El empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama está dispuesto a verse las caras con Pedro Sánchez en los tribunales pero, pese a las amenazas iniciales del presidente del Gobierno, todo apunta a que esto no va a ocurrir. O al menos … no de momento.
Hace casi un mes que se celebró, sin acuerdo, el acto de conciliación previo –y obligatorio– a la interposición de querella por injurias y/o calumnias y ni Aldama ni su representante legal han vuelto a tener noticias de la parte contraria, según fuentes directas consultadas por ABC. Aún tienen plazo, pero en un caso como éste, con el texto de la denuncia ya redactado para la preceptiva solicitud del paso previo de la conciliación, lo normal sería que la querella ya estuviera puesta, pues las supuestas calumnias datan de hace ya casi seis meses.
La amenaza no viene sólo del presidente del Gobierno, sino también de su esposa, Begoña Gómez; de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de su director de Gabinete, Carlos Moreno; del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y del propio Partido Socialista como persona jurídica.
Todos ellos se sintieron injuriados y/o calumniados por la declaración voluntaria que Víctor de Aldama prestó en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre del año pasado ante el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, en la que se autoinculpó y señaló a terceros.
El intermediario del negocio de las mascarillas con el Ministerio de Transportes declaró durante dos horas y hubo varias partes que molestaron especialmente a los aludidos. La primera de ellas, según el escrito previo a la interposición de querella, fue la versión que Aldama dio el acto en el que se sacó una fotografía con Pedro Sánchez, al que dijo que acudió porque «me hacen el señor Ábalos y Koldo ir porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo».
La visita de Delcy Rodríguez
También manifestaciones sobre el viaje de la venezolana Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, en la que citó a Fernando Grande-Marlaska, aunque el ministro del Interior no figura entre los hipotéticos querellantes. Habló Aldama de una cena prevista con Delcy Rodríguez a la que acudirían los citados Salvador Illa y María Jesús Montero, entre otros, y que se frustró por la prohibición que tenía la política venezolana de pisar suelo comunitario. De Begoña Gómez habló por su relación con Javier Hidalgo, propietario de Air Europa, y de Ángel Víctor dijo al juez que, según le habría manifestado Koldo García, le había pedido una ‘mordida’ de 50.000 euros pero «yo le digo que no voy a pagar más». También citó el comisionista supuestos pagos al jefe de Gabinete de la ministra Montero y a Santos Cerdán, en este caso 15.000 euros.
La representación legal de Pedro Sánchez y de sus adláteres aseveró que «las anteriores manifestaciones son rotundamente falsas y atentan gravemente contra el honor de mis mandantes», por lo que exigían a Aldama que se retractara de lo dicho al juez «comprometiéndose a cesar de forma inmediata toda actividad tendente a dañar el prestigio, la imagen y el honor» del presidente, su esposa y el resto de socialistas citados. Todos ellos califican el contenido de la declaración judicial como «absolutamente falsa, difamatoria, injuriosa y calumniosa» y aseveran que se habría realizado con el ánimo de afectar al honor de los señalados a título personal y también «al Gobierno en su conjunto y al propio Partido Socialista».
«No a la impunidad»
El escrito en el que solicitaban el paso previo de la conciliación no ahorraba epítetos, pues se refería al contenido de la comparecencia judicial del comisionista como «declaraciones absolutamente premeditadas, torticeras y de una absoluta gravedad» e insinuaba que podrían haber sido realizadas «a cambio de precio, recompensa o promesa».
Pese a haber sido manifestadas delante de un juez y por parte de una persona que tiene la condición de investigado y que se auntoinculpa, considera esta parte que «no pueden ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa» ni «pueden quedar amparadas en la impunidad por pronunciarse dentro de un procedimiento en curso».
El pasado 23 de abril tuvo lugar el acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia 86 de Madrid, donde el procurador que representaba a Víctor de Aldama rechazó las exigencias de los demandantes. A partir de ahí el presidente del Gobierno y los suyos ya tenían vía libre para querellarse por injurias y calumnias, lo que, de momento, no ha ocurrido. Los abogados del presidente dijeron que se presentaría «cuando sea oportuno». Este diario se puso en contacto este viernes con el despacho que lleva el asunto, para tratar de aclarar qué van a hacer, pero no obtuvo respuesta.
Si finalmente se querellaran y se abriera una causa penal, la defensa de Aldama solicitará, según las fuentes consultadas, que se cite a declarar a Pedro Sánchez y a otros querellantes, como es habitual en este tipo de procesos, para tratar de desmontar la acusación de injuria y calumnia.
Por otra parte, el magistrado del Tribunal Supremo que asumió la causa con la imputación del aforado José Luis Ábalos cerró esta al PSOE en lo referente a la declaración que prestó Aldama en el Alto Tribunal el pasado diciembre, en la que aseveró que Koldo García le había dicho que parte del dinero que entregaba «era para el partido».
Lepoldo Puente declinó otorgar la licencia al PSOE para querellarse contra el comisionista argumentando que era demasiado pronto para saber sis sus imputaciones eran ciertas o no y que no se podían simultanear dos investigaciones. Una vez concluida –o al menos avanzada– la investigación del Supremo en esta causa de corrupción, los socialista podrían tratar de perseguir a Víctor de Aldama por lo dicho ante el magistrado Puente.
