El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, lanzó duras críticas la noche de este lunes al proyecto de ley sobre la Libertad de Expresión sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, el cual tiene por objetivo actualizar la Ley 61-32, la cual data de 1962.
De acuerdo al político, la pieza contiene artículos «que aparentan proteger derechos, pero que en la práctica consolidan un modelo de control disfrazado».
A través de un mensaje colgado en su cuenta de X, planteó que el proyecto que envió al Congreso el presidente de la República, Luis Abinader, «crea un organismo regulador dependiente del Ejecutivo, capaz de sancionar, multar y suspender medios sin necesidad de un juez».
Afirmó que ese organismo haría todo eso, «mientras se reserva el derecho de intervenir en contenidos, redes sociales, plataformas y espectáculos».
El propuesta sometida por el mandatario incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, financiera y administrativa. También, patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley.
«Tiene reflejos de autoritarismo»
«Es una legislación que nace con el rostro de la democracia, pero con los reflejos del autoritarismo«, acotó Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados y exalcalde de Santiago.
El político también dijo sobre el proyecto, de nombre «Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales», que ya ha sido calificado como una «ley mordaza«.
El proyecto, que busca actualizar la legislación vigente (Ley 61-32), fue depositado vía Senado en el Congreso el viernes dos de mayo de este 2025.
Sobre la propuesta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, indicó hace unos días que se trataba de una iniciativa en la que participaron diversos actores de la sociedad civil, medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático.
Finjus la apoya
Este lunes la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) emitió su respaldo al proyecto depositado por el Ejecutivo. Su alegato es «un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna» que fortalece la democracia y el Estado de derecho en la República Dominicana».
«La libertad de expresión es un derecho en constante evolución y clave para la gestión transparente de los asuntos públicos. Este proyecto da un paso firme en la dirección correcta», indicó Servio Tulio Castaños Guzmán en una nota de prensa.
