El Gobierno ha declarado la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Via Laieatana, como Lugar de Memoria Democrática por ser un espacio donde se han cometido “crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos” y por ser el “nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura” de Francisco Franco en Cataluña.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado en la mañana de este martes, que detalla que, por resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se publica el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración como Lugar de Memoria Democrática del “Edificio situado en Via Laietana, 43, Barcelona”. La decisión llega tras la petición en noviembre del 2024 del consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que apostó porque la Policía Nacional dispusiera “de una sede moderna, más funcional y operativa”. “Este es el planteamiento que había desde el Govern y el objetivo se ha conseguido”, ha afirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La actividad policial, en todo caso, seguirá activa en la actual sede a pesar de las peticiones de los organismos civiles y sociales.
La publicación ha indignado a los sindicatos policiales, mientras que los partidos políticos se dividen entre los que aspiraban al fin de la actividad policial (Sumar, ERC y Comuns) y los que critican la decisión del Gobierno. El sindicato de la Policía Nacional Jupol ha denunciado este martes la “traición” del Gobierno al entender que ha convertido la Jefatura de Vía Laietana en Barcelona en “símbolo del independentismo”. “Esta decisión responde únicamente a intereses políticos a corto plazo, a la necesidad de contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno y a desviar la atención sobre los graves escándalos de corrupción que lo acorralan”, sostiene Jupol, que pide “revocar” la decisión.
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, Gerardo Pisarello, por su parte, ha pedido que la comisaría deje de ser un “centro policialmente operativo”, a lo que se ha sumado ERC y entidades civiles como Òmnium. “La Policía Nacional debe irse”, ha reclamado su presidente, Xavier Antich.
Según se explica en los fundamentos jurídicos, la comisaría de Via Laietana, que entró en funcionamiento en 1929 bajo la dictadura de Primo de Rivera, pasó a ser en 1941 la sede de la Jefatura Superior de Policía, donde se instaló la Brigada Político-Social, “encargada de perseguir a la disidencia política”.
“Desde que se inauguró (…) fue el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés. Durante la época republicana, continuó siendo un lugar de represión hasta el punto de que era conocido en los círculos obreristas como ‘El molino sangriento’. A partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, se convirtió en el centro de la represión política franquista en Barcelona”, se lee en el documento.
También recuerda que “por sus insalubres y saturadas celdas” pasaron “centenares de antifranquistas” que sufrieron “todo tipo de torturas en los interrogatorios”, además de personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, prostitutas o gitanos “a quienes se encerraba sin haber delinquido”.
A lo largo de la dictadura se estima, que solo en Barcelona, “un mínimo de 4.143 personas” fueron detenidas por actividades políticas. Por todo ello, según se esgrime en los fundamentos jurídicos, “es imprescindible” que este “nodo principal” de la dictadura en Cataluña, “los crímenes cometidos en este lugar”, así como “el sacrificio de todos los que fueron detenidos” en el número 43 de la Via Laietana “no caigan en el olvido”.
A partir de esta declaración, se deberá garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada de este edificio propiedad del Ministerio del Interior. Además, tras su colocación, quedará prohibida “la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática”.
El Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, promoverá también la “adecuada difusión, señalización e interpretación de lo acaecido” en el edificio, y podrá “impulsar la adecuada promoción de itinerarios, físicos y virtuales, de memoria y democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados”.
