Las elecciones que celebra Andalucía este domingo 17 de mayo reflejan, entre otras cosas, la batalla por el relato de las renovables. Con la crisis energética por la guerra en Irán de fondo, la fiscalidad energética y la polémica por el uso de la energía nuclear también copan las propuestas de los principales partidos políticos.
Siendo la comunidad autónoma con mayor potencia solar y una de las que más energía renovable instala cada año, prácticamente todas las formaciones llevan en sus programas incentivos para este tipo de tecnologías.
El Partido Popular de Juanma Moreno llega a estas elecciones ‘sacando pecho’ por su política energética y la alta implantación de renovables en el territorio, pasando de 6,1 gigavatios (GW) en 2018 a los 17,4 GW en 2025.
Destaca en este aspecto la integración de estas instalaciones con la actividad agraria, siendo una de sus principales propuestas la agrivoltaica, una tecnología que combina producción fotovoltaica y uso agrícola del suelo en una misma parcela.
En un territorio donde la presión sobre el suelo productivo es uno de los conflictos más vivos del despliegue renovable, la propuesta intenta compatibilizar la defensa del mundo rural sin renunciar a los paneles solares.
La mayor parte del programa energético del PP contiene medidas de impulso a las renovables, con espacio para gases renovables como el hidrógeno verde y el biogás, el almacenamiento y el autoconsumo.
No obstante, también ha dejado un hueco para la energía nuclear. El partido se compromete a seguir impulsando el IFMIF-DONES en Granada y el Tokamak SMART en Sevilla, dos instalaciones de investigación de la nueva física del átomo, si bien no entra en la controversia por la posible extensión de la vida útil de las centrales existentes en España.
El PSOE de María Jesús Montero también contiene en su programa una defensa de las energías renovables como parte de su estrategia energética, si bien destaca el enfoque crítico con el que aborda esta cuestión.
La crisis energética por Irán y Ormuz entran en las elecciones de Andalucía
Su texto habla explícitamente de «desarrollo desordenado de energías renovables, conflictos territoriales y ausencia de una estrategia equilibrada», así como falta de planificación en la transición ecológica andaluza.
Es por ello que propone promover planes de ordenación territorial supramunicipales que permitan planificar racionalmente las infraestructuras y plantas de energías renovables, «limitando su impacto en el suelo productivo, reduciendo afecciones sociales y protegiendo los espacios con valor ambiental».
Los socialistas también introducen en el debate político la actual crisis energética provocada por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
Así, el PSOE propone medidas de apoyo a familias vulnerables frente a la subida de la energía, complementando las medidas estatales con ayudas autonómicas focalizadas en hogares con menor renta y garantizando el acceso a suministros básicos.
Destacan también medidas de impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas, así como la movilización de fondos europeos para rehabilitación y eficiencia energética.
Minireactores nucleares, empresa pública de energía y macroproyectos
Desde Vox, tal y como defienden en otras comunidades autónomas, no sólo defienden la continuidad de la energía nuclear como fuente de producción eléctrica, sino que proponen el despliegue de los denominados SMR, conocidos como mini-reactores nucleares.
El programa del partido liderado por Manuel Gavira habla abiertamente de combatir el «fanatismo climático» y reivindica la energía nuclear como «renovable firme, limpia y de alta capacidad».
Su ‘hoja de ruta’ energética contiene también propuestas como eliminar el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), suprimir el impuesto sobre hidrocarburos y bajar el IVA de la factura eléctrica al 4%. Medidas que, en cualquier caso, sólo pueden llevarse a cabo a nivel estatal.
Vox, además, añade un plan reforzado de inspecciones eléctricas para combatir el fraude vinculado a cultivos ilegales que afectan a determinadas zonas de Andalucía.
En la coalición de izquierdas Adelante Andalucía llegan con un programa repleto de propuestas de inversión pública entre las que destaca la creación de una empresa pública de energía andaluza, tal y como plantean partidos homólogos en otras comunidades autónomas.
La formación que lidera José Ignacio García lleva en su programa propuestas como alcanzar el objetivo de reducción del consumo de energías fósiles del 65-80% para 2050, una «tarifa social efectiva» y eliminación de todas las subvenciones directas e indirectas a combustibles fósiles y energía nuclear.
Por otro lado, propone subvenciones para las renovables, la reducción consumo energético industrial y un programa de incentivación de instalaciones energéticas de autoconsumo, con un papel principal de la energía fotovoltaica, termosolar, minieólica y biomasa.
No obstante, habla de incluir «áreas de exclusión vinculante» que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala.
Respecto a la nuclear, Adelante Andalucía propone el cierre ordenado del Centro de gestión y almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad de El Cabril, situado en Córdoba.
Arguyen problemas de capacidad, ubicación en zona protegida de la Red Natura 2000, riesgo sísmico, incumplimientos normativos recurrentes, así como la solicitud de cierre en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Cabe destacar que, a principios de enero, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el plan de desmantelamiento y cierre gradual. El procedimiento está definido en el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno a finales de 2023.
Los 100.000 tejados solares
El otro partido en el espectro político de izquierdas, Por Andalucía, lleva en su programa propuestas como la creación de una Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática propia y un impulso a las renovables con el protagonismo del autoconsumo solar.
Así, la formación que lidera Antonio Maíllo promueve lo que denominan el «proyecto de los 100.000 tejados solares para 2030», facilitando y financiando la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
Sin embargo, hablan de implantar una planificación territorial vinculante basada en criterios técnicos y ambientales para la fotovoltaica para para garantizar la «soberanía energética» de Andalucía y proteger corredores ecológicos y áreas de especial sensibilidad.
Más críticos se muestran contra el biogás, para el que proponen una moratoria en la autorización de nuevas plantas mientras no exista un marco regulatorio andaluz específico.
Denuncian el riesgo de una burbuja en torno a este tipo de proyectos y advierten de que su expansión desordenada podría actuar como imán para la instalación de macrogranjas.
Asistir técnicamente a los ayuntamientos que se vean afectados por megaproyectos de energías renovables, en coordinación con el resto de administraciones, de manera que puedan establecer medidas para la necesaria planificación de estas instalaciones en sus municipios.
