El Ministerio de Transportes ya ha tiene las primeras conclusiones del rastreo que está haciendo sobre la lista que el empresario Vítor Aldama presentó la semana pasada ante el Tribunal Supremo donde acusaba al menos 10 constructoras consiguieron licitaciones de ADIF y de la Dirección General de Carreteras a cambio de mordidas, dadas a dedo, por José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes y número tres del PSOE entre 2020 y 2021. Aldama adjuntó en un escrito de alegaciones de 37 páginas unas hojas de los presupuestos con las 96 obras subrayadas que presuntamente fueron ilegales. El ministerio de dirigido por Óscar Puente, una semana después de la entrega del empresario al alto tribunal, ha finalizado un primer informe que analiza solo las 17 supuestas preadjudicaciones que hacen referencia a ADIF y a Adif-Alta Velocidad. Los resultados del análisis, adelantado este viernes por elDiario.es y al que ha tenido acceso este periódico, descartan cualquier irregularidad en las licitaciones con las 10 constructoras que Aldama acusaba conseguir ilícitamente contratos de obras públicas a través de pagos de comisiones a la trama Koldo. De hecho, en tres de las 17 obras el documento señala que “no se ha iniciado ni finalizado expediente de contratación alguno durante el periodo temporal investigado”.
El informe, de 29 páginas, ha seleccionado los detalles de las 17 obras subrayadas en verde que aparecen unas fotocopias del listado de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que Aldama señalaba como obras preadjudicadas de infraestructuras ferroviarias. Sobre esa primera recopilación, el documento destaca que los elementos subrayados por el empresario tienen una “extraordinaria generalidad de elementos”, ya que “la documentación tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que, en la mayoría de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros, servicios auxiliares”.
Tras un primer análisis de toda esa documentación, el informe hace una criba para extraer solo los expedientes de contratación de obras de licitados entre junio de 2018 y julio de 2021 y “dentro de marco de la ‘documentación’ entregada al Tribunal Supremo”. En total, esa selección de 17 obras de los presupuestos se desgrana a su vez en 373 contratos (220 corresponden a ADIF y otros 153 a Adif-Alta Velocidad).
De todos los contratos de ADIF solo seis “encajan dentro de los criterios de selección y se descartaron al ser pedidos contra acuerdo marco de uno de los contratos de mantenimiento, y cuya tramitación se realizó fuera del periodo temporal investigado”. El resto son licitaciones de las que no son adjudicatarias ninguna de las empresas que Aldama menciona en sus alegaciones: Grupo Azvi, Levantina, Ingeniería y Construcción S. L., Erikapat Consultoría Internacional S. L., ASCH, Civis Global, Sortis Telecomunicaciones, S. L., Lantania S.A.U., Ortiz, Construcciones y Proyectos S. A., Obras Públicas y Regadíos S. A. (OPR) y Áridos Anfersa S. L.
De los 153 contratos restantes de Adif-Alta Velocidad solo se han detectado siete expedientes de contratación, de los que los técnicos han “estudiado de manera pormenorizada el devenir de los mismos” y no han encontrado “ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes de contratación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular”. El informe enumera la revisión de estos casos. En primero, relativo a un tramo entre Madrid y Galicia de alta velocidad, la obra fue adjudicada y ejecutada por la UTE entre CIVIS Global y Taboada y Ramos, que “obtuvo la mejor valoración técnica” “con una ventaja no significativa frente a la segunda mejor valorada”. Es más, en este contrato “se realizó un modificado de 70.863,46 euros por debajo del importe de adjudicación”, es decir, que ese monto fue devuelto a Adif-AV.
En las obras para el montaje de vía en el corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad en el tramo entre Olmedo-Lubián-Ourense (otra de las presuntas licitaciones irregulares) la empresa incumplió el contrato y tuvo que pagar un monto por daños y perjuicios de más de 961.000 euros. “Todo lo anteriormente expuesto indica la ausencia de trato de favor o arbitrariedad alguna”, señala el documento tras el análisis de este caso. A este le siguen otros cinco con resoluciones similares o que demuestran que la tramitación de la licitación estaba reglada. De manera adicional, los especialistas ampliaron el análisis a dos contratos más con la empresa Áridos Anfersa S. A., que Aldama acusa en sus alegaciones de haber contratado “a un familiar directo de don Koldo para la empresa”. En ambos, los técnicos descartan “de manera fehaciente la existencia de trato de favor o arbitrariedad alguna”.
El informe del ministro Puente sobre las 79 obras restantes, referentes a la Dirección General de Carreteras, aún no está finalizado. Por el número de contratos, se estima que sea más extenso que el de Adif. De cualquier forma, el ministro adelantó este miércoles durante un pleno en el Congreso de los Diputados algunos datos sobre el contenido de este segundo documento: 37 obras en carreteras que Aldama señala como posible fuente de corrupciones y mordidas hay 18 que ni siquiera han sido licitadas a día de hoy y solo seis corresponden a la etapa en ese Ministerio de Ábalos, cuatro son de los tiempos de los gobiernos del PP y una incluso de la época en la que dirigía ese departamento la política del PP Ana Pastor, ahora retirada de la política. Tras el cierre del segundo documento, el Ministerio de Transporte entregará ambos al Tribunal Supremo.
