La investigación del caso Azud -sobre las adjudicaciones y contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento de Valencia entre 1999 y 2013 y el presunto pago de comisiones ilegales a cargos públicos tanto del PP como del PSOE- ha desvelado este miércoles una operativa hasta ahora desconocida a través de la que Alfonso Grau, hombre fuerte y número dos de la alcaldesa Rita Barberá, cobró un millón de euros del principal empresario investigado, Jaime María Febrer. Alfonso Grau está imputado por la posible comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y blanqueo.
Según desvela el sumario, del que se acaba de levantar una parte que estaba todavía secreta, Alfonso Grau tiene una hija que vive en Estados Unidos, concretamente en Milwaukee, donde tenía abierta una cuenta en el banco JP Morgan. “Dicha cuenta fue la utilizada por el empresario investigado Jaime María Febrer para pagar a Alfonso Grau Alonso la comisión que, por importe de 1.000.000 de euros, pactaron ambos para que Alfonso Grau propiciará la operación urbanística”, señala la investigación que sostiene que la mordida se pactó el 21 de Noviembre de 2006 y, para hacerla efectiva, fue el propio Alonso el que facilitó a Febrer la forma de pago “entregándole los datos de la cuenta bancaria titulada por su hija y yerno en la localidad de Wisconsin”, según figura en el sumario.
Además de esta, las pesquisas realizadas, han desvelado que la hija de Grau, junto a su esposo, tenía otra cuenta abierta en Valencia en la que, entre los años 2006 y 2014, “Alfonso Grau Alonso procedió a realizar ingresos en efectivo en la misma (procedente de las comisiones ilícitas cobradas), por importes inferiores a 3.000 euros para poder escapar de los controles financieros y administrativos, dinero que se incorporaba inmediatamente al peculio de María Ángeles Grau, pudiendo distraer así un montante de 69.500 euros”.
Al margen del millón de euros detectado en la comisión rogatoria a Estados Unidos, la investigación de la Unidad Central Operativa, UCO, ha realizado un estudio económico sobre Alfonso Grau, sus hijas y las parejas de estos, en el que han identificado la “existencia de un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en, al menos 728.051,75 euros”, tal como indican. La llegada de este dinero a manos de los supuestos receptores de las mordidas se ha realizado “a través de diferentes vías y procedimientos, con la intención de ocultar su origen, bien a través de ingresos, en efectivo en cantidades que escapan al control financiero, bien a través de compras de inmuebles”, según han detectado.
Del estudio de todos los movimientos de las cuentas de todo tipo, declaraciones de renta, transferencias o abonos, en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014, Alfonso Grau Alonso realizó imposiciones en efectivo por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo.
El exvicealcalde fue condenado en 2019 por la Audiencia de Valencia a cuatro años de cárcel por aceptar dos relojes de lujo, valorados en 25.000 euros, que le regaló un empresario adjudicatorio de varios contratos municipales. Este mismo año, la Audiencia Provincial de Valencia le condenó a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de los delitos continuados de malversación y cohecho pasivo cometidos con motivo de la financiación de la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007.
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