Si Miguel Ángel Guzmán —exviceconsejero andaluz de Salud y exgerente del servicio andaluz de Salud (SAS)— se incorporara a la aseguradora Asisa el próximo lunes, como él tenía previsto hacer, incurriría en “incumplimiento de la normativa de incompatibilidad de altos cargos”. Es lo que concluye el informe que ha elaborado la Inspección General de la Junta de Andalucía sobre el fichaje, por parte de la compañía privada, de quien fue número dos de esa consejería. El documento establece, no obstante, que la incompatibilidad termina el próximo 29 de julio y que, a partir de esa fecha, Guzmán sí puede trabajar en la aseguradora sanitaria. ¿El motivo? Que el 29 de julio se cumplen dos años desde su cese como gerente del Servicio Andaluz de Salud, cargo desde el que autorizó 14 contratos con entidades vinculadas a Asisa. Los servicios jurídicos no consideran que la incompatibilidad se pueda aplicar al puesto de viceconsejero de Salud del Gobierno regional que Guzmán ha ocupado desde 2022 y hasta el 27 de diciembre de 2023.
El informe se ha hecho público este viernes. El ex número dos de Salud —que se afilió al PP después de la pandemia―, en conversación con este diario, ha asegurado que aún no tenía conocimiento del contenido del texto pero ha subrayado que acatará sus conclusiones. “Cumpliré estrictamente la ley, como siempre he hecho”, ha indicado. La víspera, a última hora, Guzmán había remitido un comunicado en el que informaba de que aplazaba su incorporación a la aseguradora hasta conocer el resultado del informe que estaba preparando la Junta.
Un portavoz de Asisa ha confirmado que será a partir del 29 de julio cuando se valore de nuevo la contratación del exviceconsejero. “Hasta entonces pueden haber cambiado muchas circunstancias”, ha apuntado. La aseguradora señala que fue su conocimiento de la sanidad en Andalucía y su trayectoria tanto en la Administración como en la empresa privada lo que se tuvo en cuenta para proponer a Guzmán para el cargo de director médico de Asisa en la comunidad; un puesto, puntualizan estas fuentes, que se circunscribe a la cobertura de los asegurados particulares y a la relación con el cuadro médico de los hospitales del grupo.
El informe jurídico de la Junta establece que la incompatibilidad de Guzmán “estaría motivada por los 14 contratos que desde el SAS se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora, entre noviembre de 2019 y junio de 2022″. La Inspección puntualiza que, aunque esos contratos “no fueron firmados directamente” por el entonces gerente del SAS sino por el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, “esto no altera la competencia”. La ley de incompatibilidades fija en dos años el tiempo en el que se limitan las actividades de los ex altos cargos públicos tras su cese.
Estas consideraciones contradicen los argumentos que Guzmán ofreció inicialmente para justificar la viabilidad de su fichaje por Asisa: que la concesión de los contratos se hacía en la mesa de contratación, en la que él no estaba presente, y que los hospitales que Asisa gestiona a través del grupo HLA no podían considerarse lo mismo que la aseguradora donde él iba a prestar servicios. En el periodo en el que él fue gerente, se firmó un acuerdo en el que se autorizaba una adjudicación a dedo a los hospitales de Asisa por 43,67 millones de euros.
La Junta, en todo caso, circunscribe la incompatibilidad de su ex alto cargo a la época en la que fue gerente del SAS, es decir, hasta julio de 2022, sin extenderla a su cargo posterior como número dos de la consejería. “Los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán como viceconsejero”, indica el informe.
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Las conclusiones de la Inspección de la Junta se incorporarán a la investigación que paralelamente está llevando a cabo la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OFA), según explica un interlocutor de la entidad. A lo largo de esta semana, Adelante Andalucía, Por Andalucía y la organización de consumidores Facua han presentado sendas denuncias pidiendo que se investigue la posible incompatibilidad de Guzmán con su fichaje por Asisa. La OFA es competente para investigar y tiene capacidad sancionadora, recuerdan.
Con el dictamen de la Inspección, el Gobierno andaluz ha “dado por cerrada” la polémica generada a lo largo de toda esta semana. Sin embargo desde la oposición se ha señalado cómo, de no haber trascendido el fichaje de Guzmán, este hubiera sido contratado “en absoluta incompatibilidad”, como ha señalado el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
El consejero de Justicia, Antonio Nieto, ha anunciado esta mañana que la Junta impulsará la reforma de la ley de incompatibilidad porque “es muy mala”. Nieto considera que la actual redacción que estipula que deben pasar dos años hasta que un ex alto cargo pueda desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio de sus funciones públicas, es una injusticia”. “¿Cómo mantiene a su familia?; ¿cómo paga su hipoteca? o ¿cómo cubre sus gastos?. Creo que tenemos que intentar ser sensatos en esta materia y aplicar con sentido común y con todo el rigor”, ha señalado.
La norma fue ya modificada en 2021 por el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Por Andalucía también ha registrado en el Parlamento una reforma de la ley de incompatibilidades para reforzar la protección ante las puertas giratorias.
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