Como siempre, alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay mucho ruido pero muy pocas nueces. Después de cinco años y medio, más de 2.000 días de bloqueo, el PSOE y el PP se enfrascaron ayer en el enésimo cruce de comunicados para ver quién tiene la culpa de que no haya reuniones de negociación. Pero al margen de la batalla del relato, que probablemente incluirá alguna nueva reunión de negociación con la mediación de la Unión Europea, en La Moncloa las decisiones parecen ya listas para pasar a la acción y no esperar mucho más al PP.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue este miércoles más claro que nunca y dio un ultimátum a Alberto Núñez Feijóo: si antes de final de junio no hay desbloqueo, el PSOE y sus socios tomarán su propio camino sin el PP, pero de momento no para alterar la mayorías y desbloquear la renovación, como pedía Yolanda Díaz, sino para cambiar la ley y quitarle definitivamente al CGPJ la atribución que más interés político tiene, la que explica que este órgano esté en el centro de una larguísima batalla de cinco años y medio en la que el PP no quiere renovar para no perder la mayoría conservadora que tiene ahora y que obedece a un Congreso de hace casi 11 años en el que el PP tenía mayoría absoluta: la posibilidad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo —los que juzgan los principales casos de corrupción política, el procés y las cuestiones más delicadas del país— y los presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Sánchez apostó abiertamente en TVE por la llamada vía Guilarte, porque la ha propuesto en un artículo en EL PAÍS en diciembre Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ y en su día nombrado a propuesta del PP, y por tanto nada sospechoso de cercanía con el Gobierno progresista. Este magistrado propone retirar al CGPJ las competencias más jugosas políticamente, esto es los nombramientos de jueces muy sensibles, porque cree que así la renovación será más fácil porque los partidos políticos perderán interés por el órgano.
Sánchez apuntó claramente en esta dirección, aunque ni el presidente en la entrevista ni el Gobierno posteriormente dieron muchos detalles de en qué consiste su propuesta, que todavía parece no tener una forma muy clara y se trata más bien de un anuncio político para meter presión al PP y sobre todo para demostrar que el presidente, una vez pasadas las europeas, está decidido a resolver este problema con o sin los populares. “Si el mes de junio el PP no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a este secuestro por parte del PP del gobierno de los jueces”, arrancó el presidente. Sánchez recordó que el CGPJ tiene más atribuciones que la mayoría de los órganos similares en otros países europeos, y que hay muchos donde los jueces clave no los elige el CGPJ, sino que ascienden por méritos o criterios objetivos. Así se evitaría, entiende el Gobierno, que los conservadores dominaran todos los puestos, al decidirse por méritos.
“Si analizamos el derecho comparado, hay una particularidad en España que crea un incentivo perverso para que el PP trate de conservar el poder del CGPJ, que es la facultad de poder nombrar los magistrados que van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Recuerde aquí el dicho, o aquella frase de ese diputado del Partido Popular o senador que dijo “Así nosotros podemos controlar por la por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Yo creo que este es un debate que tenemos que abrir. Viendo lo que pasa en otras partes de Europa, lo que sí que podríamos es revisar esa facultad y hacerla mucho más objetiva, mucho más transparente y evidentemente no politizada, como por desgracia ahora mismo está en manos del PP”, remató el presidente.
Esta solución, sin embargo, no impide el bloqueo de la renovación del CGPJ. El PP sigue condicionándola, y lo volvió a hacer este jueces, a que Sánchez acepte cambiar la ley para que 12 de los 20 vocales de este organismo sean elegidos directamente por los jueces. El PSOE rechaza esta idea porque cree que eso supondría que el CGPJ tendría de forma permanente una mayoría conservadora, ya que las asociaciones de los jueces, que serían quienes acabarían controlando esos nombramientos, según los socialistas, son mayoritariamente conservadoras. Por eso Sánchez propone ahora esta vía, que no debería suponer ningún reproche por parte de la Comisión Europea —que sí criticó el intento de cambio de las mayorías— porque no implica mayor control político sino menor. El CGPJ podría seguir bloqueado si el PP no lo quiere renovar, pero se resolvería el problema principal, que es el bloqueo de nombramientos que hay sobre todo en el Supremo, con 26 plazas por cubrir de jueces que se han jubilado, han fallecido o han cambiado de destino.
En cualquier caso la batalla política sigue, con un rifirrafe permanente que ahora ya tiene una fecha final aparentemente definitiva: el 30 de junio. Poco después de que terminara la entrevista, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que está convaleciente de una operación de apendicitis, envió un mensaje a Esteban González Pons, el negociador del PP, para proponerle retomar este mismo viernes la negociación. El PP primero se mostró muy molesto e incluso negó que existiera ese mensaje, pero luego González Pons reaccionó poniéndose en contacto con la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, “para informarle del intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación mantenida con el Partido Popular y con la supervisión del Gobierno comunitario para la mejora del modelo judicial de nuestro país”, según la versión de los populares. “Ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez, González Pons ha solicitado un encuentro a tres con carácter urgente. Quedamos a la espera de la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión”, remataban. El ministro de Justicia también se ha puesto en contacto esta misma tarde con la vicepresidenra europea para trasladarle su voluntad de celebrar una reunión con el PP para reanudar las negociaciones para desbloquear la renovación del CGPJ este proximo viernes en Madrid, en caso de que ella se pueda desplazar, o la próxima semana en Bruselas.
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Los socialistas reaccionaron con sorna. “Nos alegramos de que el PP vuelva a querer reunirse con el PSOE para renovar el CGPJ. Es una gran noticia. El PSOE lleva solicitando a la Comisión Europea y al PP que se celebre una nueva reunión desde que el PP canceló el encuentro propuesto por el comisario Reynders y acordado por los dos partidos para el 27 de marzo en Madrid. Nos hemos dirigido a la Comisión y al PP, solicitando que se celebre una nueva reunión los días 11 de abril, el 3 de mayo y el 22 de mayo. Además, ha habido otros intentos de reunión bilateral PSOE-PP, a iniciativa siempre del PSOE. Estamos encantados de que las palabras del presidente hayan servido para que el Partido Popular vuelva a la mesa de negociación para renovar el CGPJ”, señalaban en su nota. Todo indica pues que se buscará una nueva reunión de negociación con la mediación de la Comisión Europea, pero el tono del PP, que habla de “chantaje”, también hace pensar que las posibilidades de un acuerdo son muy remotas.
Si fracasa este último intento, Sánchez tiene todo listo para tirar adelante con la vía Guilarte y con otras posibilidades que manejan en La Moncloa y que el presidente no quiso concretar. Lo único que parece seguro es que después de cinco años y medios, y ya sin elecciones a la vista que puedan servir como nueva excusa al PP, este asunto está cerca de tener una solución, aunque sin duda será polémica, porque dos asociaciones de jueces ya se aprestaron a criticar al presidente por proponer esta salida que sin embargo es una iniciativa de un magistrado conservador y completamente ajeno al Gobierno como Guilarte.
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