Pocas cosas han cambiado de cara al nuevo curso político. Todo indica que la dificultad para lograr mayorías seguirá siendo el principal dolor de cabeza del Gobierno cuando se reanude la actividad parlamentaria. No ha habido un cambio significativo en el tablero que sugiera que la labor del Ejecutivo de conseguir los apoyos de sus socios vaya a ser más fácil en este nuevo ejercicio, y aún así, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró especialmente optimista el pasado lunes afirmando que este otoño el Gobierno sí cumplirá con su deber constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para debatirlos en las Cortes antes de que acabe el año.
«Rotundamente sí», aseguró Montero. «Por supuesto, el Gobierno de España va a presentar el proyecto de Presupuestos que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando».
En el Partido Popular, sin embargo, no son tan optimistas como la titular de Hacienda y continúan acusando la precariedad que experimentan ciertos servicios públicos que funcionan desactualizados bajo prórrogas presupuestarias. En Génova entienden que la prioridad del Gobierno ahora mismo debería ser presentar unas nuevas cuentas anuales para su aprobación, o, por el contrario, de no conseguirse los apoyos suficientes, entonces «lo normal es que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones», concluía este jueves el vicesecretario de Política Autonómica de los populares, Elías Bendodo, que quiso hacer un anuncio.
El PP, según comunicó este jueves Bendodo, presentó este miércoles en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a varias cuestiones. En primer lugar, a presentar de forma «urgente» el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, a unificar las reglas fiscales. En tercer lugar, un plan económico-financiero para toda la Administración General del Estado. Y en cuarto lugar, «de una vez por todas», que el Ejecutivo comparezca para desglosar el plan de gasto en defensa que debe implementar para cumplir con el acuerdo unánime suscrito por todos los Estados miembros de la OTAN de invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar. Un plan que según el PP, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está «ocultando» a la ciudadanía y a sus socios.
