El juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir de España a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su presunta implicación en el caso Koldo. El magistrado ha tomado esta decisión tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido que se les impongan estas medidas cautelares después de que los dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes hayan declarado este lunes como imputados en la Audiencia Nacional, donde han negado su relación con la supuesta trama de corrupción que salpica a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex secretarios de Organización del PSOE, y a Koldo García, exasesor de Ábalos.
En la resolución dictada para retirarles el pasaporte, el juez Moreno dispara sin paliativos contra los dos ex altos cargos: “De la investigación realizada, las evidencias digitales y la documentación obrante en la causa, se ha constatado que [ambos] habrían participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes, favoreciendo de manera recurrente, a petición de Koldo García, a diferentes constructoras para la obtención fraudulenta de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas mercantiles Acciona, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción)”.
Hasta ahora, Pardo de Vera y Herrero se han desmarcado de las supuestas irregularidades y han negado que participaran en un amaño de obra a cambio de mordidas. Ya habían declarado como testigos en las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Y ambos comparecieron en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el caso Koldo. En todos esos escenarios, los dos se desvincularon de cualquier trama.
Este lunes, según fuentes jurídicas, los dos ex altos cargos han respondido a sus abogados y al fiscal. Y ambos se han acogido a su derecho a no contestar a las acusaciones populares, lideradas por el PP. El juez Ismael Moreno no les ha hecho preguntas, pese a que su resolución de retirada de pasaporte les atribuye tres delitos (organización criminal, cohecho y tráfico de influencia) —al ordenar los registros de sus casas ampliaba el listado a cinco, incluyendo también los de prevaricación y malversación—.
Según estas mismas fuentes, los dos imputados han negado irregularidades en sus actuaciones y las han enmarcado dentro de una normal actuación administrativa. El ex director general ha admitido que Koldo García le preguntaba por las obras, pero ha afirmado que le facilitaba información una vez que esta ya era pública. De hecho, en esta línea, Herrero ha manifestado que él creía que el asesor del ministro le preguntaba por interés político (no para influir en el proceso): es decir, para poder rentabilizar electoralmente el avance de obras en las campañas para los comicios.
Herrero ha continuado en esa línea para criticar las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo señala a él y a Pardo de Vera como presuntos facilitadores de las obras amañadas. “[Los dos] habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación”, escribió el juez Moreno en una resolución del 25 de junio. Sin embargo, el ex director general de Carreteras ha alegado que los investigadores confunden fases del proceso; además de mezclar fechas. Es más, Herrero ha añadido que participan varios equipos distintos en las valoraciones técnicas y económica.
El imputado ha restado valor a los mensajes interceptados por la UCO, en los que intercambia información con Koldo García sobre adjudicaciones. En uno de ellos, fechado el 22 de abril de 2019, día que se abrían las ofertas económicas para la concesión de una obra en Logroño, el director general de Carreteras le espetó al asesor del ministro: “Bingo!!!! En Logroño”. Y ocho días después, le escribía: “Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias”. Según se ha excusado Herrero ante el juez, la expresión de “bingo” la usaba porque se habían conseguido desbloquear proyectos, no porque se hubieran concedido las obras a una empresa concreta.
A través de un comunicado difundido tras los interrogatorios, Pardo de Vera ha añadido: “Ninguno de los mensajes de Koldo García tuvo efectos en los procesos de contratación de Adif mientras yo fui presidenta de la compañía, que se realizaron con todas la garantías técnicas y legales. Tal como sucedió en todos los expedientes tramitados por concurso abierto durante mi mandato, siempre resultó adjudicataria la mejor oferta”. “Mi prioridad fue siempre el cumplimiento de los objetivos que el nuevo equipo nos habíamos marcado, principalmente la transformación estratégica de la compañía, siempre en el marco de la más estricta legalidad y profesionalidad”, ha remachado.
Pardo de Vera también está imputada por la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec —el juez destaca que, en esta última, quedó adscrita directamente a la Presidencia de Adif—. Según ha defendido la ex alto cargo, ella derivó su currículum por petición de Koldo García, pero desconocía la vinculación de Rodríguez con el ministro Ábalos. Según ha apostillado, de eso se enteró después y, por ello, ella no quiso renovarle el contrato. Pardo de Vera ha asegurado igualmente que se quejó varias veces al ministro de las formas y las presiones de su asesor.
“Sobre la contratación de Jésica Rodríguez, he confirmado que no conocía de nada a esta persona, tal y como indica el propio informe de la UCO. Recibí la solicitud del exministro para que Ineco la entrevistara, pero no participé en el proceso de contratación ni en las entrevistas. Pocos meses antes de la finalización del contrato, mantuve una conversación con el ministro para indicarle que no procedía ninguna prórroga, y me indicó que lo entendía y di por cerrada la cuestión. Desconocía por completo que tres meses después Jésica Rodríguez fuese contratada por Tragsatec”, añade el comunicado de Pardo de Vera.
Los interrogatorios de este lunes se producen después de que el caso Koldo haya dado varios saltos mayúsculos. La investigación se centró primero en la concesión irregular de contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, con Víctor de Aldama como comisionista. Pero la causa ha escalado hasta revelar un supuesto amaño de obra pública a cambio de mordidas. El Tribunal Supremo ha asumido la parte de las pesquisas sobre José Luis Ábalos (actualmente es el único aforado salpicado, ya que Santos Cerdán dejó el escaño este junio) y aquellas actuaciones que tuvieran una vinculación relevante con el diputado. La Audiencia Nacional sigue con el resto, incluidas las indagaciones sobre Pardo de Vera y Herrero.
Sobre Aldama, según fuentes jurídicas, la expresidenta de Adif ha contado que había visto al empresario por el Ministerio, pero que antes no lo conocía.
Riesgo de fuga
Pese a que las partes no han pedido este lunes la entrada en prisión de los dos ex altos cargos, el magistrado Moreno ha entrado a valorar el riesgo de destrucción de pruebas. “No se considera que los investigados puedan hacer desaparecer ‘fuentes de prueba’, toda vez que realizadas las diligencias de entrada y registro [en sus viviendas] se ha procedido a la incautación de toda la documentación relativa al mismo que se encuentra depositada y en custodia”. “Tampoco se considera que existan indicios en la causa que permitan entender que existe riesgo de fuga”, añade el juez.
