El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, aseguró el jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez está âabiertoâ a indultar a los encausados del procés independentista si alguno de ellos queda fuera de la amnistÃa. Este viernes ha sido el ministro de Transportes, Ãscar Puente, el encargado de avalar esta afirmación, señalando que la idea âno es ningún disparateâ. Puente ha defendido además la ley de amnistÃa como fórmula para âahorrar trabajo a la justiciaâ, teniendo en cuenta, ha dicho, que incluso el PP admite ahora la posibilidad de un indulto condicionado. âUna ley de amnistÃa evitarÃa todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Si lo que vamos a hacer es someter a las personas a un procedimiento judicial para acabar indultándolas… Pues ahorrémonos ese esfuerzo, y ahorrémosle a la justicia también ese esfuerzoâ, ha dicho.
El indulto y la amnistÃa son medidas distintas: el indulto, que el Gobierno sólo puede conceder a alguien que haya sido juzgado y sentenciado, evita cumplir la pena impuesta, pero no borra el delito cometido. La amnistÃa, sin embargo, es un borrón y cuenta nueva: permite al acusado no tener que pasar ni siquiera por un juicio, e implica asumir que el delito no se cometió.
âNo creo que sea ningún disparate lo que dice Campuzanoâ, ha aseverado Puente en el acto de inauguración de un tramo de la autovÃa B-40 en Olesa de Montserrat (Barcelona). Y ha añadido: âLo que nosotros queremos es reconducir a la polÃtica lo que sucedió en Cataluña hace siete años, sacar esta situación de los tribunales de justicia, que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechosâ. Puente sostiene que âacabar de una vez por todas con lo que supuso aquel conflicto serÃa buenÃsimo para el conjunto de España y para Cataluña tambiénâ.
La ley de amnistÃa cuenta con el apoyo de la mayorÃa del Congreso âPSOE, ERC, Sumar, Podemos, PNV, Bildu y el BNG la respaldanâ, pero estos dÃas socialistas y Junts mantienen intensas negociaciones para acabar de perfilar la redacción y lograr que el partido de Carles Puigdemont se sume al sÃ. Junts reclama que la futura norma garantice que Puigdemont (que permanece en Bélgica desde 2017 para evitar ser juzgado) y otros implicados no sean obligados a entrar en prisión preventiva el tiempo que transcurra entre la aprobación de la amnistÃa y su aplicación efectiva por parte de los jueces.
Ante estas negociaciones, el ministro Puente se ha dirigido a Junts y ha pedido que âimpere la responsabilidad y el sentido comúnâ, con el objetivo de âavanzar para poner fin a ese episodioâ, en referencia al procés. El objetivo del Gobierno es aprobar la ley lo antes posible. La primera oportunidad es ya la próxima semana en comisión.
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