La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha salido este miércoles en defensa de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, después de que esta condición haya sido puesta en duda por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un comunicado dicha asociación se refiere a “las imputaciones que arbitraria e intencionadamente” se dirigen al órgano de garantías, para pronosticar que “no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto a sus instituciones y del Estado de derecho que les ampara”.
La declaración de Jueces y Juezas para la Democracia afirma que la crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, “sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho”. Por ello —añade— “es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Constitucional es el garante leal de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
Este martes, el líder popular sostuvo en una entrevista en Onda Cero que su partido desconfía de la neutralidad del órgano de garantías, de mayoría progresista, si bien mantiene que, a pesar de ello, recurrirá la ley que perdona a los encausados del procés independentista catalán. El partido, por medio de un comunicado, lo argumentó de este modo: “El PP recurrirá la constitucionalidad de la ley de amnistía. No por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho órgano, sino por respeto a la propia institución”.
La asociación de la izquierda judicial subraya que “el Constitucional es piedra angular en la bóveda del Estado de derecho que nuestra Constitución define y sanciona”, recuerda que sus magistrados son independientes e inamovibles, y que el propio tribunal sólo está sujeto a la Constitución y a su propia Ley Orgánica, por lo que “no responde ante las presiones de nadie”. El comunicado expone asimismo que “nadie” puede “dirigir instrucciones” a dichos magistrados, que “no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional”.
También se refiere la declaración pública a que los miembros del Constitucional han sido designados conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello “con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias”. Su composición —prosigue el comunicado— responde a la decisión del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y “se ajustan al marco legal que la Constitución y las Cortes han previsto”.
Jueces y Juezas para la Democracia recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales es plenamente legítima, dado que la libertad de expresión y opinión “es básica en una democracia”. Añade que “eso es lo criticable, las sentencias, no el tribunal que las dicta, en cuya conformación intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que requiere el ordenamiento jurídico”.
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Hacer lo contrario —añade la asociación judicial progresista— “cuestiona nuestra organización institucional y las garantías que lo disciplinan”. Y afirma que una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, “además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho”
La conclusión de Jueces y Juezas para la Democracia es que “el interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos”, y subraya a renglón seguido que “deslegitimar el Tribunal Constitucional, criticar no sus resoluciones sino su composición, a la que todas las instituciones han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable”. La declaración pública añade finalmente que “defender las instituciones es garantizar nuestro Estado de Derecho, una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar, sean cuales sean sus opiniones sobre una determinada sentencia”, en obvia alusión a las resoluciones sobre las condenas impuestas en el caso de los ERE, que se han producido en paralelo a las críticas y descalificaciones dirigidas al tribunal.
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