La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este martes que sería “el colmo” que se admitiera a trámite la posible querella por injurias que estudian interponer contra ella familiares de ancianos muertos en residencias en 2020 tras escuchar cómo la líder conservadora defendía en febrero que los mayores “no se salvaba en ningún sitio”. La baronesa intentó defender así la práctica de limitar drásticamente la hospitalización de los mayores enfermos que residían en las 474 centros residenciales de la región. Un día antes de que este miércoles Marea de Residencias y la asociación Verdad y Justicia presenten una demanda civil de conciliación, que es un requisito obligatorio previo a una posible querella por injurias, Ayuso ha argumentado que cuando pronunció la frase de la polémica solo estaba leyendo una sentencia judicial.
“Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón”, ha dicho Ayuso durante una intervención en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. “Sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día”, ha opinado. “Así que creo que los estrategas del hay que retorcer el dolor de las víctimas para hacer política se lo deberían hacer mirar porque creo que les va francamente mal por ese camino tan inhumano”.
La apuesta por explotar políticamente las muertes en las residencias fue atribuida en 2020 por Okdiario a José Manuel Franco, entonces líder regional del PSOE y delegado del Gobierno nacional en Madrid. Su evocación ha pasado desde entonces a engrosar el argumentario con el que Ayuso y el PP intentan explicar la polémica que rodea a la tragedia vivida en los centros durante la pandemia como una mera táctica política de la oposición. Un planteamiento que ha calado tanto en las filas conservadoras como para que el paso del tiempo haya hecho que alguno de sus portavoces afronten el drama cada vez con más audacia.
“Las novedades que han existido son 26 sentencias [sic] que han exonerado de responsabilidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, dijo el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, la pasada semana, durante un desayuno informativo que protagonizó con el bagaje de haber sido vicepresidente del gobierno de Ayuso. “Veintiséis veces los tribunales han dicho que el gobierno actuó como se debía, o como se podía. Lo pasamos fatal”, añadió el antiguo portavoz gubernamental, que en 2022 protagonizó otra polémica por decir que las familias de los residentes ya habían superado sus muertes. “Desgraciadamente, murió gente aquí, como murió en todo el mundo”, siguió. Y remató: “Hay una diputada del PSOE que lleva una camiseta que pone 3.421 vidas, o un número parecido. Cada día que la lleva, que lo ha llevado dos a los plenos, ha habido sentencia diciendo que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna responsabilidad, así que yo le animo a seguir poniéndose la camiseta”.
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Pero el número de fallecidos no es ese, ni tampoco es parecido, ni se le acerca. “Ni la cifra sabe: es de una falta de respeto hacia las familias de tantas personas que murieron que espeluzna”, lamenta Lorena Morales, la diputada socialista que ha venido acudiendo a los plenos de la Asamblea con una camiseta negra en la que se lee bien claro la cifra de 7.291 muertos. “Me pienso seguir poniendo la camiseta hasta que se haga justicia, hasta que depuren responsabilidades y pidan perdón”, añade. E insiste: “Es una cifra que tiene dentro 7.291 vidas rotas y las de sus familias. Para que la que no ha habido ni pésame ni perdón por su parte. Ni la cifra sabe. Es de una falta de humanidad total.”.
El dato de 7.291 muertos en las residencias que ilustra la camiseta de la diputada socialista Lorena Morales procede del diario InfoLibre, que analizó las muertes por cualquier causa dentro de residencias madrileñas en los meses de marzo y abril de 2020. Fue en esos meses cuando los protocolos de triaje diseñados para evitar el colapso de los hospitales a través de dificultar los traslados de los mayores (cuya activación el gobierno niega, contra toda evidencia) hicieron mayores estragos.
Este medio publicó datos de derivaciones a hospitales de la Consejería de Sanidad que muestran que las exclusiones fueron más intensas entre el 9 de marzo y el 5 de abril y, con especial intensidad, entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.
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