El piso en el que vive Yolanda tiene 39 metros cuadrados. El recibidor, la cocina, el salón y la habitación son una estancia abierta. Solo el baño tiene un espacio propio. A priori, ningún lujo. Pero por esa casa piden 550 euros de alquiler. En Sitges (Barcelona), el lugar donde reside, la vivienda más barata de las anunciadas en el portal Idealista presenta las siguientes características: estudio, 37 metros cuadrados útiles, en alquiler temporal -de octubre a julio- y por 800 euros al mes. Visto en contexto, igual lo de Yolanda sí tiene algo de lujo.
El secreto está en el rótulo que acompañaba a aquel inmueble cuando salió por primera vez al mercado: vivienda de protección oficial (VPO). La fórmula, que vivió su boom en la década de los 80, facilita el acceso a un hogar asequible a personas que cumplen determinados requisitos, con la administración como garante: se destina financiación pública para crear un parque inmobiliario de precios topados. Esas casas y pisos salen al mercado, en venta o alquiler, en unas condiciones que sí están al alcance de la mayoría, al margen de las fluctuaciones del mercado y de cualquier burbuja. El modelo fue muy popular en los 80 y 90, como también durante los años más prósperos del ladrillo, pero ahora, cuando la crisis habitacional la hace más necesaria, aquella solución no toma fuerza. Al contrario, la vivienda protegida es cada vez más la «suerte» de unos pocos.
«Mis padres vivían en un piso de protección en Barcelona, que pudieron comprar a muy buen precio». Habla Yolanda, de 50 años, residente en Sitges, pero la afirmación podría atribuírsele a los miles de españoles que crecieron en una de las hasta 100.000 VPO que salían al mercado cada año en la década de los 80 -según Funcas-. El Ministerio de Transportes dispone también de estadísticas: en 1995, hace 30 años, se pusieron a disposición de la ciudadanía 71.141 viviendas con la etiqueta de «protegida» -llegarían a ser 85.028 en 1997-. Ahora, sin embargo, la oferta se ha desplomado: en 2024 salieron al mercado 14.371 VPO, un 80% menos que hace tres décadas.
Las administraciones públicas no están dando impulso a una solución que es hoy, quizás, más necesaria que nunca. En estos años también se ha reducido el número de viviendas libres terminadas -entre 1995 y 2024, un 44% menos-, lo que ha incrementado el desequilibrio entre oferta y demanda y, en consecuencia, aupado los precios. La ecuación lleva a una crisis habitacional sin precedentes que es palpable en todo el territorio. Si, ante esto, la oferta de vivienda pública asequible no responde al alza, cada vez son más los que se quedan desplazados del mercado. Los que no tienen un lugar donde vivir al alcance de sus bolsillos. Como Yolanda.
Las VPO cuentan con una particularidad: son viviendas protegidas durante un periodo de tiempo con fecha fin. La duración depende de la administración competente y varía por comunidades, aunque suele oscilar entre los 10 y 30 años. A partir de entonces, su precio deja de estar topado, su alquiler pasa a ser el de mercado y puede venderse por el importe que se quiera. Si la caída en la concesión de nuevas viviendas protegidas está reduciendo el parque de hogares asequibles, este problema se agrava aún más a medida que lo que un día fueron VPO están dejando de serlo. A la de Yolanda ya le ha llegado su fecha límite, pero ella y otras 67 familias afectadas en Cataluña han iniciado ahora una huelga de alquileres para instar a la Generalitat a adquirir sus casas y extenderles la condición de protegidas. «Lo que estamos pidiendo es algo coherente: que lo que empezó siendo público sea público para siempre».
«Yo me apunté a un sorteo del Ayuntamiento y, en el año 2007, me llamaron. Era la primera vez que hacían VPO en un tipo de vivienda muy pequeña, de una sola habitación», recuerda Yolanda, que rememora el alivio que sintió cuando le dieron las llaves de la casa en Sitges: «Pensé ‘ya está, me ha tocado un piso, mis padres lo han tenido, muchas familias en España han vivido gracias a esta fórmula, sobre todo en la clase trabajadora… He tenido mucha suerte'». Teo, de 70 años y vecina del mismo bloque, tiene un relato muy parecido: «Cuando te dan una solución que puedes pagar medianamente sin tener que dejar de comer, te ilusionas mucho».
No andan desencaminadas en valorar como una «suerte» que les tocaran aquellas viviendas protegidas. Entonces la oferta era algo mayor y, por tanto, había más posibilidades, pero actualmente poder acceder a esta fórmula habitacional es casi una quimera. Según la Encuesta sobre vivienda social (elaborada por el Ministerio competente), en 2023, último año del que hay cifras disponibles, 447.046 españoles estaban apuntados en alguno de los registros -autonómicos y locales- de demandantes de vivienda protegida. Ese año se sacaron al mercado 8.847 VPO, una por cada 50 personas que la requerían. En Cataluña, donde viven Yolanda y Teo, el 1% de la población estaba inscrita en 2023 como demandante de vivienda protegida. 91.508 personas, pero aquel año solo se sacaron 400 VPO al mercado catalán.
