en los límites de expansión, que más allá de estabilizarse en sus zonas habituales de campeo (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), también registra presencia en territorios en los que la última vez no había, como Extremadura.
Pese a ese incremento, según han trasladado a Ep desde el departamento de Sara Aagesen, el estado es desfavorable y, por tanto, «no puede haber controles letales de la especie». Precisamente era la pugna entre las comunidades y el Gobierno, sobre todo desde que en septiembre fue incluido -con el voto en contra de las zonas loberas- en el Lespre (Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección), impidiendo a las autonomías su gestión , por tanto, control cinegético también al norte del río Duero, lo que ha conllevado un incremento en los ataques a la ganadería, según han denunciado también las organizaciones agrarias y el sector.
Además, también hay contabilizadas manadas cruzando la sierra de Guadarrama, una barrera natural que el lobo saltó hace años, y ya tiene presencia en Madrid, Castilla-La Mancha. Por el norte, País Vasco y La Rioja son otros de los territorios por los que se ha expandido del depredador.
Castilla y León sigue siendo la autonomía con más, hasta las 193 contabilizadas en el último censo, de las que 163 son exclusivas y 33, compartidas. Le siguen Galicia, con 93 (83 exclusivas); Asturias, con 45 (33 únicas del territorio) y Cantabria, con 23 (14 ‘propias’) y que es donde, en términos porcentuales, más se han incrementado, pues en el anterior conteo había 12. Además, Madrid reporta cinco (tres exclusivas), mismo número que La Rioja; Castilla-La Mancha, cuatro y Extremadura, una compartida.
Estos esperados datos del censo, avanzan desde el Ministerio, «servirán para establecer si el estado de conservación de la especie es favorable o desfavaforable de acuerdo a los criterios fijados por la Unión Europea». La base para que las autonomías puedan volver a esa gestión cinegética a la que se ha abierto la puerta después de que, a través de la Ley de Desperdicio Alimentario, se sacase al lobo del Lespre y que la Unión Europa, siguiendo lo acordado también por el convenio de Berna, haya acordado ya oficialmente rebajar de «estrictamente protegido» a «protegido» el estado de esta especie.
Son los gobiernos los que ahora tienen la última palabra, una vez que el 14 de julio entre en vigor oficialmente el cambio de estatus del cánido en el ámbito comunitario. Pero la posición del Ejecutivo español ya de inicio no parece muy proclive a dar su brazo a torcer. «No puede haber controles letales de la especie», han asegurado este viernes desde el departamento de Aagesen tras conocerse el último censo sexenal del canis lupus, pues consideran que sigue en estado desfavorable. Aluden en este sentido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad.
Inciden en que, de acuerdo al rango estimado de entre 4,5 y 6,5 ejemplares por manada, la población lobera en España oscilaría en entre 1.300 y 1.900 lobos, menos que linces, especie también protegida. Además, advierten de que, de acuerdo a las cifras manejadas en los últimos meses los planes de extracción de ejemplares, se llegaría a un centenar, lo que equivaldría a unas 20 manadas y dejaría la situación de la especie en el mismo nivel que en 2019. Eso sí, en esa cuenta, Transición Ecológica no computa a los nacimientos de ejemplares.
