Con excepción de esporádicas desobediencias a la “línea oficial”, el Gobierno ha tenido una actitud responsable ante las reiteradas y camufladas pretensiones de que se acoja y otorgue estatus de refugiados a los haitianos.
Sin embargo, no deja de ser peligroso el divorcio de criterios exhibido por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía sobre “inaugurar”, en Punta Cana-Verón, una oficina de la Organización Internacional las Migraciones (OIM) supuestamente para atender a extranjeros vulnerables, que para Cancillería era un simple relanzamiento de algo que opera allí desde diciembre, pero cuya suspensión Interior y Policía promueve como un logro suyo luego de solicitarlo por escrito a la OIM.
No es buscar la quinta pata al gato destacar que Cancillería e Interior y Policía no hablaron en el mismo idioma, porque no es la primera vez que hay comportamientos dispares en el Gobierno con el tema migratorio y de los refugiados. Cabe recordar lo sucedido con el proyecto de ley de Trata de Personas, que el Ejecutivo debió retirar tras enviarlo al Congreso porque “alguien” metió de contrabando lo migratorio y los refugiados en esa pieza.
En ocasiones parece haber una quinta columna en el Gobierno que contraviene y morigera el manejo de la crisis haitiana y la inmigración, lo que no ha pasado de ser marginal porque la “línea oficial” ha estado clara. Baste recordar el ejemplo de la Cumbre de Las Américas en junio de 2022 en Los Ángeles, donde República Dominicana, entre sonrisas y abrazos con Joe Biden, se negó a firmar la declaración final sobre refugiados porque significaría otorgar ese estatus a los migrantes haitianos, con una vaga promesa de financiamiento y asistencia internacionales.
Lo mismo sucede ahora con la propuesta de la ACNUR de no deportar y aceptar como refugiados a los haitianos que huyen de su país, a lo que Abinader respondió categóricamente: continuarán las deportaciones de haitianos y no se permitirá un campo de refugiados.
La ONU, ACNUR, OIM, sus epígonos dominicanos y con ellos el palabrerío de la “comunidad Internacional”, se han encontrado con un presidente, y tras él toda una nación, firmes en defensa de la soberanía y solidarios, pero con fiel apego a los tratados suscritos y a los dictados de los mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de los migrantes.
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