El Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación sobre irregularidades en tres partidos políticos, Vox, Sortu y los comunes. Así se recoge en el último informe sobre fiscalización de partidos, correspondiente al año 2020. Fuentes del tribunal han informado de que el expediente más importante es el relativo a Vox, que habría incurrido en varios incumplimientos a los que puede corresponder sanción. Estos comportamientos consistirían en el hecho de haber recibido donaciones que no están identificadas, como exige la ley, así como la recepción de pagos en efectivo y de carácter finalista (aportaciones a un partido político con la voluntad expresa de destinarlas a una finalidad, algo prohibido por la ley).
En el caso de Vox, llueve sobre mojado, porque este tipo de conductas ya se detectaron en los informes de fiscalización de años precedentes. En concreto, en los correspondientes a 2018 y 2019 aparecieron movimientos similares en la financiación del partido de la ultraderecha. Vox ingresó en 2020 un total de 102.048,30 euros a través de cajeros automáticos. En paralelo, el tribunal ha vuelto a encontrar aportaciones finalistas en esta formación, y en el Partit Demòcrata Europeu Català. El primero recibió aportaciones finalistas por valor de 2.574 euros y el segundo, de 9.100 euros. Para el órgano fiscalizador, más que la cantidad concreta, la importancia de este comportamiento irregular reside en la reiteración y en que la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que los partidos no deben aceptar aportaciones finalistas, es decir, condicionadas a un determinado fin.
En cuanto a los ingresos por medio de cajeros automáticos, el informe de fiscalización de partidos políticos explica que “si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”. Si ello fuera así, Vox habría vulnerado la Ley de Partidos Políticos, cuyo artículo 5 establece la obligatoriedad de tener identificados a los posibles donantes. El tribunal investiga también las cuentas de Sortu y los comunes por falta de identificación de los autores de donaciones.
En el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2020 se subraya que “con respecto a los ingresos por actividades promocionales, un total de 102.048,30 euros corresponden a ingresos en efectivo sin identificar”. De ellos —se añade— 53 son a su vez “por importes superiores a 300 euros”, hasta un total de 29.491,81 euros, lo que supone un incumplimiento”. La duda del órgano fiscalizador es si “parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de producto”. La mención a los importes superiores a los 300 euros tiene una importancia derivada de las previsiones legales a este respecto. La ley de Financiación de Partidos Políticos prevé que los beneficios derivados de las actividades promocionales cuenten con “la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 300 euros”. Si el importe de cada ingreso es inferior a esta cifra, por tanto, no es obligatorio identificar al comprador de sus productos, como camisetas o gorras del partido.
El Tribunal de Cuentas ha notificado a Vox el hallazgo de estas irregularidades, y el partido de Abascal tendrá ahora la oportunidad de formular alegaciones, tras lo cual el órgano fiscalizador resolverá si hay o no motivo para imponer una sanción. En principio, esta tiene carácter administrativo, con una multa, pero si se considera que existe especial gravedad en el caso puede aplicarse el Código Penal, que prevé penas de seis meses a cuatro años. En concreto, el artículo 304 bis de dicho código establece que “será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos”.
En cuanto a las aportaciones en efectivo, Vox recibió 1.660 euros en concepto de cuotas, 440 por la confección de carnets de afiliados y otros 100 en concepto de donaciones. El informe de fiscalización subraya que este tipo de ingresos “resulta contrario a los requisitos establecidos en los artículos 5 y 8″ de la ley de financiación de partidos. Si el órgano fiscalizador concluye que el comportamiento de Vox es merecedor de sanción no será la primera vez que se la imponga.
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El señalamiento del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Vox coincide con denuncias anteriores que no solo han partido del órgano fiscalizador. La exdiputada y excandidata a la presidencia de la Junta de Andalucía Macarena Olona ya cuestionó la conducta del partido de ultraderecha cuando lo dejó. Y en fechas recientes ha sido Luis Pérez Alvise y su organización, Se Acabó la Fiesta, quienes han acusado a Vox de irregularidades y de pagar sobresueldos a sus altos cargos, junto al empleo de los medios del partido para financiar a la fundación Disenso, que preside el líder del partido, Santiago Abascal.
El informe sobre la financiación de los partidos políticos vuelve a insistir, por otra parte, en que las organizaciones políticas tienen una excesiva dependencia de las subvenciones públicas. Los partidos recibieron a lo largo de 2020 179 millones de euros procedentes de dichas subvenciones, ya fuera en virtud de sus resultados electorales, para sus grupos parlamentarios o para hacer frente a gastos de seguridad de la organización y sus dirigentes. Otros 66 millones fueron aportados desde el sector privado, mediante las cuotas o aportaciones de la propia militancia. Estas cifras significan que el 73% del dinero que reciben las formaciones políticas tiene carácter público. El Tribunal de Cuentas considera que esta situación debería “reequilibrarse”, y que el mantenimiento y labor de los partidos no dependiera tanto de las subvenciones.
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