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El PP requiere a Muface los documentos del ático alquilado a la familia de Begoña Gómez

by Marko Florentino
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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado el pasado 11 de agosto una serie de preguntas en el Congreso para exigir al Gobierno respuestas sobre el uso del ático que Muface posee en la sexta planta de un edificio de la calle San Bernardo, en Madrid. El mismo que lleva décadas alquilado a poco más de 850 euros al mes a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El PP exige conocer el contrato actual y el titular de este, así como saber si la mutualidad pública tiene constancia de que se encuentra subarrendado sin autorización de la entidad.

La pregunta la firman los diputados Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra y Pedro Muñoz Abrines, que reclaman a Muface que se aclare quién figura actualmente como titular del contrato de alquiler y se tiene constancia de que ese ático, alquilado por apenas 850 euros mensuales, está siendo subarrendado por los inquilinos a terceros para uso tipo pensión, con hasta 14 habitaciones, por un importe anual que rondaría «los 46.000 euros».

La iniciativa surgen después de las revelaciones publicadas por THE OBJECTIVE, que daban cuenta de una investigación interna impulsada por Muface para revisar los criterios bajo los cuales se autorizó el subarriendo del ático, así como la posible falta de documentación que avale su legalidad. Según pudo comprobar este diario, el inmueble fue dividido tras el cierre del hostal en 2022, justo tras la pandemia, y reconvertido en tres apartamentos. Dos de ellos serían alquilados a terceros, mientras que el tercero estaría ocupado de forma intermitente por Enrique Francisco, tío de Begoña Gómez.

Muface no dispone de constancia documental de que estos subarriendos contaran con su autorización, a pesar de que sus protocolos internos exigen una comunicación formal y un informe técnico que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para realquilar la propiedad a terceros. La mutualidad ha abierto una revisión de los contratos para verificar si se ajustan a la normativa vigente y si se han empleado los inmuebles conforme al uso declarado originalmente. Sin embargo, se ha negado en varias ocasiones a aportar esa documentación ante peticiones de los grupos políticos de la oposición en el Congreso.

Gastos comunitarios

Además, tal y como ha informado este diario, Muface ha cubierto durante décadas los gastos de mantenimiento del edificio, desde seguridad hasta limpieza. La familia de Begoña Gómez habría venido beneficiándose de alquileres tasados muy por debajo del valor de mercado, un hecho que los populares califican de «trato de favor» y que consideran merece una explicación clara y transparente por parte del Ejecutivo.

Mientras, Moncloa, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sigue guardando un silencio total sobre cuándo y cómo se alquilaron al menos tres propiedades de Muface a la familia de Begoña Gómez. Y por qué siguen percibiendo por ello rentas que suponen una pequeña fracción de lo que cuestan esos inmuebles en el mercado actual, como el ático de 139 metros por apenas 850 euros.

A ello hay que sumarle también el hecho de que la sauna Adán, situada en el bajo y el primer piso del inmueble, también está alquilado a la familia Gómez desde la década de los años 80. Un local polémico que también ha entrado en el terreno político por el presunto uso que se le dio desde un sector policial para operaciones encubiertas. Grabaciones de índole sexual para extorsionar luego a políticos, jueces o periodistas, tal y como reveló en THE OBJECTIVE el líder del sindicato Manos Limpias.

Las cintas de las saunas

Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien grabó algunas de las cintas en las que los participantes y conocedores de estas operaciones hablaban sin tapujos de las actividades que allí se producían. Unos audios que afectan directamente a la esfera familiar del presidente del Gobierno, y que Ferraz buscó conseguir cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Lo lograron, tal y como avanzó este diario, de la mano del empresario Javier Pérez Dolset -‘socio’ de Leire Díez-, que las entregó a Ferraz

Dolset había obtenido todo ese material previamente del entorno de Villarejo y había logrado desencriptarlo con éxito. Lo que ahí afloró tras romper las protecciones de los archivos, convenientemente colocadas por el excomisario, fueron un total de 177 ‘carpetas’, cada una referente a un tema concreto.



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