Vox cambia de estrategia: en vez de amenazar la dirección nacional del PP, que encabeza Alberto Núñez Feijóo, con la ruptura de sus pactos en comunidades autónomas y ayuntamientos si acepta el reparto obligatorio por la Península de menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias, traslada la presión a sus socios en los gobiernos regionales que comparte con los populares.
En la clausura de la asamblea ordinaria de su partido celebrada este viernes en Madrid, Santiago Abascal ha proclamado con toda solemnidad que, si los ejecutivos autonómicos de los que forma parte Vox (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón) “no ponen todo lo que esté en su mano, repito, todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos nuestro compromiso con nuestros votantes, nosotros cumpliremos con nuestra palabra”.
Abascal no ha llegado a decir que en ese caso sus consejeros dimitirían y saldrían de los ejecutivos regionales de los que forman parte en minoría, pero es lo que se deduce de sus palabras ya que, según ha asegurado, oponerse al reparto de menores inmigrantes no acompañados forma parte de los acuerdos de gobierno suscritos con los populares en esas comunidades. “Nosotros estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los compromisos suscritos en las regiones, porque nosotros tenemos palabra, pero le pedimos al PP lealtad con esos pactos”, ha enfatizado.
El Gobierno y el Ejecutivo canario, del que forma parte el PP, han pactado una reforma de la ley de Extranjería para introducir una disposición en virtud de la cual, cuando una autonomía supere en un 150% su capacidad de acogida de menores, se active un mecanismo de reparto obligatorio entre las demás comunidades en función de una serie de parámetros como renta, desempleo, número de menores ya acogidos, etc. Se trataría así de hacer frente a situaciones de emergencia como las vividas en Canarias, Ceuta o Melilla ante la llegada masiva de menores solos.
Dirigentes de Vox habían amagado con romper los gobiernos de coalición con el PP si este apoyaba la reforma de la Ley de Extranjería, pero esta amenaza obligaba a Abascal a tomar un decisión drástica en el momento en el que el Grupo Popular anunciara cuál será su voto en el Congreso, algo que todavía no ha hecho. Con el cambio de escenario, la amenaza se diluye, y la presión se traslada a los líderes regionales del PP, ya que Vox decidirá el futuro de sus pactos con los populares en las autonomías donde gobiernan juntos en función de cuál sea la actitud de sus compañeros de coalición en cada caso, no en base a lo que haga la cúpula nacional que dirige Feijóo. No se sabe, sin embargo, qué regla aplicará Abascal para medir la actitud de los barones del PP, ya que no ha dicho qué significa que cada uno ponga “todo lo que esté en su mano” para oponerse al reparto de menores no acompañados. Vox ya amenazó con romper su pacto con los populares en Aragón cuando el presidente regional, Jorge Azcón, del PP, aceptó un anterior reparto, pero finalmente no cumplió su amenaza.
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Del propio discurso de Abascal se deduce que este tiene muy poco interés en romper “los gobiernos del cambio”, como los ha llamado. El líder de Vox ha presumido de que su partido cogobierna con los populares en cinco comunidades autónomas y un centenar de ayuntamientos y ha asegurado que estos ejecutivos de coalición, de los que ha puesto en valor sus logros, “están siendo amenazados por quienes quizá nunca quisieron que existieran”, en alusión a un sector de la cúpula del PP. También ha acusado a Núñez Feijóo de “repartirse los jueces” con el PSOE; de “legitimar el golpe de Pedro Sánchez” que sigue en marcha, al pactar con el Gobierno; o de apoyar la legalización de medio millón de inmigrantes irregulares. Atacar a la dirección nacional del PP y salvar a sus barones regionales, al menos a los que pactan con Vox, se ha convertido en un eje de su estrategia en los últimos meses.
Cuentas aprobadas con el 91,47%
La asamblea ordinaria de Vox ha servido para aprobar las cuestas del partido ultra correspondientes al año pasado, con el 91,47% de los votos a favor y 8,53% en contra, según se ha anunciado. Sin embargo, el partido no ha especificado cuántos de sus afiliados han ejercicio el derecho al voto: según esas mismas cuentas, a finales del año pasado tenía 66.949 afiliados, pero solo 35.901 (53,6%) está al corriente de pago. Los estatutos de Vox establecen que todos sus afiliados tienen derecho a asistir a sus asambleas, en vez de hacer a través de delegados como la mayoría de las fuerzas políticas. En la práctica, solo han acudido a la asamblea, celebrada en su sede central, algunos cargos públicos y orgánicos de la formación. Los demás afiliados debían conformarse con seguirla a través de Internet. Sin embargo, el hecho de que el acto se convocara un día laborable por la mañana hacía muy difícil que quienes trabajan pudieran seguirlo.
Abascal ha ensalzado la fortaleza de su partido, al que ha calificado de “imbatible” y ha cargado contra las informaciones que se han publicado sobre las cuentas de su partido, quejándose de que la contabilidad de otras fuerzas políticas no sea objeto de tanta atención por parte de la prensa. En concreto, ha tachado de “falsaria” la noticia de EL PAÍS de que la dirección de Vox se ha aumentado un 25% su retribución y ha asegurado que los salarios de sus dirigentes están congelados. Sin embargo, la partida destinada a retribuir a los miembros de la dirección nacional del partido ultra ha pasado de 517.052 euros en 2022 a 646.522,19 en 2023, lo que supone un incremento de 129.470 euros, equivalente al 25%. Vox no ha explicado cómo se reparte este dinero entre los 12 miembros de la cúpula directiva del partido, de los que nueve perciben un salario público como parlamentarios nacionales, autonómicos o europeos.
El patrimonio neto del partido se ha reducido de 9,6 millones de euros a finales de 2022 a 6,8 a finales de 2023, mientras que el saldo de tesorería se ha recortado de 7.2 millones a 2,5, pero Vox lo atribuye a que tiene seis millones pendientes de cobro de gastos electorales por parte de la Administración que, según Abascal, “incumple su obligación de devolver a los partidos el dinero empleado en las campañas electorales con una clara intención de perjudicar a algunos grupos políticos”.
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