El problema no es solo que no se esté generando la vivienda protegida que se necesita; no es solo que el número de VPO no crezca pese a la crisis habitacional vigente. El problema es que el parque de pisos protegidos va camino de reducirse. «Escuchas a los políticos decir que van a hacer 200.000 pisos de protección, pero si a los que ya hay les van a retirar esa condición, estamos igual», lamenta Teo. Su casa y la de Yolanda son unas de las que están llamadas a dejar de incluirse en el registro de VPO en los próximos meses: llegado el plazo fijado, las van a descalificar. Sus pisos son viviendas protegidas en régimen de promotor privado -la administración pública aportó el suelo o financiación, pero la construcción y comercialización fue a cargo de una entidad privada, la Obra Social La Caixa-. Y, ahora, piden a la Generalitat que las adquiera para mantenerlas como vivienda pública y a precios asequibles. «A mí me da igual que quieran hacer negocio con casas de un millón de euros, porque yo no voy a acceder a eso. Pero con lo que un día fueron viviendas protegidas…», critica Yolanda, que se pregunta: «Entonces, la clase trabajadora, ¿dónde nos metemos?».
En España, cada vez en menos sitios. Según la Estadística Continua de Población del INE, el país sumaba 19.430.660 hogares en 2024. De ellos, solo el 3,4% se ofrecía en un régimen de alquiler social -no necesariamente son viviendas protegidas, pero sí presentan un precio inferior al de mercado-, según recoge la última Encuesta de condiciones de vida elaborada por el INE. En Suecia, Francia, Dinamarca, Austria y Países Bajos, el porcentaje de viviendas en alquiler social supera el 15%, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda del Ministerio. En España, pese a que el alquiler se disparó un 11,5% en 2024 -según Idealista- y su coste medio alcanzó los 13,5 euros el metro cuadrado, solo el 3,4% de las viviendas se ofertan en alquiler por debajo de ese precio.
Es habitual escuchar, en campaña o fuera de ella, a los líderes políticos hacer grandes anuncios sobre promociones de vivienda pública. «El Gobierno de España acaba de transferir casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda. Se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible», dijo Pedro Sánchez en el mes de enero, en el que fue su anuncio de apertura del año. Defendió entonces que era necesario blindar la vivienda protegida, garantizando que se mantenga indefinidamente su condición de titularidad pública. Sin embargo, España no es uno de los países a la cabeza en inversión pública en protección social inmobiliaria. Según un estudio del Observatorio de Vivienda y Suelo, entre 2007 y 2021 las administraciones nacionales destinaron, de media, 34 euros al año por habitante a la protección social de la vivienda -en Alemania fueron 209 euros por persona, 274 en Francia-.
Las licencias de vivienda protegida han crecido bajo mandato de Sánchez -de 5.191 en 2018 a 14.371 en 2024-, aunque la cifra sigue lejos de las registradas antes de la crisis y el aumento es insuficiente en el actual contexto de emergencia habitacional. Y, sobre todo, la falta de inversión pública en VPO está provocando que esta fórmula se aleje cada vez más de su razón de ser: ya no son tan «asequibles». «El modelo ha fracasado porque no ayuda a crear un verdadero parque de vivienda social», sostienen desde el Sindicat de Llogateres, y explican que quienes acceden a nuevas VPO lo hacen por un precio cada vez más elevado. Teo paga 650 euros al mes por su vivienda, de dos habitaciones y en la que reside con su hijo. Pensionista, este alquiler supone para ella el 60% de sus ingresos. Cuando entró en aquella VPO, en 2012, pedían algo menos de 350 euros. A Yolanda, que ejerce como docente autónoma y recibe una pensión por una enfermedad, le retiraron el contrato porque exigían una renta mínima de 1.500 euros para seguir en la vivienda protegida. No los tiene, pero sigue viviendo allí, pagando el alquiler -hasta iniciar la huelga- sin contrato.
En 2005, en plena burbuja inmobiliaria, el valor tasado medio de las VPO era de 912,6 euros el metro cuadrado. Veinte años después, en el primer trimestre de 2025, dicho valor se aupó hasta los 1.170,2 euros, un 28% más, según las estadísticas que ofrece el Ministerio de Transportes. En ese tiempo, el valor tasado medio de la vivienda libre ha pasado de 1.685,4 euros a 2.033,4 euros el metro cuadrado, un 20% más. Esto es: el precio de las VPO ha crecido más que el del parque inmobiliario libre. Incluso, en 10 provincias el precio estimado de venta de la vivienda protegida es hoy mayor al de la libre. Como ejemplo, lo ocurrido con una de las últimas promociones de inmuebles protegidos anunciadas en Sevilla: la Empresa Municipal de la Vivienda las ha puesto en venta por entre 200.000 y 350.000 euros, algo «indecente», según Facua, y que ha generado protestas en la capital andaluza.
Pese a que los precios de las VPO también han crecido con el tiempo, estos hogares siguen siendo la única opción al alcance de muchos. «Lo otro es un alquiler social, pero es que eso nunca llega, hay miles de personas solicitándolo», lamenta Yolanda. Entonces, si su vivienda pierde la condición de protegida y tienen que enfrentarse a los precios del mercado, ¿qué alternativa les queda? «Tendría que dejar el pueblo en el que llevo viviendo 33 años y, con 50 años, me tendría que ir a un piso en la España vaciada y pagaría 300 euros por una habitación», dice Yolanda. Teo es más irónica al barajar esa posibilidad: «Me tendría que poner una tienda de campaña en el Ayuntamiento y ahí me quedo».
Ninguna sopesa salir en busca de otro piso en Sitges. «Ha habido un boom inmobiliario y en zonas costeras como esta pasa como en Barcelona y Madrid, lo están haciendo todo airbnbs«. Al hacer una búsqueda en este portal de alquileres vacacionales, salen más de 500 ofertas de pisos en Sitges. En Idealista, portal que ofrece anuncios de viviendas para residir -de larga temporada-, solo aparecen 218 resultados.
