El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado al Gobierno de Canarias la declaración de la capital como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.
De esta forma, el gobierno municipal solicita a la Comunidad Autónoma de Canarias que inicie los trámites correspondientes. El objetivo de este paso es que se establezcan las medidas incluidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España para controlar los precios de los alquileres, ya que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda.
La proposición insta al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio para la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria y que se proceda, previa elaboración de una memoria, a la situación de mercado residencial tensionado.
Además entre los acuerdos que contempla la proposición del gobierno de la ciudad está la redacción de un plan específico que debe proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo, y se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
En el documento se explica que la declaración de zona tensionada permite que se pueda aplicar el índice de referencia para el precio del alquiler, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de implementar. Este será de aplicación cuando el propietario sea gran tenedor, es decir, persona titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial, o cuando se trate de una vivienda que no haya estado en alquiler en los últimos cinco años.
La aplicación del índice de referencia de precios permitirá luchar contra la especulación que se produce en el mercado del alquiler en muchos pueblos y ciudades, que impide destinar menos del 30% de los ingresos para pagar la vivienda, así como aumentar la oferta de vivienda a un precio asequible.
El requisito inicial para todo esto es que Canarias, como administración competente, apruebe las solicitudes que le plantean los ayuntamientos para la declaración de zona de mercado residencial tensionado.
Asimismo la declaración de zona de mercado residencial tensionado supone que los contratos nuevos de los pequeños propietarios quedarán referenciados al contrato anterior y que estos propietarios disfrutarán de beneficios fiscales si rebajan el precio del arrendamiento, alquilan a jóvenes, ceden sus viviendas a una Administración pública o han realizado inversiones que posibiliten la mejora de su sostenibilidad.
Tomando como referencia la Ley del Gobierno de España y el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, consideran que «se puede concluir que existen circunstancias que determinan» que Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el rango de zonas tensionadas según la legislación «por coincidencia de la media municipal en los dos supuestos reglados para el concepto de zona tensionada: crecimiento en el precio del alquiler y porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda superior al 30 por ciento».
